Maribel Martínez De la Rosa
Expediente 428/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Maribel Martínez De la Rosa
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***************, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, como esta ordenado por proveído de veintiséis de mayo del año en curso, devuélvanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para que determine lo que corresponda en el juicio de amparo directo *************** de su índice. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio ***************, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo ***************, en el que ese órgano se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial Bravos. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo ***************. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la presentación de la demanda de amparo, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar el escrito de demanda para que, en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, aquél se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, del rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. Para evidenciar las razones por las que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como del original del juicio ejecutivo mercantil ***************, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Bravos. Ahora, el examen de la demanda de amparo origen de este asunto, permite advertir que la quejosa planteó su reclamación en la vía directa del juicio de amparo y, en capítulo de actos reclamados, señaló lo siguiente: (.) IV. Acto reclamado. a) Genéricamente: todo el procedimiento seguido en contra de la suscrita en el juicio ejecutivo mercantil contenido en el expediente número *************** del índice del citado Tribunal; y, b) Específicamente: 1. La defectuosa notificación y emplazamiento de la suscrita en el juicio ejecutivo mercantil de marras; 2. La declaración de tenerme "por rebelde", "por contestada la demanda en sentido afirmativo"; y, "por perdido el derecho a ofrecer pruebas", como se determinó en dicho expediente al no haber comparecido la de la voz, pero no por contumacia sino en virtud de la defectuosa notificación y emplazamiento en que incurrió la responsable; y, 3. La sentencia de fecha 28 de marzo del 2016 (.) Como se aprecia de esta transcripción, la quejosa reclama esencialmente, los siguientes actos: I) El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 122/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Bravos; y II) El acuerdo en que el Juez responsable tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas de la quejosa, en el juicio génesis de este asunto. III) La sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el propio juicio ejecutivo mercantil. En la especie, el juicio de amparo resulta improcedente contra dos los actos precisados bajo los numerales I y II), precitados, pues en el estado procesal del juicio de origen, contra tales actos resulta improcedente el juicio de amparo. Así se sostiene porque con ellos no se actualiza una afectación de imposible reparación en la parte quejosa y, por tanto, en su contra, resulta improcedente la acción constitucional, dado que sus efectos son meramente procesales y que por esa naturaleza no afectan en forma directa e inmediata los derechos humanos de las personas, sino que su afectación eventualmente se materializa en el dictado de la sentencia que culmina la instancia. Con relación a este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el juicio de amparo resulta improcedente, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, sin que ello implique que el promovente del amparo indirecto quede inaudito, porque podrá impugnar en la vía directa del juicio -como violación procesal- la resolución que recaiga al incidente de nulidad formulado contra el emplazamiento que se considera defectuoso. Además, la declaración formulada por la responsable en el sentido de que la quejosa fue contumaz en contestar la demanda y, derivado de ello, se le tuvo contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, también constituye un aspecto que no es impugnable en la vía indirecta del juicio de amparo, cuenta habida que sus efectos son meramente procesales, pues es hasta el dictado de la sentencia en que se puede vislumbrar jurídicamente si esas determinaciones afectan o no a la persona contra la que se dictaron; de ahí que no produzcan una afectación de imposible reparación. En la especie, de las constancias que remitió la responsable al rendir su informe justificado ante el Tribunal Colegiado declinante, relativas al juicio ejecutivo mercantil ***************, se advierte que mediante escrito de veintitrés de marzo de dos mil quince, la quejosa compareció al proceso de origen y promovió el incidente de nulidad de notificaciones por vicios en el emplazamiento, el cual se admitió a trámite por el Juez natural y resolvió su resolución para el dictado de la sentencia definitiva. Asimismo, en acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince, se declaró la rebeldía de la demandada, aquí quejosa, ante la omisión de contestar la demanda entablada en su contra y por perdido su derecho para contestarla. En esa medida, tales infracciones procesales no producen una afectación de imposible reparación sobre las personas o sus cosas, porque el emplazamiento del que se duele la quejosa fue impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones y, en esa medida, será lo que se haya resuelto en dicho incidente lo que podrá impugnar en la vía directa del juicio de amparo, mas no en la indirecta, fundamentalmente, porque la promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, tan es así que quedó en posibilidad de defenderse dentro del contencioso. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia P./J. 39/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, de Abril de 2001, materia común, página 93, del siguiente tenor: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En tales condiciones, por las particularidades del caso, el emplazamiento a juicio, así como el acuerdo en que se declaró rebelde a la quejosa y por perdido su derecho para dar contestación a la demanda y ofrecer pruebas, no se traduce en actos que sean de imposible reparación, que pudieran hacer procedente el juicio de amparo indirecto, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otro contexto, dado que la quejosa también reclamó la sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, cuyo conocimiento no corresponde a este Juzgado por razón de competencia; con fundamento en el artículo 34 y 47 de la Ley de Amparo, resulta procedente escindir la demanda de amparo y, previa copia certificada de ella, remitir el original y sus anexos, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito para que provea lo que corresponda, debido a que ese órgano al que corresponde analizar la procedencia del juicio respecto de tal resolución. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, materia común, página 95, del siguiente tenor: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En otro contexto, se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de amparo al licenciado ***************, por lo que se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo y solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que refiere. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De conformidad, con los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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