Maribel Delgado Valdivia

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Maribel Delgado Valdivia
  • Juez de Garantías del Poder Judicial del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Feneció término legal. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado auto ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de ley. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de disco compacto. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase el disco compacto a la autoridad responsable que remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Notificación por lista. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que les fue otorgado a los terceros interesados María Esperanza Rodríguez Gallegos, Andrés Molina Pérez y Carmen González Rodríguez, en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, a fin de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por ende, se ordena realizar por lista la notificación del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes que se generen el presente asunto, aun las de carácter personal, a los terceros interesados María Esperanza Rodríguez Gallegos, Andrés Molina Pérez y Carmen González Rodríguez, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte tercero interesada MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ GALLEGOS, ANDRÉS MOLINA PÉREZ Y CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, el auto de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo: "... El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación que antecede y con los oficios que remite el Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, registrados con los números 12586 y 12587 y anexo que a uno de ellos acompaña. Conste. Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente juicio se encontraban señaladas las nueve horas con veinte minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no tuvo lugar dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Autoridad informa. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 3263/2020, que se le instruye a la aquí quejosa Maribel Delgado Valdivia, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se dictó sentencia en contra de la antes citada, y que en esa misma fecha se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, por ende, fue puesta en libertad el veinticuatro de diciembre dos mil veinte. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de las misivas y documentales remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que en audiencia de procedimiento abreviado de veinticuatro de diciembre dos mil veinte, celebrada en la causa penal 3263/2020, instruida a Maribel Delgado Valdivia, se le dictó sentencia condenatoria, en la cual se impuso una pena de tres años y seis meses de prisión y una unidad de medida de actualización, por el delito de robo calificado a comercio abierto al público, ejecutando violencia, asimismo, se le negó el beneficio de la sustitución de la pena de prisión y se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, mediante el pago de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), también se le condenó a la reparación del daño, por la cantidad de $3,013.78 (tres mil trece pesos con 78/100 moneda nacional), por reunir los requisitos que exigen el numeral 92 del Código Penal del Estado. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la quejosa Maribel Delgado Valdivia, fue puesta en libertad por lo que respecta a la causa penal 3263/2020, toda vez que se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, y como consecuencia, se decretó la suspensión de la pena de prisión de tres años seis meses así como la multa impuesta. Así entonces, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, el cual se actualiza cuando en el procedimiento judicial que se sigue se emite un acto que hace que los efectos del motivo de reclamo se consumen en su totalidad, resultando imposible entrar al estudio de su constitucionalidad, sin afectar la nueva determinación de la autoridad. La causal de improcedencia aludida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso que nos ocupa, la quejosa Maribel Delgado Valdivia reclamó la prisión preventiva que se le impuso el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 3263/2020. Ahora, de los oficios y documentales remitidos por la responsable, se advierte que la quejosa Maribel Delgado Valdivia, dentro de un procedimiento abreviado fue sentenciada el veinticuatro de diciembre del año pasado, en donde se le dictó sentencia condenatoria y se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, y al acogerse a este beneficio fue puesta en libertad, ocasionando con ello que se actualizara un cambio de situación jurídica en el procedimiento, en virtud de que con el dictado de la sentencia y la concesión del citado beneficio al cual pudo acogerse la sentenciada hoy quejosa, se destruyeron totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2261, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que permite concluir que a pesar de que surtió sus efectos la prisión preventiva oficiosa reclamada, se considera incluso que con las violaciones a la esfera jurídica de la quejosa, que en su caso pudiera existir, es un acto consumado irreparablemente, al no poder entrar al estudio de la constitucionalidad de esa resolución, sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento judicial instaurado en su contra, en el cual, como se dijo, se sentenció a la quejosa, misma que se acogió al beneficio que le fue concedido en sentencia, obteniendo su libertad inmediatamente. En las relatadas circunstancias, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues al cambiar la situación jurídica de la quejosa, se consumaron 1 Época: Quinta Época, Registro: 394182; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Materia(s): Común; Tesis: 226; Página: 153. ??????????????? irreparablemente los actos y las violaciones reclamadas por ésta de forma definitiva; por lo que, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, ya que no es posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, y obligar a la responsable a restituir el goce del derecho violado a la quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la gobernada. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Sirve de puntual apoyo a lo anterior la tesis2 Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y 2 Tesis aislada III.2o.P.150 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, libro 64, Marzo de 2019, tomo III, página 2675, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2019590. previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Además, robustece lo anterior la tesis X.2o.1 P (10a.)3 pronunciada por Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de 3 Época: Décima Época, Tesis: X.2o.1 P (10a.), registro: 2022025, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, fuente: Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 21 de agosto de 2020, Materia(s): Común ?????????????? la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia4 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 4 Época: Novena Época; Registro: 184572; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo de 2003; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 10/2003; Página: 386. Como consecuencia a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.)5, que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso 5 Época: Décima Época; Registro: 2005917; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s):Constitucional, Común; Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.); Página: 325. a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)6, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, lo anterior encuentra sustento con el criterio contenido en la tesis X.2o.1 P (10a.)7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de título y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en 6 Época: Décima Época; Registro: 2005717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.); Página: 487. 7 Época: Décima Época; Registro: 2022025;; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI; Materia(s): Común, Penal; Tesis: X.2o.1 P (10a.); Página: 5981 cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente juicio se encontraban señaladas las nueve horas con veinte minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no tuvo lugar dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Autoridad informa. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 3263/2020, que se le instruye a la aquí quejosa Maribel Delgado Valdivia, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se dictó sentencia en contra de la antes citada, y que en esa misma fecha se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, por ende, fue puesta en libertad el veinticuatro de diciembre dos mil veinte. Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de las misivas y documentales remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que en audiencia de procedimiento abreviado de veinticuatro de diciembre dos mil veinte, celebrada en la causa penal 3263/2020, instruida a Maribel Delgado Valdivia, se le dictó sentencia condenatoria, en la cual se impuso una pena de tres años y seis meses de prisión y una unidad de medida de actualización, por el delito de robo calificado a comercio abierto al público, ejecutando violencia, asimismo, se le negó el beneficio de la sustitución de la pena de prisión y se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, mediante el pago de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), también se le condenó a la reparación del daño, por la cantidad de $3,013.78 (tres mil trece pesos con 78/100 moneda nacional), por reunir los requisitos que exigen el numeral 92 del Código Penal del Estado. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la quejosa Maribel Delgado Valdivia, fue puesta en libertad por lo que respecta a la causa penal 3263/2020, toda vez que se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, y como consecuencia, se decretó la suspensión de la pena de prisión de tres años seis meses así como la multa impuesta. Así entonces, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, el cual se actualiza cuando en el procedimiento judicial que se sigue se emite un acto que hace que los efectos del motivo de reclamo se consumen en su totalidad, resultando imposible entrar al estudio de su constitucionalidad, sin afectar la nueva determinación de la autoridad. La causal de improcedencia aludida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso que nos ocupa, la quejosa Maribel Delgado Valdivia reclamó la prisión preventiva que se le impuso el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 3263/2020. Ahora, de los oficios y documentales remitidos por la responsable, se advierte que la quejosa Maribel Delgado Valdivia, dentro de un procedimiento abreviado fue sentenciada el veinticuatro de diciembre del año pasado, en donde se le dictó sentencia condenatoria y se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, y al acogerse a este beneficio fue puesta en libertad, ocasionando con ello que se actualizara un cambio de situación jurídica en el procedimiento, en virtud de que con el dictado de la sentencia y la concesión del citado beneficio al cual pudo acogerse la sentenciada hoy quejosa, se destruyeron totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que permite concluir que a pesar de que surtió sus efectos la prisión preventiva oficiosa reclamada, se considera incluso que con las violaciones a la esfera jurídica de la quejosa, que en su caso pudiera existir, es un acto consumado irreparablemente, al no poder entrar al estudio de la constitucionalidad de esa resolución, sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento judicial instaurado en su contra, en el cual, como se dijo, se sentenció a la quejosa, misma que se acogió al beneficio que le fue concedido en sentencia, obteniendo su libertad inmediatamente. En las relatadas circunstancias, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues al cambiar la situación jurídica de la quejosa, se consumaron irreparablemente los actos y las violaciones reclamadas por ésta de forma definitiva; por lo que, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, ya que no es posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, y obligar a la responsable a restituir el goce del derecho violado a la quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la gobernada. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Sirve de puntual apoyo a lo anterior la tesis Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Además, robustece lo anterior la tesis X.2o.1 P (10a.) pronunciada por Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, lo anterior encuentra sustento con el criterio contenido en la tesis X.2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de título y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Notifíquese personalmente.

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