Maricarmen Pardo Martinez

Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
690/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Maricarmen Pardo Martinez
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Veracruz, En Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal al haberse tenido por no interpuesta la demanda, por lo que carece de relevancia documental, se establece como fecha probable el dos de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 02 DE MAYO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal al haberse tenido por no interpuesta la demanda, por lo que carece de relevancia documental, se establece como fecha probable el dos de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Maricarmen Pardo Martínez, promovente de la demanda de amparo a que se contrae este asunto con ocho copias; en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención efectuada en autos, informando bajo protesta de decir verdad, que la presente demanda de amparo la promueve únicamente por su propio derecho, toda vez que la multa fue únicamente impuesta a la signante; asimismo, adjunta ocho copias de su escrito aclaratorio. DESECHAMIENTO En el caso se considera actualizada, de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser necesario que el promovente agote el principio de definitividad previamente a intentar este juicio, mediante la interposición del recurso ordinario de revocación. El numeral invocado establece. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares; restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precepto legal que prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal de la parte quejosa de agotarlo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado principio tiene su origen en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Así, el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, prevé el recurso de revocación el cual sólo procede respecto de autos que no fueren apelables, así como los decretos. En tanto, de la lectura integral de la demanda, así como del escrito de cuenta, consta que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: Juez Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente judicial 1997/2013, promovido por Arturo Méndez Urías, mediante el cual el juzgador hizo efectivo el apercibimiento de multa, la cual le fue impuesta por un supuesto incumplimiento de inasistencia de la menor a la convivencia virtual señalada en ese asunto. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye que es necesario que la accionante de amparo agote el recurso de revocación en contra del auto reclamado, emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte, por el cual el Juez responsable le impuso multa. Acorde con el numeral 419 referido, el recurso de revocación tiene como presupuesto básico que quien lo pretende interponer lo puede hacer en contra de los autos que no fueren apelables, así como de los decretos. Por ello, el proveído que se reclama encuadra dentro de la hipótesis que prevé ese artículo, toda vez que no procede el recurso de apelación, ya que de conformidad con el artículo 431 del código adjetivo civil, éste solo procede contra autos e interlocutorias respecto de los cuales la ley expresamente así lo disponga. En ese sentido, es incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada, puesto que el promovente, previamente a promover este juicio constitucional, omitió interponer el medio de impugnación ordinario que la ley que rige el acto establece, de tal forma que inobservó el principio de definitividad. Cabe señalar que el suscrito juzgador no advierte alguna de las causas de excepción a tal principio, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; quien promueve amparo no se trate de persona extraña al procedimiento, sino que es parte formal (demandada); no se reclama un auto de vinculación a proceso; ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, con los datos siguientes: Registro digital: 353462 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materia(s): Civil, Común Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIX, página 1073 Tipo: Aislada APREMIO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE MANDA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS. La resolución por la cual se manda hacer efectiva una multa impuesta como apremio, en un juicio ejecutivo mercantil, admite el recurso de revocación, de conformidad con los artículos 1334 del Código de Comercio y 684 del de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que previenen que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio; por tanto, si antes de acudir al amparo, no se agotó el recurso antes indicado, el caso queda comprendido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo que previene la fracción III de artículo 74 de la propia ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE ABRIL DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Maricarmen Pardo Martínez, promovente de la demanda de amparo a que se contrae este asunto con ocho copias; en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención efectuada en autos, informando bajo protesta de decir verdad, que la presente demanda de amparo la promueve únicamente por su propio derecho, toda vez que la multa fue únicamente impuesta a la signante; asimismo, adjunta ocho copias de su escrito aclaratorio. DESECHAMIENTO En el caso se considera actualizada, de manera manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser necesario que el promovente agote el principio de definitividad previamente a intentar este juicio, mediante la interposición del recurso ordinario de revocación. El numeral invocado establece. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares; restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precepto legal que prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal de la parte quejosa de agotarlo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado principio tiene su origen en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Así, el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, prevé el recurso de revocación el cual sólo procede respecto de autos que no fueren apelables, así como los decretos. En tanto, de la lectura integral de la demanda, así como del escrito de cuenta, consta que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: Juez Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente judicial 1997/2013, promovido por Arturo Méndez Urías, mediante el cual el juzgador hizo efectivo el apercibimiento de multa, la cual le fue impuesta por un supuesto incumplimiento de inasistencia de la menor a la convivencia virtual señalada en ese asunto. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye que es necesario que la accionante de amparo agote el recurso de revocación en contra del auto reclamado, emitido el veintidós de octubre de dos mil veinte, por el cual el Juez responsable le impuso multa. Acorde con el numeral 419 referido, el recurso de revocación tiene como presupuesto básico que quien lo pretende interponer lo puede hacer en contra de los autos que no fueren apelables, así como de los decretos. Por ello, el proveído que se reclama encuadra dentro de la hipótesis que prevé ese artículo, toda vez que no procede el recurso de apelación, ya que de conformidad con el artículo 431 del código adjetivo civil, éste solo procede contra autos e interlocutorias respecto de los cuales la ley expresamente así lo disponga. En ese sentido, es incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada, puesto que el promovente, previamente a promover este juicio constitucional, omitió interponer el medio de impugnación ordinario que la ley que rige el acto establece, de tal forma que inobservó el principio de definitividad. Cabe señalar que el suscrito juzgador no advierte alguna de las causas de excepción a tal principio, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; quien promueve amparo no se trate de persona extraña al procedimiento, sino que es parte formal (demandada); no se reclama un auto de vinculación a proceso; ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, con los datos siguientes: Registro digital: 353462 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materia(s): Civil, Común Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIX, página 1073 Tipo: Aislada APREMIO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE MANDA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS. La resolución por la cual se manda hacer efectiva una multa impuesta como apremio, en un juicio ejecutivo mercantil, admite el recurso de revocación, de conformidad con los artículos 1334 del Código de Comercio y 684 del de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que previenen que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio; por tanto, si antes de acudir al amparo, no se agotó el recurso antes indicado, el caso queda comprendido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo que previene la fracción III de artículo 74 de la propia ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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