Marias Rivera Maria Agustina
Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marias Rivera Maria Agustina
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección solicitado. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 207/2021 y mediante ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, determinó revocar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ". Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Dicte otra en la que considere que no se configura la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa y, por tanto, se abstenga de sancionarla por los retrasos en cuanto al horario correspondiente, y que dieron lugar a los procedimientos administrativos (276/2018 y 323/2918) de los que derivó la resolución sancionadora, atendiendo a los razonamientos vertidos en esta presente ejecutoria. (48) Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no combatirse por vicios propios. ...". Por lo anterior, vista la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables a través de los oficios sin número de catorce de marzo dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 276/2018 y su acumulado 323/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de once de marzo de dos mil veinte, y ordenó la cancelación al registro y sanción realizadas en cumplimiento a la determinación reclamada y se pronunció considerando que no se configura la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa y, por tanto, se abstenga de sancionarla por los retrasos en cuanto al horario correspondiente, que dieron lugar a los procedimientos administrativos (276/2018 y 323/2918) de los que derivó la resolución sancionadora, atendiendo a los razonamientos vertidos en esta presente ejecutoria, todo ello en cumplimiento a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, ordenando girar los oficios correspondientes procediendo a realizar las anotaciones conducentes. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficio sin número de veintisiete de abril de dos mil veintidós y oficio con terminación 1624/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, por los que acreditan haber realizado las anotaciones y los registros correspondientes de la resolución reclamada como de la nueva determinación e hicieron la devolución del concepto de multa vía transferencia a la cuenta de la aquí quejosa, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 276/2018 y su acumulado 323/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de once de marzo de dos mil veinte, ordenó la cancelación al registro y sanción realizadas en cumplimiento a la determinación reclamada y se pronunció considerando que no se configura la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa, por tanto, se abstenga de sancionarla por los retrasos en cuanto al horario correspondiente, y que dieron lugar a los procedimientos administrativos (276/2018 y 323/2918) de los que derivó la resolución sancionadora, atendiendo a los razonamientos vertidos en esta presente ejecutoria, todo ello en cumplimiento a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, ordenando girar los oficios conducentes para realizar las anotaciones conducentes. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficio sin número de veintisiete de abril de dos mil veintidós y oficio con terminación 1624/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, por los que acreditan haber realizado las anotaciones y los registros correspondientes de la resolución reclamada como de la nueva determinación e hicieron la devolución del concepto de multa vía transferencia a la cuenta de la aquí quejosa, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que considere que no se configura la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa y, por tanto, se abstenga de sancionarla por los retrasos en cuanto al horario correspondiente, y que dieron lugar a los procedimientos administrativos (276/2018 y 323/2918) de los que derivó la resolución sancionadora, atendiendo a los razonamientos vertidos en esta presente ejecutoria, concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no combatirse por vicios propios. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, remitieron copia certificada de la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la queja administrativa 276/2018 y su acumulado 323/2018, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de once de marzo de dos mil veinte, ordenó la cancelación al registro y sanción realizadas en cumplimiento a la determinación reclamada y se pronunció considerando que no se configura la causa de responsabilidad atribuida a la quejosa y, por tanto, se abstenga de sancionarla por los retrasos en cuanto al horario correspondiente, y que dieron lugar a los procedimientos administrativos (276/2018 y 323/2918) de los que derivó la resolución sancionadora, atendiendo a los razonamientos vertidos en esta presente ejecutoria, todo ello en cumplimiento a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, ordenando girar los oficios conducentes para realizar las anotaciones conducentes. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios sin número de veintisiete de abril de dos mil veintidós y oficio con terminación 1624/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, por los que acreditan haber realizado las anotaciones y los registros correspondientes de la resolución reclamada como de la nueva determinación e hicieron la devolución del concepto de multa vía transferencia a la cuenta de la aquí quejosa, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó, respectivamente, conceder y negarla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido en exceso según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME el auto de referencia. En su oportunidad y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. VJRH
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marías Rivera María Agustina, quien promueve por su propio derecho, contra actos del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 412/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención: Antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise la fecha en que presentó su escrito ante la Dirección de Gobernación Normatividad y Comercio en la vía pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, toda vez que no lo señala con claridad en su escrito de demanda, pues si bien del capítulo del acto reclamado precisa que el escrito fue presentado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y del capítulo de antecedentes se advierte que la fecha en que presento el citado escrito fue el veintisiete del mismo mes y año. SEGUNDO. Precise qué acto en concreto reclama al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Precise para qué efecto solicita la suspensión del acto reclamado. CUARTO. Manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la omisión de acordar los escritos que refiere en su demanda de amparo; en caso afirmativo, precise la fecha en que promovió esos juicios de amparo, qué juzgado de distrito le correspondió conocer de los mismos; con qué números fueron radicados; además del estado procesal de esos juicios constitucionales. QUINTO. Se hace notar a la ocursante que deberá exhibir copias suficientes para distribuir entre las partes de su escrito aclaratorio, en el supuesto de no promover en línea. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento a la promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de éste proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte promovente en su escrito de demanda para los efectos que indica, y por autorizadas a las personas que precisa en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por cuanto a las diversas personas que refiere se les tiene por autorizados en términos de la última parte del referido precepto legal. Notificaciones electrónicas: Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza las notificaciones electrónicas, a través del usuario que refiere, siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomando en consideración que el promovente eligió como vía de notificación de los autos o resoluciones que se emitan en este expediente, el de "notificaciones electrónicas por medio del usuario que refiere", lo que ya ha sido acordado favorablemente en el párrafo que antecede, no ha lugar a tener el domicilio que propone para oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos: De este momento se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación; en el entendido que el presente expediente se encuentra a su disposición en el recinto de este juzgado, sin embargo, atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal y los protocolos de seguridad en relación con la pandemia de Covid-19; para la consulta física y reproducción a través de los medios electrónicos, deberá solicitar la cita correspondiente a través del sistema de "Agenda OJ". Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio de los usuarios que refiere; de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando las cuentas se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Del juicio en línea: Se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jaime Cesar Pereyra Román, que autoriza y da fe. Doy fe
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