Maribel Gutiérrez Montes
Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maribel Gutiérrez Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 22927/2022 por el cual se le notificó el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 22926/2022 por el cual se le notificó el acuerdo de diecisiete de los corrientes y se le devolvió la copia certificada del juicio ordinario civil 215/2020 de su índice. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez y Actuaria con categoría de Secretario "7", adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se les tiene acusando recibo de los oficios 20687/2022 y 20688/2022, a través de los cuales, se les notificó la sentencia de veinte de julio del año en curso. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veinte de julio de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando la copia certificada del juicio ordinario civil 215/2020, que remitió la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, la cual obra en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Es así, pues los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley en cita, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un juicio ordinario civil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar el quejoso tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. En ese entendido, cabe destacar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos: a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes de los actos reclamados expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que la quejosa, *************, es persona extraña típica al procedimiento del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte material en el mismo, es decir, no figura como actor ni como demandado, ni en su contra se dictó la sentencia que en definitiva resolvió el contencioso natural. Ello es así, pues aun cuando en el juicio natural se promovió en contra de *************; se exhibieron copias certificadas de la audiencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, celebrada en las diligencias de preparación de juicio 35/2018, a las que compareció **************es, quien aclaró que el nombre es como quedó escrito y no como ****************s; además de que sólo ella posee el departamento interior 03, avenida Oriente 10, número 490, entre sur 11 y 13, colonia centro de Orizaba, Veracruz; y en ese entendido, el emplazamiento en el juicio ordinario civil 215/2020 se practicó a María Isabel Gutiérrez Montes; y ella fue la contestó la demanda. Ante ello, si bien de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte peticionaria del amparo, ****************, fue señalada como demandada en el juicio de origen, pues se asentó ******************; lo cierto es que durante el procedimiento fue ********************* quien compareció y aclaró cuál era el nombre correcto; y aun cuando en la sentencia también se asentó ********************, ante la aclaración precisada, la aquí quejosa tiene el carácter de tercero extraña en estricto sentido, y acude a esta vía constitucional alegando la transgresión a la posesión que, dice, deriva en calidad de arrendataria ya que indica celebró un contrato de arrendamiento de manera verbal con **************, respecto del inmueble ubicado en ****** Luego, para acreditar su interés jurídico la impetrante debió demostrar que efectivamente es ella quien posee la fracción del citado inmueble con motivo de la celebración de un contrato de arrendamiento verbal, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Así, la peticionaria de amparo, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional debió justificar dos extremos: a) Que por virtud de un título que se sustenta en una figura jurídica o precepto legal es poseedora del inmueble referido en la demanda de amparo; y b) Que tal inmueble, del que dice ser poseedora, guarda identidad con el que es objeto de afectación por virtud de los actos que se reclaman. Sin embargo, para acreditar su legitimación para acudir a esta vía constitucional, la impetrante ofreció como prueba el instructivo de notificación del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en donde se requiere a ************* para que en el plazo de cinco días, haga entrega y desocupe el citado bien consistente en la casa habitación ubicada en el departamento interior ************** Dicha documental es valorada como una instrumental pública por obrar en el juicio natural; sin embargo, con ello sólo demuestra que existe el juicio ordinario civil 215/2020, en donde se requirió a la demandada *************, para que en el plazo de cinco días hiciera entrega del citado bien raíz, lo que por sí implica la falta de certeza en cuanto a si ************** son una misma persona o diversa. En ese entendido, dado que a ese procedimiento compareció *****************; y ante las constancias del expediente 35/2018, respecto de la aclaración de que el nombre correcto es ***************. La aquí peticionaria de amparo, ***************** no sólo debió señalar que detenta la posesión del domicilio citado, al haber celebrado un contrato de arrendamiento verbal con la actora del juicio natural ***************; sino demostrarlo; lo que no llevó a cabo durante el trámite del juicio constitucional, ya que no acreditó la existencia de dicho contrato, ni que sea ella quien se encuentre en posesión material del bien. La simple manifestación de poseer el inmueble y de haber celebrado un contrato verbal resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en el amparo, ya que el interés jurídico debe probarse y no simplemente manifestarse o deducirse. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis de (...) En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente procedente llevar a cabo el análisis de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****************, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Juez y Actuaria, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expresadas en el considerando quinto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por lista de acuerdos a las tercero interesadas; y por oficio a las autoridades responsables.
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