Mariano Ventura Muñoz

Expediente 564/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
564/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
04/06/2015

Partes del expediente

  • Mariano Ventura Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido y ordena agregar a los autos el oficio signado por la Encargada de Presidencia de la Junta especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias de las que se advierte que la parte quejosa no acudió a la cita con el Actuario de la junta responsable, para lograr el requerimiento del pago a la parte demandada. Con el oficio de cuenta, dése vista tanto a la parte quejosa como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos precisados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal del presente juicio en que se actúa, del que se desprende que la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por auto veintitrés de febrero de dos mil quince, envió el exhorto a su homóloga en México, Distrito Federal; en tales condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, informe el tratamiento a dicho exhorto o las gestiones que se encuentre realizando a fin de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/1069/11-JE1 de su índice. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se procederá en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el telegrama que signa el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes; toda vez que por auto de quince de abril de dos mil quince, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.JC

  4. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de ocho de abril de dos mil quince, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar; que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil quince. INFORME. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Liliana García Ortega, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ".En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: a) No se aplique a la parte quejosa en el caso concreto y ni en lo futuro, el artículo 94 Bis a 94 Bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $29,800.00 (veintinueve mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación del citado precepto. . Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, es que con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $7,450.00 (siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos citados. . En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en el artículo 78 de la Ley de Amparo, por lo que los efectos de la presente concesión son para que le sea devuelta la cantidad erogada por concepto de derechos de registro. En consecuencia los efectos de la sentencia son para que: a) No se aplique a la parte quejosa en el caso concreto y ni en lo futuro, el artículo 77 fracción II, y 78 fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad erogada por el especificado concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado, esto es de $22,350.00 (veintidós mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que incluye el pago del adicional, toda vez que al resultar inconstitucional la base del cobro no hay sustento para éste último; el cual deberá ser debidamente actualizado..." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...

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