Maribel Arias Luna

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Maribel Arias Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 41 a 50), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    *** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el libelo de cuenta, enviado vía electrónica por el Secretario General Auxiliar en ausencia del Magistrado Tercero Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, tal y como lo acredita con las constancias que acompaña; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a las partes quejosa y terceros interesados con el oficio de cuenta y anexos, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", ...." Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el veinte de agosto de dos mil dieciocho (fojas 59 a 83), se aprecia que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) En lo que respecta al artículo 11 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá desincorporarse la obligación tributaria y, por ende, la consecuencia por la violación al principio de proporcionalidad obliga a restituir por el monto pagado por concepto de "UAN". b). Por lo que hace al dictamen de verificación sanitaria previsto en el artículo 25, punto C, fracción IV, punto 2, clasificación e, de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, deberá excluirse del pago por dicho concepto, al contener una distinción de trato sin justificación frente a los giros análogos como es "minisúper/abarrotes con venta de cerveza" que no lo exige. c) Deberá desincorporarse de la esfera jurídica de la quejosa el contenido de los artículos 7 y segundo transitorio en relación con los diversos 18, fracción III, clasificación C; 23 fracción I, inciso a); 25, punto b, número 1, clasificación b), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como el catálogo de giros, referente al rubro de cuota por refrendo de licencia municipal y tarjeta de identificación de giro, la ubicación del costo del dictamen de protección civil tratándose de giro "depósito de bebidas alcohólicas"; y, por cuanto hace a los dictámenes de factibilidad ambiental y compatibilidad urbanística. [.] d) A partir de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", la concesión no implica eximir de la obligación tributaria, sino que en reparo con la infracción a los principios de proporcionalidad y equidad deberá contribuir de la siguiente forma: Respecto del refrendo de la licencia y tarjeta a que se refiere el artículo 7, deberá cubrir la cuota mínima establecida a minisúper, para el rubro de abarrotes con venta de cerveza de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional). Referente al dictamen de factibilidad ambiental en términos de la categoría análoga aludida, tributará en la hipótesis del artículos 18, fracción III, inciso a), esto es por la cuota de $146.43 (ciento cuarenta y seis pesos 43/100 moneda nacional), por ser la mínima aplicable en ese supuesto. Respecto al artículo 23, fracción I, inciso a), punto 1 en tanto, que la cuota depende del destino del inmueble lo cual es un elemento ajeno a derecho del Ayuntamiento, deberá tributar bajo la hipótesis mínima, esto es, $36.05 (treinta y seis pesos 05/100 moneda nacional). En torno al dictamen de protección civil a que se refiere el artículo 25, punto b, número 1, clasificación d), las cuotas acorde al vicio advertido sobre equidad tributaria deberá ajustarse al supuesto de causación en el catálogo de giros como "venta de alcohol en farmacias", de modo de habrá de pagar la cuota, en la hipótesis del apartado b, punto 1, letra a. "Bajo", a razón de $379.46 (trescientos setenta y nueve pesos 46/100 moneda nacional). e) La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en el recibo oficial de pago 025427032018000004 (folio 15), que realizó la impetrante del amparo, en el que consta el pago de derechos; a fin de que le sean devueltas las cantidades que superan los montos establecidos en el inciso c). f) Una vez realizado el cálculo, la devolución deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de Nayarit; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio. [.] g) En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena restituir a la quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello, es así, porque la sentencia de amparo, que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén el pago de un derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector..". [.] Lo que resulta ser, esencialmente, lo siguiente: Desincorporara la obligación tributaria interpuesta en el ticket que pago la quejosa. En lo que respecta al pago realizado por concepto de licencia de "funcionamiento de depósito de venta de alcoholes", pagado en el ticket 025427032018000004, deberá devolver íntegramente la cantidad correspondiente. Dicha concesión no implicaba eximir de la obligación tributaria, establecida en dicha ejecutoria, por lo que la quejosa deberá contribuir con diversas cuotas que ascienden a los montos siguientes: $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional), $146.43 (ciento cuarenta y seis pesos con cuarenta y tres centavos 43/100 moneda nacional), $36.05 (treinta y seis pesos con cinco centavos 05/100 moneda nacional) y $379.46 (trescientos setenta y nueve pesos con cuarenta y seis centavos 46/100 moneda nacional), las que al sumarse dan la cantidad correspondiente que la quejosa debe contribuir, esto es $2,661.94 (dos mil seiscientos sesenta y un pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional) Así, del recibo oficial de pago 025427032018000004 por la suma $7,217.64 (siete mil doscientos diecisiete pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 moneda nacional), debía devolverse la cantidad que superará los montos antes descritos, por lo que al realizar la resta de la cantidad precisada en el párrafo que antecede, se advierte que la autoridad responsable debía devolver la cantidad correspondiente a $4,555.94 (cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional). En el entendido de que dicha cantidad debía encontrarse debidamente actualizada. Ahora bien, como se determinó en auto de treinta y uno de enero del presente año, la cantidad a devolver a la quejosa era de $4,635.88 (cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos con ochenta y ocho centavos 88/100 moneda nacional); asimismo, se detalló que la responsable transfirió a la parte quejosa $3,721.22 (tres mil setecientos veintiún pesos con veintidós centavos 22/100 moneda nacional), pero existía un faltante de $ 914.66 (novecientos catorce pesos con sesenta y seis centavos 66/100 moneda nacional), por lo que no se tuvo por cumplido el fallo protector y requirió a la autoridad responsable a efecto de que devolviera a la quejosa la cantidad faltante. Por su parte, la responsable por conducto de su delegado mediante oficio y anexo signado ante este órgano jurisdiccional el dieciocho de febrero de la anualidad que transcurre, con el fin de dar cumplimiento al el citado requerimiento emitido, informó que realizó la devolución de la cantidad de $914.66 (novecientos catorce pesos con sesenta y seis centavos 66/100 moneda nacional) a favor de la quejosa Leticia Gastelum Lomelí, por medio de cheque con número de folio 0123234. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por último, toda vez que en el presente juicio el quejoso exhibió el original de la licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro mercantil "depósito de bebidas alcohólicas", correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, el cual obra agregado en autos; en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo Acuerdo General Conjunto 1/2009; citado en párrafos anteriores, requiérase a la parte quejosa para que dentro de los NOVENTA DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificado y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibida de que, en caso de no hacerlo, ésta seguirá la suerte del presente juicio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en atención a la determinación de veinticinco de febrero del año en curso, remite en ocho anexos certificados las documentales que en dicha oportunidad se le devolvieron por carecer de la certificación correspondiente, los cuales se dejan por separado para un mejor manejo en un solo tomo; por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a las partes para el uso de sus derechos. En este sentido, toda vez que no median de su recepción al menos ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, se difiere la audiencia constitucional en cuestión y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.

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