Maribel Cisneros Valenzuela

Expediente 1031/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1031/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Maribel Cisneros Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil diecisiete (foja 184), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscalía General del Estado, Juzgado Quinto Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos y Notificador adscrito al Juzgado Quinto Civil por Audiencias en tuno, todos con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó lo siguiente: V.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SEÑALO QUE EL ACTO QUE LES RECLAMO ES LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE QUIERE EJECUTAR EN MI CONTRA, SIENDO ESTE UN DESALOJO DE LA VIVIENDA EN DONDE VIVO DESDE HACE 40 AÑOS. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración del escrito de demanda, en proveído de trece de diciembre de dos mil dieciséis (foja 12), se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el número de expediente *******, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 36, párrafo primero y 114, fracción I de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado se ejecutó dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: a) Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio oral ordinario *******, de su índice, de forma destacada, la orden para poner en posesión material del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, a *******, respecto del cual, la quejosa dice ser propietaria. b) Del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad: -La ejecución de la orden de poner en posesión material del citado bien inmueble, a la parte actora (aquí tercero interesada), en el juicio oral referido. c) De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad: - El emplazamiento a juicio. Todo lo anterior, ostentándose tercero extraña en el juicio oral ordinario *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte (foja 15 bis), al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuyó la accionante del amparo, lo cual, se corrobora con el acta de lanzamiento practicada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis (foja 80), puesto que no se llevó a cabo con la intervención de esta autoridad. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Indicado lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 18 a 81) y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos (fojas 76 a 81), ambos con residencia en esta ciudad, en sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos reclamados. Por lo tanto, se tiene como la existencia de los actos reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el último párrafo de dicho numeral. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la primera parte del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En relación a lo anterior, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Pues bien, del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico; o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, directamente (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Determinado lo anterior, se tiene que la quejosa reclama la orden para poner en posesión material del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, a *******, respecto del cual, la quejosa dice ser poseedora y tercero extraña por equiparación respecto del juicio oral ordinario *******. En efecto, la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: (.) EL ACTO QUE LES RECLAMO ES LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE QUIERE EJECUTAR EN MI CONTRA, SIENDO ESTE UN DESALOJO DE LA VIVIENDA EN DONDE VIVO DESDE HACE 40 AÑOS. (.) El subrayado es nuestro. De manera que, argumenta tener interés jurídico para reclamar dicha orden de desalojo dictada en el juicio oral ordinario *******, pues a pesar de que afirma, ser poseedora del bien inmueble descrito, no se le llamó al juicio natural. Por lo tanto, para que la quejosa demuestre el interés jurídico que aduce tener, es necesario que concurran los siguientes requisitos: Que exista el derecho subjetivo que dice, se vulneró en su perjuicio, en este caso, el derecho a poseer legítimamente el bien inmueble de que se trata, Que el acto de autoridad afecte, directamente, ese derecho. Así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013, la cual se cita por las razones conducentes que informa, publicada en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2004501, del rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN i, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva, el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso ya sea de manera individual o colectiva; y c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, este debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados, son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. El subrayado es nuestro. En esas condiciones, es necesario que la quejosa demuestre el derecho subjetivo que dice, se vulneró en su perjuicio, en este caso, el de posesión, con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que tenga una base objetiva y fundada y que razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5, del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época y número de registro 187733, que dice: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no el derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por lo tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. El subrayado es nuestro. Precisado lo anterior, se tiene que la promovente no exhibió ningún documento con el cual acreditara el título en virtud del cual posee el bien inmueble de que se trata. Es decir, no demostró que la posesión sobre el multicitado bien inmueble se ejerza en virtud de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que es la posesión protegida por el artículo 14 Constitucional, pues del presente asunto, lo único que se desprende en ese sentido, son sus manifestaciones. Además, es menester precisar que en el juicio de amparo, no se dilucidan cuestiones de propiedad, ni siquiera de causas generadoras de posesión y del título correspondiente. Por lo tanto, la cuestión relativa a quién es el legítimo propietario del bien inmueble que nos ocupa, en ningún momento puede ser abordada en este juicio de amparo, pues este medio extraordinario de defensa constitucional y convencional, conforme al artículo 107, fracción I, Constitucional y 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene como objeto, analizar si los actos de autoridad que se reclamen o los ordenamientos legales que se impugnen, efectivamente vulneran, o no, los derechos sustantivos de los quejosos, derechos cuya titularidad, como presupuesto del interés jurídico que les asista, deben ostentar, más no determinar esa titularidad de derechos sustantivos. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 396, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 266, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Quinta Época y número de registro 394352, que dice: PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce el propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir. Así como la tesis de jurisprudencia 395, emitida de igual forma por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Quinta Época y número de registro 394351, del rubro y texto: PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes, sólo significa que en el juicio constitucional no puede determinarse a quién de dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; pero cuando no existe tal disputa y se reclama la violación del derecho de propiedad y éste se ha acreditado en debida forma, el amparo es procedente, por violación de las garantías que consagra el artículo 14 constitucional, pues este precepto garantiza contra la privación, sin forma de juicio, no sólo de la posesión, sino de cualquier derecho. Por lo tanto, ya que la quejosa no demostró que la posesión que ejerce sobre el bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, deriva de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, esto es, que se trata de la posesión protegida por el artículo 14 Constitucional, no se demostró tampoco el primer presupuesto del interés jurídico, relativo, precisamente, ser titular del derecho subjetivo de posesión, que dice, se vulneró en su perjuicio. No se pierde de vista que la autoridad responsable Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, esa afirmación no demuestra que la quejosa es poseedora legitima del bien inmueble que nos ocupa, esto es, su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo previo, la tesis VI.2º.C692 C, publicada en la página 1583, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre 2009, Materia Civil, Novena Época, con número de registro 166133, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO ACREDITA LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTE SE HACE CONSISTIR EN EL LANZAMIENTO DECRETADO EN LA CAUSA DE ORIGEN RESPECTO DE LA CUAL EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO. El hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado acepte la existencia del acto reclamado, cuando éste se hace consistir en el lanzamiento decretado en la causa de origen, respecto de la cual el quejoso es tercero extraño, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tal reconocimiento no demuestra su interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues aun con esa aceptación no se acredita que dicho inconforme efectivamente esté en posesión del inmueble objeto de la referida desocupación. Máxime que en el caso, el juicio oral *******, fue interpuesto y seguido en contra de ******* (foja 20) o ******* (foja 35), sin que la quejosa *******, haya demostrado su identidad como la parte demandada, emplazada y a la postre, lanzada del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (foja 63). En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico y en consecuencia, se sobresee en este asunto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por *******, en contra de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.JJH

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el escrito y anexo que presenta *******, en representación de la tercero interesada *******, mediante el cual comparece al presente juicio de amparo y formula alegatos, de conformidad con el artículo 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente el carácter de representante de la tercero interesada *******, pues lo acredita con el original del poder general para pleitos y cobranzas expedido el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el Notario Público número *******, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos. Ahora, en relación con la prueba documental que ofrece, consistentes en original del poder general para pleitos y cobranzas expedido el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el Notario Público número *******, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la legislación en cita. En atención a lo que solicita la promovente y toda vez que exhibe copia simple del poder general para pleitos y cobranzas original que anexó a su escrito, hágase la devolución del mismo, previo cotejo y compulsa que sea realizado del mismo, para que cuente con valor probatorio pleno al momento de resolver el presente asunto, mientras tanto, guárdese el citado documento original en el seguro de este Juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su escrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio remitido por el Jefe del Departamento Jurídico de la empresa Teléfonos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en sus registros no cuenta con domicilio alguno donde puede ser emplazada la tercero interesada *******; sin embargo, se reserva proveer al respecto, toda vez que el tres de los actuales (foja 98), se comisionó a la Actuaria Judicial adscrita a que se constituyera en un domicilio informado por una autoridad diversa, a fin de realizar lo anterior. Por lo que, una vez que dicha fedataria se haya constituido en el mismo y efectúe la constancia relativa, en el sentido de haber localizado, o no, a la citada tercero interesada, se acordará lo conducente. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que en esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, de lo anterior se desprende que no se ha logrado llevar a cabo el emplazamiento de la multicitada tercero interesada, para que si a sus intereses conviene, comparezca al presente juicio de amparo. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las nueve horas con veinte minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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