Maribel Martínez Melgoza
Expediente 1055/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maribel Martínez Melgoza
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En virtud que de la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales en términos del artículo 2° de esta última legislación invocada, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa... es susceptible de destrucción el expediente principal, así como el duplicado del incidente de suspensión... Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado el consistente en: ".la injusta inconstitucionalidad de ordenar que me mandaran al dormitorio I, conocido como conductas especiales."; atribuido a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta entidad y otras autoridades. Bajo ese tenor, la Directora, Subdirectora Jurídica y Subdirectora de Seguridad, todos del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México; al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, manifestando que correspondió a una medida disciplinaria por poner en riesgo la seguridad de la quejosa Maribel Martínez Melgoza, siendo esta, la reubicación de estancia al dormitorio I, por un periodo de diez días comprendidos del veintiuno al treinta de noviembre de la presente anualidad. Lo que se advierte, de las actuaciones remitidas por la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, consistentes en diversas constancias en copia certificada relativas a un acta del consejo Técnico Interdisciplinario Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, así como de las Determinaciones de Correcciones Disciplinarias de acuerdo a la Infracción Cometida y otros asuntos de la Subdirección de Seguridad, a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. Sin embargo, es pertinente destacar que este órgano de control constitucional advierte de oficio una causal de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en ".la injusta inconstitucionalidad de ordenar que me mandaran al dormitorio I, conocido como conductas especiales."; reclamada a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta entidad y otras autoridades, pues en la especie, se actualiza la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Al respecto, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado cesan únicamente cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, por medio de un actuar o una abstención, lo que constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa perspectiva, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o que no lo hizo, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia misma, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del actuar de la autoridad, sino el innecesario examen de la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actué en el sentido de respetar los derechos de que se trate y a cumplir con lo que la garantía le exija. Una vez reseñado el marco normativo, es necesario destacar que de las constancias que integran el presente asunto se advierte que hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, la quejosa Maribel Martínez Melgoza, se encontraba reubicada en el dormitorio I, en cumplimiento a una corrección disciplinaria por un periodo de diez días, a partir del veintiuno de noviembre del año en curso, y que finalizó dicha reubicación el citado treinta de noviembre. Derivado de lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado consistente en ".la injusta inconstitucionalidad de ordenar que me mandaran al dormitorio I, conocido como conductas especiales."; actualmente no existe, pues como quedó precisado, de las constancias que obran en autos, se advierte que dicha reubicación fue únicamente del veintiuno al treinta de noviembre de la presente anualidad. Por ello, se estima procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si finalizó la corrección disciplinaria impuesta a la quejosa, que dio surgimiento al juicio en que se actúa, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la situación jurídica que imperaba de la quejosa a la presentación de la de demanda de amparo que nos ocupa ya no existe, lo que conlleva que este juzgado de control constitucional, no pueda analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En otra tesitura, no es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por tanto, gírense los oficios respectivos a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento lo anterior y para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados por la Directora, Subdirectora Jurídica y Jefa de la Unidad Departamental de Seguridad en ausencia de la Subdirectora de Seguridad, todos del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México; mediante los cuales, rinden su respectivo informe justificado y además remite copia certificada de diversas constancias; con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los informes y constancias de mérito para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otro lado, con sustento en el referido numeral y el diverso 119 del citado ordenamiento, se tiene como prueba documental las copias certificadas que adjunta a su ocurso la primera autoridad de cuenta, la que se desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, se tienen a las autoridades de cuenta, designando delegados en términos del artículo 9°, párrafo primero, última parte, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Primero. Se niega la suspensión definitiva a ..., contra el acto y autoridades existentes indicadas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos legales ahí expuestos. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a ..., respecto de las autoridades existentes señaladas en el considerando tercero y por los motivos expresados en el último considerando de esta interlocutoria.
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