Maribel Rodríguez Fuentes

Expediente 410/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
410/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Maribel Rodríguez Fuentes
  • Jonathan Roberto Bocanegra Martínez(representante)
  • Sebastian Ortiz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    ...Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se tuvo por no desahogado el medio de prueba consistente en pericial en psicología ofrecido en autos del expediente de origen; toda vez que mediante auto de tres de mayo de dos mil diecinueve se tuvo por cumplida la sentencia de amparo...

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO, EL CITATORIO DE 07/05/2019, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 06/05/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se tuvo por no desahogado el medio de prueba consistente en pericial en psicología ofrecido en autos del expediente de origen; toda vez que mediante auto de tres de mayo de dos mil diecinueve se tuvo por cumplida la sentencia de amparo...

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad vinculada al mismo; haciendo uso de ese derecho únicamente la parte quejosa, por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Cabe precisar los siguientes antecedentes: A) Por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo a la parte quejosa. B) Que inconforme con la anterior resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien por sesión de siete de marzo de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia dictada en autos. A) El diecinueve de marzo del año en curso, se tuvo por recibida dicha resolución y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, los efectos del fallo protector se hicieron consistir en: .. Así, por oficio agregado en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitió las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º. Precisado lo anterior y vistas las constancias que integran el presente juicio, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: En satisfacción a lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictada en la causa penal *** de su índice, de la cual se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución respecto del recurso de reconsideración de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. 2. Estableció que en cumplimiento al principio de legalidad y así como a la garantía de defensa adecuada, se admitía el medio de prueba ofertado por el imputado (pericial en psicología a cargo de la menor quejosa), pues de no ser así se estaría violando su garantía de defensa en dicho proceso. Asimismo en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, la responsable remitió copia certificada del auto de diecisiete de abril del año en curso, en el que en la parte conducente estableció:  Que la prueba ofertada por la defensa, no es contraria a derecho, y cumple con los requisitos que señala la ley, además que es para determinar si existe un daño que pudiera influir en el menoscabo de los hechos vividos, cuestión que estima no puede ser determinada con los peritajes ya emitidos por expertos de la Fiscalía General, pues en específico el dictamen de doce de abril de dos mil dieciocho, desahogado en el periodo de instrucción, no se advierte que se haya practicada bajo las directrices que contempla del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, pues no fueron aplicados los lineamientos ahí anotados, considerando que de haberse atendido ellos y si práctica de ese peritaje hubiese sido grabado, podría haberse evitado someter a la menor a un nuevo dictamen.  Consideró que la única prueba que pueda dar a la luz del objeto que perdigue la defensa, es precisamente la pericial en materia de piscología; pues de la declaración de la madre de la menor y de la testigo, no se proporcionó ningún dato para dilucidar el objeto de la pericial.  Indica, además que existe contradicción entre los peritajes realizados, pues del efectuado en la etapa de investigación a la menor ofendida por parte de la psicóloga, perito de la Fiscalía General, se señaló en esencia que la capacidad de intelectual de la menor, estaba ligeramente por debajo de la normalidad y ante ello la madre afirmó que existía un retraso en el desarrollo maduracional desde su nacimiento; mientras que en la etapa de instrucción la valoración psicológica realizada por la psicóloga *** , refirió que la menor estaba clínicamente dentro de los parámetros de normalidad, que correspondían a su nivel socioeconómico, cultural y grado de instrucción escolar, aunado a que ninguna de las peritos distinguió tales circunstancias a fin de establecer el estado emocional de la menor, pues la primera no señaló si tal estado era producto del hecho que se le imputa al inculpado o a otras condiciones confluyentes al mismo, como lo es ese estado intelectual.  Que el desahogo de la prueba ofertada no violenta por sí mismo los derechos de la menor, pues la práctica de dicho dictamen no atenta contra la integridad física o emocional de la persona, en concreto cuando la propia fiscalía, representante de la menor, desahogó dicho medio de prueba durante la etapa de indagatoria y también lo ofertó durante la instrucción, evidenciando su consentimiento con ese tipo de intervención.  Estableció que no obstante lo anterior, a fin de salvaguardar la integridad de la menor en términos del citado protocolo, en atención al interés superior del niño y a efecto de garantizar a la menor la tutela de sus derechos reconocidos, a efecto de verificar si es viable o no el desahogo del medio de prueba, requirió la madre de la menor a fin de que informara si la pasivo se encuentra en tratamiento psicológico y en caso de ser así proporcionara los datos de la profesionista con quien se realiza, a fin de ser cuestionada sobre si la menor cuenta con la capacidad emocional para ser valorada, así como su asistencia a la menor en caso de proceder a la práctica del citado peritaje para su apoyo, en términos del protocolo de actuación multicitado, bajo apercibimiento de no de no realizarlo, ese órgano jurisdiccional tomaría las medida pertinentes para la valuación de la menor y su apoyo en el peritaje.  Asimismo requirió al defensor particular a fin de que proporcionara los datos del perito a cuyo cargo estará el peritaje señalado.  Determinó que una vez que se tuviera conocimiento del nombramiento del perito, así como de la psicóloga que deberá evaluar la práctica de la prueba y solo si se concluye que la pasivo cuenta con la capacidad emocional para someterse al peritaje ofrecido por la defensa, atendiendo al citado protocolo de actuaciones, se instrumentaría lo necesario para aplicar las reglas ahí contenidas antes y durante el desahogo de la prueba Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se arriba a que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio pues se cumplieron los lineamientos ordenados en el mismo. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones realizadas por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada en autos en donde manifiesta la sentencia dictada en autos no está cumplida en atención a que la responsable, no cumplió con lo solicitado pues no abundó acerca del interés superior del menor, sin embargo contrario a lo que esgrime la parte quejosa la responsable en la nueva determinación estableció precisamente en atención al interés superior del menor y a efecto de garantizar a la menor la tutela de sus derechos reconocidos y salvaguardar su integridad en términos del protocolo de actuaciones anteriormente señalado, era necesario verificar si era viable o no el desahogo del medio de prueba, por lo que determinó que en caso de que la pasivo estuviese sujeta a tratamiento psicológico la profesionista que la estuviera atendiendo pudiera asistirla en el desahogo de la prueba de mérito. Lo anterior, tiene apoyo en el contenido de la Tesis 1a. XXIII/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el 01 de marzo de 2019, Décima Época, con número de registro 2019421, rubro y texto siguiente: . Luego, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: . Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: .. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, se precisa que no se estima necesario proveer sobre el destino de los cuadernos incidentales, toda vez que en ellos ya se realizó lo propio. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro aspecto, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, el tomo de pruebas que allegó al presente juicio, previo glose que se haga de la carátula respectiva, sin que en el caso resulte necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la constancia de notificación del presente proveído hace las veces del mismo...

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL REPRESENTANTE ESPECIAL JONATHAN ROBERTO BOCANEGRA MARTÍNEZ DE LA MENOR C.L.R, EL CITATORIO DE 06/05/2019, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 03/05/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad vinculada al mismo; haciendo uso de ese derecho únicamente la parte quejosa, por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Cabe precisar los siguientes antecedentes: A) Por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo a la parte quejosa. B) Que inconforme con la anterior resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien por sesión de siete de marzo de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia dictada en autos. A) El diecinueve de marzo del año en curso, se tuvo por recibida dicha resolución y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, los efectos del fallo protector se hicieron consistir en: .. Así, por oficio agregado en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitió las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º. Precisado lo anterior y vistas las constancias que integran el presente juicio, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: En satisfacción a lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de marzo del año en curso, dictada en la causa penal *** de su índice, de la cual se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución respecto del recurso de reconsideración de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. 2. Estableció que en cumplimiento al principio de legalidad y así como a la garantía de defensa adecuada, se admitía el medio de prueba ofertado por el imputado (pericial en psicología a cargo de la menor quejosa), pues de no ser así se estaría violando su garantía de defensa en dicho proceso. Asimismo en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, la responsable remitió copia certificada del auto de diecisiete de abril del año en curso, en el que en la parte conducente estableció:  Que la prueba ofertada por la defensa, no es contraria a derecho, y cumple con los requisitos que señala la ley, además que es para determinar si existe un daño que pudiera influir en el menoscabo de los hechos vividos, cuestión que estima no puede ser determinada con los peritajes ya emitidos por expertos de la Fiscalía General, pues en específico el dictamen de doce de abril de dos mil dieciocho, desahogado en el periodo de instrucción, no se advierte que se haya practicada bajo las directrices que contempla del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, pues no fueron aplicados los lineamientos ahí anotados, considerando que de haberse atendido ellos y si práctica de ese peritaje hubiese sido grabado, podría haberse evitado someter a la menor a un nuevo dictamen.  Consideró que la única prueba que pueda dar a la luz del objeto que perdigue la defensa, es precisamente la pericial en materia de piscología; pues de la declaración de la madre de la menor y de la testigo, no se proporcionó ningún dato para dilucidar el objeto de la pericial.  Indica, además que existe contradicción entre los peritajes realizados, pues del efectuado en la etapa de investigación a la menor ofendida por parte de la psicóloga, perito de la Fiscalía General, se señaló en esencia que la capacidad de intelectual de la menor, estaba ligeramente por debajo de la normalidad y ante ello la madre afirmó que existía un retraso en el desarrollo maduracional desde su nacimiento; mientras que en la etapa de instrucción la valoración psicológica realizada por la psicóloga *** , refirió que la menor estaba clínicamente dentro de los parámetros de normalidad, que correspondían a su nivel socioeconómico, cultural y grado de instrucción escolar, aunado a que ninguna de las peritos distinguió tales circunstancias a fin de establecer el estado emocional de la menor, pues la primera no señaló si tal estado era producto del hecho que se le imputa al inculpado o a otras condiciones confluyentes al mismo, como lo es ese estado intelectual.  Que el desahogo de la prueba ofertada no violenta por sí mismo los derechos de la menor, pues la práctica de dicho dictamen no atenta contra la integridad física o emocional de la persona, en concreto cuando la propia fiscalía, representante de la menor, desahogó dicho medio de prueba durante la etapa de indagatoria y también lo ofertó durante la instrucción, evidenciando su consentimiento con ese tipo de intervención.  Estableció que no obstante lo anterior, a fin de salvaguardar la integridad de la menor en términos del citado protocolo, en atención al interés superior del niño y a efecto de garantizar a la menor la tutela de sus derechos reconocidos, a efecto de verificar si es viable o no el desahogo del medio de prueba, requirió la madre de la menor a fin de que informara si la pasivo se encuentra en tratamiento psicológico y en caso de ser así proporcionara los datos de la profesionista con quien se realiza, a fin de ser cuestionada sobre si la menor cuenta con la capacidad emocional para ser valorada, así como su asistencia a la menor en caso de proceder a la práctica del citado peritaje para su apoyo, en términos del protocolo de actuación multicitado, bajo apercibimiento de no de no realizarlo, ese órgano jurisdiccional tomaría las medida pertinentes para la valuación de la menor y su apoyo en el peritaje.  Asimismo requirió al defensor particular a fin de que proporcionara los datos del perito a cuyo cargo estará el peritaje señalado.  Determinó que una vez que se tuviera conocimiento del nombramiento del perito, así como de la psicóloga que deberá evaluar la práctica de la prueba y solo si se concluye que la pasivo cuenta con la capacidad emocional para someterse al peritaje ofrecido por la defensa, atendiendo al citado protocolo de actuaciones, se instrumentaría lo necesario para aplicar las reglas ahí contenidas antes y durante el desahogo de la prueba Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se arriba a que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio pues se cumplieron los lineamientos ordenados en el mismo. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones realizadas por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada en autos en donde manifiesta la sentencia dictada en autos no está cumplida en atención a que la responsable, no cumplió con lo solicitado pues no abundó acerca del interés superior del menor, sin embargo contrario a lo que esgrime la parte quejosa la responsable en la nueva determinación estableció precisamente en atención al interés superior del menor y a efecto de garantizar a la menor la tutela de sus derechos reconocidos y salvaguardar su integridad en términos del protocolo de actuaciones anteriormente señalado, era necesario verificar si era viable o no el desahogo del medio de prueba, por lo que determinó que en caso de que la pasivo estuviese sujeta a tratamiento psicológico la profesionista que la estuviera atendiendo pudiera asistirla en el desahogo de la prueba de mérito. Lo anterior, tiene apoyo en el contenido de la Tesis 1a. XXIII/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el 01 de marzo de 2019, Décima Época, con número de registro 2019421, rubro y texto siguiente: . Luego, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: . Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: .. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, se precisa que no se estima necesario proveer sobre el destino de los cuadernos incidentales, toda vez que en ellos ya se realizó lo propio. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro aspecto, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, el tomo de pruebas que allegó al presente juicio, previo glose que se haga de la carátula respectiva, sin que en el caso resulte necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la constancia de notificación del presente proveído hace las veces del mismo...

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