Maribel Bautista Heredia

Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
249/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Maribel Bautista Heredia

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; mediante el cual informa que se aceptó a competencia planteada para conocer de la demanda de amparo signada por Maribel Bautista Heredia, radicándola con el número de 312/2022 de su índice. Sin que sea necesario pronunciarse en cuanto al archivo del presente asunto, ya que éste se ordenó por auto de diecisiete de los corrientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en Xalapa, Veracruz, por acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, aceptó la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Maribel Bautista Heredia, radicándola con el número de expediente 312/2022, de su orden administrativo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respetivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente cuaderno de antecedentes deberá transferirse por medio de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se declinó la competencia a favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en Xalapa, Veracruz, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 86/2020, promovido por. contra un acto del 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad. acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. SEGUNDO. Admisión de la demanda. El doce de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser cierto el acto reclamado, tendría ejecución en el territorio comprendido dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda, así como del contenido de los informes justificados, se advierte que aquél consiste en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables. todos del Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz; pues no obstante que al rendir sus respectivos informes justificados negaron su existencia, de la lectura integral de sus informes se advierte que reconocen que el referido Ayuntamiento se encuentra ocupando una fracción del inmueble precisado en el considerando segundo de esta sentencia. En efecto, de dichos informes se observa que las citadas autoridades manifestaron que con motivo de un contrato de comodato celebrado el diez de enero de dos mil veinte, entre. como comodante, y el Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, como comodatario, representado por el presidente municipal, se encuentra ocupando. con las medidas y colindancias siguientes. Asimismo, las autoridades responsables negaron haber desposeído al quejoso del inmueble que refiere en su demanda, así como haber invadido el resto del terreno en la parte posterior o trasera de dicho bien raíz con la colocación de vehículos oficiales del Ayuntamiento. De ello deriva que si bien las autoridades responsables niegan haber desocupado ilícitamente al peticionario del inmueble precisado en el considerando segundo de esta resolución, reconocen que el Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, se encuentra en posesión de la fracción y casa habitación indicadas en líneas precedentes, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado, pero únicamente por lo que respecta a la ocupación de dicha fracción y casa habitación. Lo anterior, toda vez que si bien en el sumario constitucional fueron recibidos diversos medios de prueba ofrecidos por el quejoso, éstos se encuentran encaminados a acreditar el derecho que aduce tener como propietario y poseedor del inmueble en cuya defensa acude a este juicio, esto es, su interés jurídico. En el entendido de que, no pasa inadvertido que fue desahogada la prueba pericial en ingeniería topográfica geodesia, a practicarse en el. pero según lo manifestado por el quejoso al ofrecerla y los puntos del cuestionario respectivo, se obtiene que ésta tuvo como finalidad, en lo medular, acreditar. que tiene en su posesión y propiedad el quejoso. La identidad del inmueble objeto del contrato de compraventa formalizado entre. presidente municipal del Ayuntamiento Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, como comodatario. Esto es, dicha prueba pericial tampoco se ocupó de determinar si, contrario a lo sostenido por las autoridades responsables en su informe justificado, el Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, se encuentra ocupando la totalidad del inmueble (y su parte trasera o posterior) cuya desocupación reclama, o bien, una superficie mayor a la que refirieron al rendir sus informes justificados (otorgada en comodato). Ante ello, se reitera, se tiene por cierta la ocupación de la fracción y casa en ella construida, con superficie de. cuyas medidas y colindancias fueron transcritas en líneas precedentes. Finalmente, también es cierta la ejecución del acto reclamado por lo que respecta a la autoridad responsable 6. Comandante de la Policía Municipal, con residencia en Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, únicamente respecto de la ocupación de la fracción y casa indicadas, al haber resultado cierto el reclamo a las ordenadoras; máxime que aquella autoridad fue omisa en rendir su informe justificado a pesar de encontrarse debidamente notificada de su obligación de hacerlo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1, 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la ocupación que realizan las autoridades responsables de la fracción de terreno y casa ubicados en. con las superficie, medidas y colindancias precisadas en el considerando anterior, es con motivo de un contrato de comodato celebrado entre un particular y el Ayuntamiento Constitucional de ese lugar, a través del cual le fue cedido a éste el uso de dicho inmueble, por lo que tal ocupación no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se explica. Los indicados artículos establecen. De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Para promover demanda de amparo, es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes. a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para la mejor comprensión de la nota distintiva precisada en el inciso a), que es la que interesa al presente estudio, es pertinente destacar que existen dos tipos de actuaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; y las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad o de particulares investidos de las mismas características, por una parte y, por otra, el gobernado. Es en este segundo tipo de relación en la que la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos, el afectado por un lado, y el Estado o particular por el otro, investidos con imperio. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso, el acto reclamado por el quejoso en su demanda consiste en: La desposesión del inmueble tipo casa habitación, con fracción de terreno rústico sin construcción, ubicado en. así como el inmueble situado en la parte posterior de aquél. Ahora, de la lectura de la demanda, específicamente de los antecedentes del acto reclamado números 3 y 4, se advierte que el peticionario sostiene haber adquirido la propiedad de tales bienes el uno de enero de mil novecientos noventa, mediante contratos verbales de compraventa celebrados, respectivamente, con su tío. precisó como antecedentes de propiedad los indicados en los ordinales 1 y 2, los cuales exhibió en copia certificada en este juicio el veintiocho de febrero de dos mil veinte (foja 81). Tales antecedentes de propiedad son los siguientes. Copia certificada del contrato privado de compraventa celebrado. como comprador, respecto de. con una superficie de. ante el Juez Municipal de Villa de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Orizaba, Veracruz, con el número. Inmueble que cuenta con las medidas y colindancias siguientes. Ahora, como se expuso en el considerando anterior, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de la desposesión que se les atribuye, pues adujeron que si bien el Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, tiene en posesión. cuya superficie es de. es con motivo de un contrato de comodato. Para acreditar su aserto las autoridades responsables 1. Presidente Municipal y la 5. Directora del "DIF" Municipal, ambos del Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, exhibieron copia certificada de lo siguiente. Acuerdo de voluntades del que se advierte que en su declaración. por haberlo adquirido a través de contrato de compraventa, indicando como medidas y colindancias las precisadas en el contrato relatado en el ordinal 1 que antecede. En la declaración "CUARTA", el presidente municipal declaró tener la representación del Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, por habérsele otorgado en sesión extraordinaria de cabildo. En ese orden, en la cláusula segunda del citado contrato se asentó que la comodante daba en comodato el inmueble consistente en. con las medidas y colindancias siguientes. En ese orden, en la cláusula tercera se asentó que el comodatario estaba de acuerdo en recibir en comodato el referido inmueble, y que éste sería destinado para comedor comunitario dependiente del Desarrollo Integral de la Familia, esto es, de DIF Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz. Finalmente, en la cláusula cuarta se estableció que el comodato tendría una duración de doce meses, que iniciarían el veinte de enero de dos mil veinte y fenecería el veinte de febrero de dos mil veintiuno. Con tales antecedentes, es pertinente citar los artículos 2 y 18, de la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, que establecen. Artículo 2. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles. De los preceptos transcritos se obtiene que los Ayuntamientos son los encargados de gobernar los municipios, y que éstos cuentan con personalidad jurídica propia; asimismo, que los Ayuntamientos se integran por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores. De ahí que los Ayuntamientos Municipales tengan el carácter de personas morales oficiales. Con base en ello también se tiene que el 1. Presidente Municipal, 2. Síndico único y el 3. Regidor Único, señalados como responsables por el quejoso, integran el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz. En este tenor, es pertinente distinguir que, como personas morales oficiales, los Ayuntamientos Municipales pueden actuar con un doble carácter. como entes dotados de poder público. como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades estatales de las que están investidos, mientras que en el segundo actúan en condiciones similares a los particulares, es decir, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que los individuos. En este último supuesto las personas morales oficiales incluso tienen legitimación para promover el juicio de amparo, lo que no ocurre cuando actúan investidas con el imperio del poder público. Para distinguir el carácter con el que se les ubica, debe atenderse al acto de origen, esto es, para determinar si la persona moral oficial actúa dotada de poder público con las facultades de que se halla investida, como entidad soberana en un nivel superior, o bien, si lo hace en condiciones similares a los particulares sin atributos de autoridad, pues en este último supuesto es sujeto de derecho privado, por lo que debe cumplir con las obligaciones que contraiga, y eventualmente puede sufrir una afectación de su esfera jurídica cuando se establece una relación de coordinación con los particulares, verbigracia, las resoluciones de contratos civiles, mercantiles, administrativos o laborales, pues en estos casos, actuaran las personales morales oficiales en defensa de la titularidad del derecho adquirido en un plano de igualdad con los particulares. En el caso, no se acredita en autos que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, por conducto de los ediles que lo integran, a quienes se atribuye la desposesión del bien inmueble consistente en. cuyas medidas y colindancias fueron precisadas en líneas precedentes; haya dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar un acto unilateral, emanado de imperio sobre el aquí quejoso, es decir, que la ocupación por parte de dicho ayuntamiento se haya realizado dentro de una relación de supra-subordinación. Por el contrario, se advierte que dicha persona moral oficial al momento de la presentación de la demanda de amparo tenía la posesión del referido inmueble con motivo del contrato de comodato que celebró el. en el que, según se expuso en líneas precedentes, ésta, en su calidad de comodante concedió gratuitamente al citado ayuntamiento el uso del referido bien. Esto es, el ayuntamiento de mérito ocupa el plucitado inmueble con base en un contrato civil celebrado en un plano de igualdad con una particular que, en ejercicio de su derecho de propiedad, le otorgó gratuitamente su uso, es decir, en una relación de coordinación. Ante ello, el actuar del Ayuntamiento responsable en absoluto entraña un acto de autoridad investido de imperio o desplegado a través de su fuerza pública, pues no existe constancia de ello, sino que, como cualquier particular, ocupa el citado inmueble por habérsele otorgado su uso por quien se ostentó como su propietaria. No pasa inadvertido que el quejoso, en su escrito de alegatos recibido en este juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. realizó diversos argumentos en el sentido de que el contrato de compraventa celebrado el. entre esta última como comodante y el Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, como comodatario; son actos jurídicos simulados e inexistentes. Sin embargo, la suscrita se encuentra impedida para determinar si el contrato de compraventa en el que. adquirió la propiedad del bien ocupado y, en consecuencia, el contrato de comodato en el que confirió el uso de dicho inmueble al Ayuntamiento de mérito, son simulados y, por ende, decretar su nulidad en términos de lo dispuesto en el artículo 2116 y 2117, del Código Civil del Estado de Veracruz, pues tal facultad se encuentra reservada a la autoridad ordinaria competente. En efecto, emprender dicho análisis implicaría hacer un pronunciamiento respecto del conflicto que evidentemente ha surgido entre la propiedad que sostiene tener. sobre el bien que otorgó en comodato al Ayuntamiento, y la que aduce tener el quejoso sobre el mismo (como fracción inmersa en un inmueble de mayor superficie del que dice ser propietario); pues la simulación del contrato de comodato se hace depender principalmente de la atribuida al contrato de compraventa en el que. funda su propiedad. Tal conflicto no puede ser dilucidado en esta vía biinstancial, habida cuenta que el juicio de amparo, al tenor de la ley de la materia, fue instituido como un sistema de protección de los particulares contra actos de autoridad que violen sus derechos humanos, por lo que las facultades del Poder Judicial de la Federación en materia de amparo deben limitarse a la constatación de la existencia o inexistencia de dichas situaciones, y por ende, cuando se trate de conflictos respecto del mejor derecho de poseer un inmueble, el mismo no puede ser resuelto en esta vía, sino por la autoridad ordinaria competente. Sin que lo concluido deje en estado de indefensión al peticionario, en la medida de que tiene expedito el derecho de intentar nulificar los contratos a que se ha hecho referencia, mediante el ejercicio de la acción que corresponda ante los tribunales ordinarios. Por lo previamente expuesto, no se colma la nota característica de los actos de autoridad precisada en líneas precedentes bajo el inciso. De ahí que se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia a que se ha hecho mención en este considerando, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Ante el sobreseimiento decretado, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación vertidos. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de doce de febrero de dos mil veinte. se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos. de la Ley de Amparo vigente, se. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por. contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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