Maribel Arredondo Morales
Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maribel Arredondo Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se proveyó respecto al informe con justificación que tuvo a bien rendir la Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, así como al cumplimiento que formuló este Juzgado de Distrito, a los que adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, de las que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra demostrada la personalidad de la parte quejosa Maribel Arredondo Morales, así como la de su apoderado legal, lo anterior dentro de los autos del juicio laboral de origen 720/2019, del índice de la responsable. En efecto, los preceptos legales invocados en último término establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]." De lo anterior se obtiene que una persona podrá promover amparo por sí, por medio de su representante legal o apoderado; a contrario sensu, por regla general, cuando el juicio de amparo no sea promovido por el representante legal o apoderado de la persona quejosa, tal juicio deviene improcedente. Asimismo, los citados artículos, disponen que el quejoso es la persona que alude ser titular de un derecho subjetivo, el cual se vio afectado por la acción u omisión de la autoridad responsable. De igual forma, el artículo 6 de la propia Ley de Amparo, dispone que, la persona que puede promover el juicio de amparo, es aquella física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la misma ley, asimismo, manifiesta que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Así, la personalidad constituye un presupuesto procesal que por regla general debe satisfacerse en el juicio de amparo desde la presentación de la demanda, en términos del artículo 108, fracción I, de la ley de la materia; sin embargo, los artículos 5 y 6, de la propia ley de amparo, establecen los requisitos que deben de cumplir las personas que soliciten la tutela jurisdiccional, o que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. Por lo que este juzgado federal admitió la demanda en su momento y requirió a la autoridad responsable informara respecto de la personalidad con la que promovía Héctor Guillermo Terrazas Galindo, en representación de la que manifestó ser quejosa y actora en el juicio laboral de origen Maribel Arredondo Morales, a lo que la responsable al rendir su informe justificado informó que dicha persona no cuenta con personalidad acreditada ni reconocida en autos del juicio laboral de origen, asimismo, la responsable señaló que la parte quejosa Maribel Arredondo Morales, no forma parte del juicio laboral de origen 720/2019, remitiendo copias certificadas de las constancias relativas para acreditar su dicho, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, el que resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca por sus conceptos jurídicos la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 235: ".PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ AL DICTAR SENTENCIA PUEDE ANALIZARLA AUNQUE LA HAYA ADMITIDO INICIALMENTE CON BASE EN UN DOCUMENTO INSUFICIENTE SIN QUE PROCEDA PREVENIR PARA QUE SE ACREDITE. Es cierto que, por regla general, cuando la demanda de garantías se promueve a través de representante legal y el juez de Distrito estime que no se acredita debidamente la personalidad ostentada por el promovente, para resolver sobre su admisión o desechamiento, no debe proceder a desecharla de inmediato, sino que tal deficiencia deberá considerarla como un motivo de obscuridad que da lugar a la prevención para que se aclare conforme el artículo 146 de la Ley de Amparo y no como una causa manifiesta de improcedencia; sin embargo, en aquellos casos que se encuentran ya en ulteriores etapas del procedimiento del juicio constitucional, como ocurre cuando al dictarse la sentencia, el juez de Distrito, haciendo uso de la facultad que la ley le confiere para analizar la personalidad de las partes en cualquier fase del juicio, advierte que alguna de ellas no la justificó, ya no estará obligado a prevenir al promovente para que compruebe ese presupuesto procesal a pesar de que hubiere admitido la demanda, dado que acorde a lo antes expuesto, dicha prevención sólo está prevista para subsanar la deficiencia de la demanda antes de resolver sobre su admisión y porque, además, es carga de las partes presentar el documento que justifique la personalidad con la que promueven.". Por lo anterior, toda vez que no se encuentra demostrada la personalidad de quien promueve dentro del juicio del que emana el acto reclamado; se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo y, en ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción I, constitucional; 5, 6, 61, fracción XXIII y 63, fracción V, todos de la ley de la materia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia cuyos datos de texto y localización, enseguida se transcriben: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena época Materias: Común Tesis: 2ª/J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, marzo de 2003, página 386 Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, no se contrapone con el dictado del sobreseimiento fuera de audiencia aquí dictado, en virtud de que la causa de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas de este día. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se proveyó respecto al informe con justificación que tuvo a bien rendir la Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, así como al cumplimiento que formuló este Juzgado de Distrito, a los que adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, de las que este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra demostrada la personalidad de la parte quejosa Maribel Arredondo Morales, así como la de su apoderado legal, lo anterior dentro de los autos del juicio laboral de origen 720/2019, del índice de la responsable. En efecto, los preceptos legales invocados en último término establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." De lo anterior se obtiene que una persona podrá promover amparo por sí, por medio de su representante legal o apoderado; a contrario sensu, por regla general, cuando el juicio de amparo no sea promovido por el representante legal o apoderado de la persona quejosa, tal juicio deviene improcedente. Asimismo, los citados artículos, disponen que el quejoso es la persona que alude ser titular de un derecho subjetivo, el cual se vio afectado por la acción u omisión de la autoridad responsable. De igual forma, el artículo 6 de la propia Ley de Amparo, dispone que, la persona que puede promover el juicio de amparo, es aquella física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la misma ley, asimismo, manifiesta que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Así, la personalidad constituye un presupuesto procesal que por regla general debe satisfacerse en el juicio de amparo desde la presentación de la demanda, en términos del artículo 108, fracción I, de la ley de la materia; sin embargo, los artículos 5 y 6, de la propia ley de amparo, establecen los requisitos que deben de cumplir las personas que soliciten la tutela jurisdiccional, o que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. Por lo que este juzgado federal admitió la demanda en su momento y requirió a la autoridad responsable informara respecto de la personalidad con la que promovía Héctor Guillermo Terrazas Galindo, en representación de la que manifestó ser quejosa y actora en el juicio laboral de origen Maribel Arredondo Morales, a lo que la responsable al rendir su informe justificado informó que dicha persona no cuenta con personalidad acreditada ni reconocida en autos del juicio laboral de origen, asimismo, la responsable señaló que la parte quejosa Maribel Arredondo Morales, no forma parte del juicio laboral de origen 720/2019, remitiendo copias certificadas de las constancias relativas para acreditar su dicho, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, el que resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca por sus conceptos jurídicos la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 235: ".PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ AL DICTAR SENTENCIA PUEDE ANALIZARLA AUNQUE LA HAYA ADMITIDO INICIALMENTE CON BASE EN UN DOCUMENTO INSUFICIENTE SIN QUE PROCEDA PREVENIR PARA QUE SE ACREDITE. Es cierto que, por regla general, cuando la demanda de garantías se promueve a través de representante legal y el juez de Distrito estime que no se acredita debidamente la personalidad ostentada por el promovente, para resolver sobre su admisión o desechamiento, no debe proceder a desecharla de inmediato, sino que tal deficiencia deberá considerarla como un motivo de obscuridad que da lugar a la prevención para que se aclare conforme el artículo 146 de la Ley de Amparo y no como una causa manifiesta de improcedencia; sin embargo, en aquellos casos que se encuentran ya en ulteriores etapas del procedimiento del juicio constitucional, como ocurre cuando al dictarse la sentencia, el juez de Distrito, haciendo uso de la facultad que la ley le confiere para analizar la personalidad de las partes en cualquier fase del juicio, advierte que alguna de ellas no la justificó, ya no estará obligado a prevenir al promovente para que compruebe ese presupuesto procesal a pesar de que hubiere admitido la demanda, dado que acorde a lo antes expuesto, dicha prevención sólo está prevista para subsanar la deficiencia de la demanda antes de resolver sobre su admisión y porque, además, es carga de las partes presentar el documento que justifique la personalidad con la que promueven.". Por lo anterior, toda vez que no se encuentra demostrada la personalidad de quien promueve dentro del juicio del que emana el acto reclamado; se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo y, en ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción I, constitucional; 5, 6, 61, fracción XXIII y 63, fracción V, todos de la ley de la materia, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia cuyos datos de texto y localización, enseguida se transcriben: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena época Materias: Común Tesis: 2/J 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, marzo de 2003, página 386 Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, no se contrapone con el dictado del sobreseimiento fuera de audiencia aquí dictado, en virtud de que la causa de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas de este día. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora respecto del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que señaló el catorce de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento a favor del quejoso ordenado en los autos del expediente 01/407/2016, por lo que se le tiene informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la diligencia que señaló para el catorce de octubre de dos mil veintidós, en los autos del expediente 01/407/2016, o en su caso informe las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento a la ejecutoría de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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