Mariano Ramírez Suarez
Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mariano Ramírez Suarez
- Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mariano Ramírez Suarez, por propio derecho, por los actos reclamados y autoridades señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
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Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informa el contenido del auto de veintisiete de noviembre del año en curso, del que se advierte que se avoca al conocimiento parcial de la demanda de amparo promovida por el quejoso ***. De lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.
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Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridades responsables rinden sus informes de suspensión de plano concedida al quejoso mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las cuatro misivas de mérito para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Tómese nota de la denominación correcta de la autoridad responsable siguiente: Fiscal General de Justicia del Estado de México Por otra parte, las autoridades responsables rinden sus informes justificados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con los cuatro informes de mérito, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, lo anterior, sin perjuicio de que los mismos sean relacionados en la audiencia constitucional correspondiente.
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Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMACIÓN A LAS PARTES En atención a la certificación de cuenta, se advierte que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; en consecuencia, comuníquese a las partes que el presente expediente se seguirá conforme a las reglas establecidas en el citado ordenamiento. EXHORTO PARA LA ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Se exhorta a las partes que, en su caso, deriven de la tramitación del presente juicio, para que continúen bajo el esquema de "juicio en línea", para lo cual deberá realizar el trámite correspondiente contemplado en la siguiente liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. RADICACIÓN DE DEMANDA Regístrese la demanda de amparo, promovida por el quejoso********************, por propio derecho, con el número ******************** en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que se genere el expediente electrónico respectivo, para su integración y consulta; así como, fórmese el expediente físico únicamente con las constancias recibidas por esa vía. Sin que resulte inadvertido que en el proemio de la demanda se haga referencia a ******************** toda vez que de la lectura integral de la misma y de la copia del pasaporte que se adjunta, se observa que el quejoso en el presente juicio es******************** SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, es preciso puntualizar que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, en su artículo 48, establece lo siguiente: "Artículo 48. Se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, los que a continuación se enuncian: [.] IX. Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión." Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]" (Énfasis añadido) De la lectura de dichos preceptos legales se desprende la obligación de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal para decretar la suspensión de oficio y de plano cuando se trate de actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro de los quejosos o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por del artículo 22 de la Constitución Federal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los actos consistentes en: La orden de aprehensión con fines de deportación en contra del quejoso. Si en la demanda de amparo se reclama la deportación en contra del quejoso********************, de nacionalidad cubana, como lo dispone el citado artículo 126 de la Ley de Amparo, debe concederse de oficio y de plano la suspensión de tal acto. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que el directo agraviado********************, de nacionalidad cubana, no sea deportado del territorio nacional. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, con fundamento en el párrafo segundo del citado artículo 126 de la ley reglamentaria en comento, prevénganse a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato procedan a dar cumplimiento a la suspensión decretada y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto tendente a ejecutar la orden de deportación, aquí reclamada y que, en su caso, se haya decretado en contra del directo agraviado******************** Se hace la precisión a las autoridades responsables que el efecto de la suspensión otorgada, tiene el alcance de que dichos actos materiales no se ejecuten hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el fondo del presente juicio de amparo. Sin embargo, lo anterior de ninguna manera constituye un impedimento jurídico para que las autoridades responsables estén en condiciones de presentar la solicitud correspondiente de resolver la viabilidad de aplicar providencias precautorias o medidas cautelares durante el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio que en su caso se instruya al quejoso en su calidad de extranjero, y en su momento resuelvan la situación migratoria del mismo; conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 111 de la Ley de Migración, sobre todo si en el caso ya trascurrieron más de treinta seis horas a partir de que en su caso se lleva a cabo su detención administrativa. Por lo que las autoridades responsables están obligadas a comunicar tal derecho al directo quejoso y demostrar tal circunstancia ante este órgano de control constitucional. Reiterándose que en caso de que el procedimiento administrativo de migración concluya con la decisión de deportación y/o expulsión, ésta no podrá materializarse, por los efectos precisados en la suspensión de plano aquí decretada. II. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la medida cautelar tiene como efecto que se abstengan de llevar a cabo actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en agravio del quejoso. En la inteligencia que, en caso de que el quejoso sea detenido con motivo de la verificación de su estatus migratorio en el país, su seguridad y custodia, así como su integridad física y vida, quedarán bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentra, las que deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por lo tanto, corresponde a su competencia tomar todas las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de la impetrante de amparo. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, con fundamento en el párrafo segundo del citado artículo 126 de la ley reglamentaria en comento, prevéngase a las autoridades responsables para que de inmediato procedan a dar cumplimiento a la suspensión decretada y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en contra del directo agraviado******************** NO PROCEDE SUSPENSIÒN DE PLANO RESPECTO DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO Ahora bien, por lo que hace a los diversos actos reclamados consistentes en: La restricción al libre tránsito por territorio Nacional Mexicano. La orden de localización y presentación con la cual cuentan los agentes migratorios. No proceda decretar la suspensión de oficio y de plano al no tratarse de actos inconstitucionales en sí mismos y no encontrarse previsto en los supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Asimismo, con fundamento en el párrafo segundo del citado numeral 126 de la ley reglamentaria en comento, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, informen sobre el cumplimiento que den a esta resolución, apercibidas que de no hacerlo, serán sancionadas en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. AVISO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, o de la que tenga a su disposición al agraviado********************, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. INCOMPETENCIA PARCIAL POR MATERIA Por otra parte, del análisis integral del presente sumario, de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima carecer parcialmente de competencia legal para conocer del presente sumario por razón de materia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previo a resolver cualquier cuestión de fondo relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, se contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento constitucional, ello si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que incluso podría dar a la reposición del procedimiento, razón por la que en el auto inicial; durante la tramitación del procedimiento o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, se debe fincar competencia para resolver las cuestiones de fondo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 6/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." En ese contexto, el artículo 48 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." El precepto legal antes transcrito define el procedimiento a seguir cuando se presenta un escrito inicial de demanda de amparo en la vía indirecta ante órgano jurisdiccional que estime carecer de competencia por materia o territorio. En ese contexto, los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judiciales de la Federación, prevén y regulan la competencia por materia de los jueces de Distrito, estableciendo entre otros Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Penal, al establecer: "Artículo 56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." A partir del contenido de las normas jurídicas referidas se advierte que para determinar la competencia por materia de un juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y no a la relación jurídica sustancial de las partes, puesto que tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, los actos reclamados, los antecedentes narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo. A efecto de analizar la competencia de este juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto de litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I. 2 P. J/40, de los Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro 394635, que a la letra indica: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que********************, señaló como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión con fines de deportación en contra del quejoso. La restricción al libre tránsito por territorio Nacional Mexicano. La orden de localización y presentación con la cual cuentan los agentes migratorios. Y, como autoridad responsable, a la que a continuación se indica: Instituto Nacional de Migración. Conviene precisar que los actos reclamados de acuerdo a los antecedentes narrados en la demanda de amparo tienen relación con la regularidad de la estancia del quejoso en su calidad de extranjero en el país, al haber ingresado de forma aparentemente irregular, y por ende que no se ejecuten en su contra actos que impliquen su rechazo o deportación de manera ilegal. Sin que sea impedimento que se haya mencionado como acto reclamado la aprehensión; sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda no se advierte referencia a un acto que derive de un procedimiento de carácter penal; sino que se señaló como una forma de identificación de diversos actos privativos de la libertad, en el contexto de la irregularidad del quejoso en su status migratorio, únicamente respecto de la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración. Por tanto, atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados se advierte que tienen el carácter de administrativos, al haber sido emitidos, en su caso, por autoridades de esa naturaleza aplicando al efecto leyes de carácter administrativo. Lo anterior, porque de la propia demanda, el promovente de amparo indicó como antecedentes de los actos reclamados que hay retenes en diversos estados y la autoridad mexicana no le proporciona cita para cita para regularizar su estancia en territorio mexicano. Por ello, este órgano de control constitucional, considera que los actos que reclama la parte quejosa al Instituto Nacional de Migración referentes a su detención con fines de deportación, su restricción al libre tránsito, así como su localización y presentación por agentes migratorios, se aprecia que tienen hasta este momento una connotación administrativa y no penal, pues no hay indicio de esto último. Esto es, no se advierte que los actos reclamados encuadren dentro de alguna de las hipótesis de competencia previstas en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; es decir, que dichos actos emanen de una causa penal, averiguación previa o carpeta de investigación, de la reparación del daño con motivo de la comisión de un delito, o de una declaratoria general de inconstitucionalidad para que se actualice la competencia de un juez de Distrito especializado en materia penal. Lo anterior encuentra su justificación en los artículos 68, 77 y 99 de la Ley de Migración, porque de dichos preceptos legales se desprende que la presentación de un migrante, cuya internación a territorio nacional ha sido detectada de manera irregular por parte de las autoridades administrativas del Instituto Nacional de Migración, da origen en principio a su presentación y alojamiento temporal en una estación migratoria y a consecuencia de ello al inicio del procedimiento administrativo migratorio propiamente dicho, el cual puede culminar con la emisión de la resolución de su deportación, rechazo retorno asistido o de regularización de su estancia en el país, lo anterior sustentado en una norma administrativa como lo es la Ley de Migración. Razones jurídicas que tienen sustentos por las razones que indica el criterio contenido en la jurisprudencia que derivo de la contradicción de tesis 119/2022 (11ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTATIVA. HECHOS: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. JUSTIFICACIÓN: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." De lo anterior se advierte que si el impetrante del amparo pretender combatir en sede constitucional actos relacionados con su situación migratoria en el país, por lo que se estima que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es el especializado en materia administrativa y no penal. En ese sentido, dada la naturaleza de los actos reclamados y ante la continencia de la causa, dichos actos se subsumen en actos de naturaleza administrativa, en razón a que éste se rige conforme al procedimiento de índole administrativo previsto en la Ley de Migración, sin que conlleve actos de naturaleza penal, lo que implica que debe regirse por las normas administrativas y, por lo tanto, la competencia radica en el juzgado especializado en la citada materia. Sin que se advierta en razón de lo expuesto, indicio alguno de que los actos y la autoridad por lo que se declina competencia por razón de materia, sean de naturaleza penal, pues no hay dato objetivo que así lo indique. REMISIÓN DE LOS AUTOS Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y remítase copia certificada del presente asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocer de los actos precisados en este apartado, solicitándole atentamente informe a este órgano jurisdiccional si en el caso acepta o no la competencia planteada para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. ADMISIÓN Ahora bien, por lo que hace a las diversas autoridades responsables y actos reclamados, se acuerda lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: ACTO RECLAMADO: FISCALÌA GENERAL DE LA REPÙBLICA LA ORDEN DE APREHENSIÒN CON FINES DE DEPORTACIÒN. FISCALÌA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO FISCALÌA GENERAL DEL ESTADO DE MÈXICO Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 112, 107, fracciones I, VII y XII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 35, 37 párrafo primero, 107 y 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por el quejoso********************, contra el siguiente acto reclamado y autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES: ACTO RECLAMADO: FISCALÌA GENERAL DE LA REPÙBLICA LA ORDEN DE APREHENSIÒN CON FINES DE DEPORTACIÒN. FISCALÌA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO FISCALÌA GENERAL DEL ESTADO DE MÈXICO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS De conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán de rendirlo en el término de quince días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a éstas que de no rendirlo en el plazo otorgado, por una parte, se presumirá de cierto el acto que se les atribuye, en términos del párrafo cuarto del artículo en comento, y por otra, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables, para que el informe justificado que rindan en cumplimiento a lo aquí ordenado, lo haga llegar de manera física a este juzgado de Distrito, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica (e.firma o Firel). SOLICITUD DE CONSTANCIAS EN APOYO AL INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad responsable para que al rendir el informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme a los preceptos 75 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Amparo, se sirva remitir copias autorizadas, legibles, completas y de manera cronológica de las constancias que consideraron para emitirlo. Apercibida que de no hacerlo en el término que señala el segundo de preceptos legales invocados, o de no informar oportunamente el impedimento legal o material que se tenga para ello, se les impondrá en su contra, una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. INFORME SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que informen si se actualiza alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio. Se apercibe que de no hacerlo se impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir el informe justificado, haga del conocimiento si existen diversos juicios de amparo promovidos por la parte quejosa, coinculpados o cualquier otra persona relacionada con el expediente del que deriva el acto reclamado; y de ser así, remita copias certificadas que lo acrediten. Apercibida que en caso de ser omisa, de igual forma, se impondrá una multa en cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que en párrafos que anteceden, ya se proveyó lo relativo a la suspensión de plano respecto al acto reclamado. PRUEBAS Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofertadas por el directo quejoso consistentes en los videos de cámaras del sector público y particular, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante notificación personal, comunicándole que la copia de la demanda de amparo, así como del presente acuerdo, quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k, de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO En tales condiciones, como está ordenado en el Cuaderno de Asuntos Administrativos del año dos mil veinte, de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 3 en relación con el 26 de la Ley de Amparo, así como los diversos 1° y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las notificaciones que se ordenen de manera personal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se realicen vía electrónica al usuario "********************" con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) vigente, ello mientras dure el estado de pandemia derivado del virus COVID-19. AVISO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, bajo la excusa de una imprecisión en la denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a la denominación exacta al rendir el respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 68, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3, fracciones VII y IX, 23, 68, 70 fracción XXXVI, 73 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para la consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública. Por otra parte, en términos del artículo 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se requiere a las partes para que hasta antes de que se dicte el fallo, expresen si se oponen a que sus datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva el consentimiento tácito. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa que no será necesaria la aprobación de la parte quejosa cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que específicamente señalan los artículos 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 117 de la Ley Federal en cita. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Tomando en consideración que la parte quejosa de manera expresa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, y 27 de la Ley de Amparo, se tiene dicho domicilio para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADO Se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo y para los efectos precisados en el segundo párrafo de artículo 24 de dicho ordenamiento legal, a ********************. Sin perjuicio de que dicha persona autorizada en términos restringidos, una vez que acredite ante este órgano de control constitucional que su cédula profesional de licenciado en derecho se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se proveerá en relación a la autorización en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia. COPIAS Se comunica que, en el supuesto de que alguna de las partes requiera copias de documentos que obran en el expediente electrónico, estarán en condiciones de obtener las mismas a través de un equipo de cómputo, ya que de acuerdo al párrafo segundo del artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al contener la evidencia criptográfica se consideran copias certificadas, pues el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. PRECISIONES PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que para la consulta del expediente, deberán presentar identificación oficial vigente, tales como credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional o pasaporte, dentro del horario de atención al público, el cual será de nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Asimismo, se informa que las personas que acudan a este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se pondrán a su disposición para la consulta del expediente electrónico, de conformidad con los artículos 6 y 261 del Acuerdo en comento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Se habilita a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional para realizar inmediatamente las notificaciones que se ordenen de carácter personal en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad en los artículos 21 y 24 de la Ley de Amparo. En el entendido de que los Actuarios Judiciales se encuentran facultados para remitir las notificaciones que deriven del presente asunto haciendo uso de la vía interconexión, respecto de las autoridades que pueden ser consultadas en la siguiente liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Se precisa que el personal de este órgano jurisdiccional deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, para lo cual se integrará el contenido de las promociones, acuerdos, resoluciones o sentencias generadas de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el entendido de que el expediente físico únicamente se integrará con las constancias que se reciban por esta vía. OFICIOS Y COMUNICACIONES Finalmente, se autoriza al Secretario de la adscripción firmar los oficios que deriven del presente juicio de amparo. Notifíquese.
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