Mariano Rafael Soto Cortez
Expediente 1412/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Baja California, Con Sede En Esta Ciudad
- Mariano Rafael Soto Cortez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mariano Rafael Soto Cortez, esto último para el efecto que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Cuatro de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su respectiva competencia realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso." Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestaran lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con el oficio de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que manifiesta que dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida contra el quejoso. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida contra el quejoso; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectua sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse sobreseído, negado y concedido la protección respecto del acto reclamado, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
que en esta fecha notifiqué a la parte quejosa MARIANO RAFAEL SOTO CORTEZ, el auto de dieciocho de diciembre de veinte, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo: "...Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mariano Rafael Soto Cortez, esto último para el efecto que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Cuatro de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su respectiva competencia realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso." Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestaran lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con el oficio de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que manifiesta que dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida contra el quejoso. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida contra el quejoso; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectua sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse sobreseído, negado y concedido la protección respecto del acto reclamado, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las constancias relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Informes justificados. Se ordena glosar a los autos para que surtan sus efectos legales los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
- Incidental
Informes previos: Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes previos rendidos por las autoridades responsables y con fundamento en el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
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