Maribel Paredon Matus

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Maribel Paredon Matus

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de sobreseimiento de veinte de septiembre de este año, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través del cual rinde informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se le da vista para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas de la responsable las copias adjuntas al informe que ahora se recibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en: - En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad al no dar continuidad laboral al expediente número 608/VIII/2018 de su índice, al solicitar la parte aquí promovente que se cerrará la instrucción dentro del juicio y se turnara a resolver, y la responsable ha hecho caso omiso de su solicitud. Al respecto, del oficio y anexo remitido por el Presidente de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Boca del Río, Veracruz, se advierte -en lo que interesa- que mediante auto de dos de septiembre del año en curso, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos para resolver, dentro del expediente laboral 608/VIII/2018. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía la impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Sin que sea obstáculo arribar a la anterior determinación, el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido las constancias de notificación efectuada a las partes del referido auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 608/VIII/2018; pues el resultado de la presente determinación no trasciende, ya que aun cuando no se lo hubiese hecho saber a las partes, la quejosa conocerá la misma al momento de la notificación del presente auto, ya que a dicha notificación se le deberá adjuntar el informe y anexo que en este proveído se tuvieron por recibidos, permitiéndole hacer valer los medios de defensa correspondientes. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia número cuarenta y nueve, visible en la página cincuenta y ocho, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20-09-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 21-09-2022. ... Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través del cual rinde informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se le da vista para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas de la responsable las copias adjuntas al informe que ahora se recibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en: - En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad al no dar continuidad laboral al expediente número 608/VIII/2018 de su índice, al solicitar la parte aquí promovente que se cerrará la instrucción dentro del juicio y se turnara a resolver, y la responsable ha hecho caso omiso de su solicitud. Al respecto, del oficio y anexo remitido por el Presidente de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Boca del Río, Veracruz, se advierte -en lo que interesa- que mediante auto de dos de septiembre del año en curso, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos para resolver, dentro del expediente laboral 608/VIII/2018. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía la impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Sin que sea obstáculo arribar a la anterior determinación, el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido las constancias de notificación efectuada a las partes del referido auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 608/VIII/2018; pues el resultado de la presente determinación no trasciende, ya que aun cuando no se lo hubiese hecho saber a las partes, la quejosa conocerá la misma al momento de la notificación del presente auto, ya que a dicha notificación se le deberá adjuntar el informe y anexo que en este proveído se tuvieron por recibidos, permitiéndole hacer valer los medios de defensa correspondientes. Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia número cuarenta y nueve, visible en la página cincuenta y ocho, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable...

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Maribel Paredón Matuz, un anexo y nueve copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 767/2022-1 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, VII, XII y XV, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda presentada por Maribel Paredón Matuz; contra la autoridad y actos detallados en el escrito de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No es procedente tramitar el incidente de suspensión por no observarse de la lectura íntegra de la demanda dicha petición, aunado a que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 127 de la ley de la materia, ya que el acto combatido no versa sobre extradición o que de llegar a consumarse sea físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho reclamado. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Lo anterior, aunado a que el primer periodo vacacional del año para el personal adscrito a los juzgados de Distrito, corresponde al comprendido durante los meses de julio y agosto, por lo que en adición a la dinámica laboral establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente el personal de este juzgado se encuentra?????? disfrutando de su primer periodo vacacional de forma escalonada, lo que se traduce en la reducción del personal disponible para atender los diversos asuntos que en este órgano se tramitan. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. AUDIENCIA REMOTA Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva; ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Por ello, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para que expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva y hacerles saber las especificaciones de los instrumentos tecnológicos que deberán emplear, para llevar a cabo vía remota la diligencia; en la inteligencia de que deberá proporcionar para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le hagan llegar los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. INFORME JUSTIFICADO: Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: ? Que rinda su informe justificado, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo... EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Resérvese de ordenar su emplazamiento, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable... PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexa a la demanda de cuenta, presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones consistentes en las actuaciones del expediente laboral de origen, resérvese de proveer lo conducente, hasta en tanto, obre el informe justificado de la responsable...

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