Maribel Morales Trejo
Expediente 517/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Maribel Morales Trejo
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de mayo de dos mil veintidós. I. Actualización de causal de improcedencia. Según el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de conformidad con el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de la improcedencia de este juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas en el apartado anterior, se reclaman los siguientes actos: 1. La omisión de vacunar a mis menores hijos en contra del Covid 19;. El trato desigual e inequitativo de las autoridades responsables respecto de la aplicación de vacunas en contra del Covid-19, entre personas mayores de 18 años y mis menores hijos; 3. Las instrucciones u órdenes para no vacunar al grupo poblacional entre los 12 y 18 años de edad; y, 4. La Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov2 para la prevención de la Covid-19 en México." Una vez asentado el acto reclamado, es palpable que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Bajo esa tesitura, se estima que en el juicio de amparo en que se actúa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de sustentar lo anterior, es dable señalar que, la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo copia certificada de las actas de nacimiento del menor justiciable con iniciales ............ y del diverso quejoso ............. de cuyo contenido se advierte que al día de la fecha tienen la edad de dieciséis años con un mes y dieciocho años con un mes, respectivamente. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Siendo que la parte quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad, que los documentos que anexó a su escrito de demanda, son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos con que cuenta, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar que ..........., contaba con la mayoría de edad, siendo que al momento de la presentación de la demanda de amparo se le atribuía el carácter de menor de edad, por lo cual se le hizo de su conocimiento que se encontraba expedito su derecho para intervenir en este juicio de amparo por derecho propio, o por conducto de los autorizados con facultades amplias previamente reconocidos. II. Consideraciones respecto del quejoso .............. Ahora bien, a fin de sostener la actualización de la causal de improcedencia en comento, es dable señalar que al momento de la presentación de la demanda de amparo - diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno- en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), no se contemplaba la recepción de las inoculaciones respectivas a los menores de doce a diecisiete años de edad, siendo que la que directa agraviada, se encontraba en ese supuesto, pues contaba con diecisiete años, por tener como fecha de nacimiento el diecisiete de marzo de dos mil cuatro. Luego, la parte quejosa, en esencia, se dolía en el presente biinstancial de la omisión de incluir al quejoso dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunado contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), que se traduce en la posibilidad de acceder a la aplicación del esquema de vacunación contra el mencionado virus. Sin embargo, al contar con la mayoría de edad el quejoso, lo colocó en aptitud de acudir voluntariamente a la inoculación en contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), pues el grupo de edad al que ahora pertenece se encuentra habilitado para recibir dicha inmunización sin restricción alguna. Por tanto, si cuando se presentó la demanda de amparo el quejoso en cuestión aun no cumplía la mayoría de edad, es inconcuso que en este momento, cuenta con dieciocho años con un mes, lo que lo posibilita para acudir a la vacunación en el momento en que lo estime oportuno, ello en virtud de que al momento en que se acudió a esta instancia constitucional era una persona menor de edad, cuyo grupo etario no se encontraba previsto en la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), como se señaló previamente. En consecuencia, el acto reclamado cesó en la afectación alegada por la quejosa, al obtener posterior a la presentación de la demanda, la edad de dieciocho años, situación que lo incluye en el grupo para recibir la inoculación referida sin restricción alguna; de ahí que la omisión reclamada, haya dejado de surtir efecto sobre el mencionado quejoso, al dejar de formar parte de un grupo, que en ese momento no se encontraba incluido para recibirla. III. Consideraciones respecto del menor quejoso ............ En otro orden de ideas, es pertinente señalar que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que las autoridades sanitarias y, en particular, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ..........., dio a conocer que se tomó la decisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), a las personas menores de quince años o más de edad que no tengan comorbilidad alguna; y que a partir del día diecinueve de . noviembre de dos mil veintiuno, se abrió el pre registro para dichas personas. Dicha información se corrobora al consultar el día de la fecha la página oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de cuyo contenido se advierte que, efectivamente, se abrió el registro para la aplicación del esquema de vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), incluso para los menores de doce años o más sin comorbilidad alguna, tal como se aprecia en la siguiente imagen: Aunado a que al consultar el día de la fecha la página oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se plasmó la Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor quejoso con iniciales ............, de la cual se advierte que desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, fue registrado en esa plataforma a fin de generar su respectivo expediente de vacunación y estar en condiciones de recibir las dosis del virus de referencia, como se aprecia a continuación: Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 74/2006, registro digital: 174899, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Así como la jurisprudencia XX.2o. J/24, registro digital: 168124, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE AP ARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Así pues, es claro que, en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que a la fecha en que se emite el presente acuerdo el grupo etario de personas menores de edad, incluso, de doce años o más, pueden ser vacunados. En ese contexto, se ve satisfecha la pretensión del menor quejoso, en el sentido de que se les incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunado contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), que se traduce en la posibilidad de acceder a la aplicación del esquema de vacunación contra el mencionado virus. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluirlo dentro de dicha Política Nacional de Vacunación, lo que en el caso ya aconteció. Lo anterior demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado. IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo esa tesitura, es evidente que la omisión de incluir al menor de edad de iniciales ........... y del diverso quejoso ..........., -a fin de obtener el esquema de vacunación contra el virus en mención-, dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunados contra el virus Sars-Cov2, causante de la enfermedad Covid-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que respecto del menor quejoso la autoridad responsable actualizó la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunado contra el virus en mención, y en relación con el diverso justiciable, al tener la mayoría de edad, está incluido en el grupo para recibir la inoculación referida sin restricción alguna, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de las responsables. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna, se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la omisión normativa que reclama; esto es, que el no incluir al grupo etario del menor quejoso entre los objetivos de vacunación, necesariamente no se le vacunará a aquel y respecto del diverso justiciable al tener la mayoría de edad, lo posibilita para acudir a la vacunación en el momento en que lo estime oportuno; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la norma, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. Lo anterior demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado como anteriormente se anunció, por lo tanto, es evidente que la falta de esquema de vacunación para los niños y adolescentes menores de edad y, en consecuencia, la omisión de aplicar a la parte quejosa la vacuna contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, toda vez que la autoridad responsable actualizó la Política Nacional de Vacunación y por tanto, se encuentra obligada a vacunar a los menores de doce años en adelante, para lo cual, deberán registrarse a efecto de que se calendarice su aplicación. Asimismo, respecto del diverso justiciable ............., también han cesado los efectos del acto reclamado, pues al contar con la mayoría de edad, se colocó en aptitud de acudir voluntariamente a la inoculación correspondiente, ya que el grupo de edad al que ahora pertenece se encuentra habilitado para recibir dicha inmunización sin restricción alguna. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. V. Sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. VII. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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