Maribel Pineda Herrera
Expediente 1439/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/03/2018
Partes del expediente
- Maribel Pineda Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia del acuse de recibo del cheque número 0330 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del que se advierte que se pagó a la parte quejosa la cantidad de $300.74 (trescientos pesos 74/100 moneda nacional); asimismo, por diverso oficio de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la referida autoridad remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional) . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, con los citados libelos y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Maribel Pineda Herrera, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: " 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los arábigos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), que pagó el día seis de julio de dos mil diecisiete, por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, así como de préstamo hipotecario (foja 19), además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el dispositivo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Resolución que causó ejecutoria el veinte de septiembre del año en curso. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional) las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia del acuse de recibo del cheque número 0330 de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del que se advierte que se pagó a la parte quejosa la cantidad de $300.74 (trescientos pesos 74/100 moneda nacional); asimismo, por diverso oficio de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la referida autoridad remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional), de los que se advierte las cantidades erogadas con motivo de los cobros declarados inconstitucionales. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), se obtiene como resultado la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el cinco de julio de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre de ese año, se efectúo la devolución correspondiente mediante transferencia interbancaria; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de julio y noviembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de julio del citado año (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.88 y para el mes de noviembre del referido año de 130.04. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02490. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100, moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $16,874.28 (dieciséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $409.96 (cuatrocientos nueve pesos 96/100 moneda nacional). Por tanto, si las autoridades responsables entregaron a la quejosa la suma de $16,765.06 (dieciséis mil setecientos sesenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional), como se advierte del reporte de transferencias SPEI y de la copia del acuse de recibo del cheque 0330, que consta agregado en autos, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No es obstáculo a lo anteriormente determinado, que las responsables de mérito devolvieron a la parte quejosa la suma de $16,765.06 (dieciséis mil setecientos sesenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional) y no la de $16,874.28 (dieciséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad debidamente actualizada, en virtud de que el faltante, a saber, $109.22 (ciento nueve pesos con veintidós centavos), no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia del acuse de recibo del cheque número 0330 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del que se advierte que se pagó a la parte quejosa la cantidad de $300.74 (trescientos pesos 74/100 moneda nacional); asimismo, por diverso oficio de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la referida autoridad remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional) . En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, con los citados libelos y documentales para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Maribel Pineda Herrera, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: " 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los arábigos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), que pagó el día seis de julio de dos mil diecisiete, por los conceptos de inscripciones de documento público o privado, así como de préstamo hipotecario (foja 19), además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el dispositivo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Resolución que causó ejecutoria el veinte de septiembre del año en curso. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional) las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia del acuse de recibo del cheque número 0330 de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, del que se advierte que se pagó a la parte quejosa la cantidad de $300.74 (trescientos pesos 74/100 moneda nacional); asimismo, por diverso oficio de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la referida autoridad remitió el reporte de transferencias SPEI del que se aprecia que transfirió a la quejosa la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional), de los que se advierte las cantidades erogadas con motivo de los cobros declarados inconstitucionales. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $16,744.32 (dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), se obtiene como resultado la cantidad de $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el cinco de julio de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre de ese año, se efectúo la devolución correspondiente mediante transferencia interbancaria; por tanto, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de julio y noviembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de julio del citado año (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.88 y para el mes de noviembre del referido año de 130.04. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02490. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $16,464.32 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100, moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $16,874.28 (dieciséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $409.96 (cuatrocientos nueve pesos 96/100 moneda nacional). Por tanto, si las autoridades responsables entregaron a la quejosa la suma de $16,765.06 (dieciséis mil setecientos sesenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional), como se advierte del reporte de transferencias SPEI y de la copia del acuse de recibo del cheque 0330, que consta agregado en autos, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No es obstáculo a lo anteriormente determinado, que las responsables de mérito devolvieron a la parte quejosa la suma de $16,765.06 (dieciséis mil setecientos sesenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional) y no la de $16,874.28 (dieciséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad debidamente actualizada, en virtud de que el faltante, a saber, $109.22 (ciento nueve pesos con veintidós centavos), no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio firmado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el acatamiento dado al fallo protector. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de referencia, así como con el diverso que obra agregado en auto de veintisiete de noviembre del año pasado (foja 105-106), dése vista a la parte agraviada, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación de las responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la citada Secretaría y en atención a su contenido, remítaseles mediante oficio que al efecto se les gire, copia simple de la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas de 65 a 78), dentro del presente sumario constitucional. Asimismo, solicita les sea concedida una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza por única ocasión una prórroga por el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, a efecto de que dén cumplimiento con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en la inteligencia, que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 112 y 113). Finalmente, con fundamento en el ordinal 9 de la Ley de la materia, téngase como delegados a los que se indican en su informe de cuenta.
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