Mariano Valdovinos Rodríguez
Expediente 1057/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mariano Valdovinos Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dieciocho de agosto del dos mil quince, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil trece, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Cynthia Flores Jiménez, contra el contenido del artículo 77, fracción II, que dispone el cobro por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de la cantidad de $2,857.00 (dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.), por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, que fue en aplicación de la norma legal en cita y que reclamó a las autoridades, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de dicha Secretaria; en términos de lo precisado en el considerando octavo de la sentencia, asimismo, contra el contenido de los artículos 94 bis a 94 bis-12, que prevén el sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de la Ley General Hacienda Municipal del Estado de Morelos, también respecto de los actos de aplicación de dicha norma, traducidos en el cobro del citado impuesto y su adicional por la cantidad de $15,875.00 (quince mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), que se reclamó al Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en términos de lo precisado en el considerando noveno de la sentencia. Por auto dictado el doce de diciembre de dos mil trece, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el trece de enero de dos mil catorce, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0024813, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $2,780.27 (dos mil setecientos ochenta pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, solamente en cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió los cheques correspondientes, de las autoridades responsables, ya que se puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la delegada de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual, solicita de nueva cuenta prórroga para dar el debido cumplimiento; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, y dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo que se deberá estar a lo acordado en auto de veintisiete de julio de dos mil quince. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1057/2015-II, promovido por MARIO VALDOMINOS RODRIGUEZ, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese día a este Juzgado de Distrito, MARIO VALDOMINOS RODRIGUEZ, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, Ayuntamiento de Temixco, Morelos, Tesorería Municipal de Temixco, Morelos y Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Previo requerimiento, por auto de cinco e junio de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el expediente de amparo 1057/2015-II; además, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Finalmente, habiéndose continuado con el trámite correspondiente, se dio inicio a la celebración la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se tratan de los siguientes: El contenido de los artículos 119 a 125, 94 Bis al 94 Bis 12 y 94 ter a 94 Ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativo al impuesto adicional del impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. El cobro de la cantidad de $7,475.00 (siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); en aplicación de la disposición descrita de acuerdo al recibo oficial C-2898 y declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, expedido por la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos. El contenido del artículo 77, fracción II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis. El cobro de la cantidad de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que estima el cobro de derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de en aplicación del artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, que efectuó la autoridad responsable Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. El cobro de la cantidad de $1,431.00 (mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional) que estima el cobro de derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado en aplicación del artículo 77, fracción IV de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, que efectuó la autoridad responsable, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. TERCERO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, refrendo, sanción y publicación, respectivamente en la esfera de su competencia, de los artículos 119 a 125, 94 Bis al 94 Bis 12 y 94 Ter a 94 Ter 11 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 77 fracción II y IV de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En cuanto al acto de aplicación del impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, se aprecia que sí se demostró la existencia, consistente en el cobro por un monto de $7,475.00 (siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), pero en aplicación de los artículos 94 Ter a 94 Ter 11 y 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, y su adicional establecido en los artículos 119 a 125 de la aludida ley, toda vez que de las constancias que adjuntó a su informe el Notario, exhibió copia certificada del recibo municipal y del formato de declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles (foja 131 y 132), admiculado con la escritura pública 256,690; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos consistentes en el cobro de la cantidad de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 moneda nacional), $1,431.00 (mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional); porcentaje es el que está previsto en el artículo 77, fracción II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que así se desprende de las copias certificadas relativas a los recibos oficiales 408343 y 1408337 expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En el caso a estudio se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". De acuerdo a las razones que expone la autoridad responsable, se considera que sí es fundada la causal de improcedencia relativa a la inexistencia de actos de aplicación, respecto de la disposición combatida artículo 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. Conveniente explicar que el quejoso reclama las disposiciones legales citadas, según se advierte de la demanda, con motivo la aplicación en su perjuicio. En ese supuesto, es decir, cuando el reclamo de la norma obedece a un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que el mismo se acredite; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso; pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no son inconstitucionales, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Página: 63, Tesis: 90, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, del tenor literal siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación.". En ese sentido, a pesar de demostrarse la existencia de un cobro por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, a razón de $7,475.00 (siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), la quejosa tenía la carga probatoria de presentar en el juicio, los documentos que sustentaran que dichos cobros atribuidos a la citada autoridad municipal, tenían origen en los artículos 94 bis a 94 bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Es verdad que está en autos exhibió copia certificada del formulario de declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, expedido por el Tesorero del Municipio de Temixco, Morelos, pero de este no se desprenden datos de los cuales, objetivamente, pueda apreciarse qué las cantidades que se cobraron por los conceptos de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, tuvieron sustento en los artículos 94 bis a 94 bis 12 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. Tampoco en la escritura pública 269,690 se hace referencia a la aplicación de las normas jurídicas señaladas en el párrafo anterior. Entonces, no se desprende de dichos documentos, dato alguno relativo a la existencia de los actos de aplicación de las normas que atañen al presente juicio, 94 bis a 94 bis 12 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. Por lo tanto, no se les concede a dichas documentales, eficacia probatoria para acreditar la aplicación de las normas impugnadas, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, cabe señalar que los artículos 94 bis a 94 bis12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, fueron derogados a través de decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el seis de noviembre de dos mil trece, entrando en vigor dicho decreto, al día siguiente de la publicación, como se aprecia del artículo primero del decreto. A su vez, el Congreso del Estado de Morelos, en decreto publicado en la misma fecha, emitió los artículos 94 ter a 94 ter 11, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que regulan el sistema de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Estas normas jurídicas, ya tenían vigencia el veintinueve de marzo de dos mil catorce, fecha posterior en que se celebró el acto jurídico de compraventa que se hizo constar en la escritura pública. Por lo que la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11, ocurrió a la parte quejosa con el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la firma de la escritura pública 269,690; por consiguiente, de acuerdo con el material probatorio aportado en el juicio, no se demostró que hubiera sido en aplicación de los artículos 94 bis a 94 bis 12, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. En estas condiciones, debe sobreseerse respecto del reclamo de estas últimas disposiciones, por no demostrarse que los actos de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, tuvieran sustento en ellas, ya que no se debe perder de vista que resulta necesario que se compruebe fehacientemente, la existencia de actos en los que se concrete expresa o implícitamente en perjuicio del gobernado, la hipótesis normativa que combata, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías sino, de su plena demostración. Orientan tal argumento, la tesis de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Primera Parte, Página: 79, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". También es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235 "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En conclusión, respecto a las explicadas normas jurídicas tildadas de inconstitucionales, se actualiza la causal de improcedencia explicada, por lo que debe sobreseerse conforme al diverso 63, fracción V, de la Ley de amparo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Marzo de 1998, Tesis: 2a./J. 12/98, Página 323, del rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. De igual forma, dada la inexistencia del acto concreto de aplicación del 94 Bis al 94 Bus 12 de la ley General de Hacienda Municipal, se debe sobreseer en el juicio de amparo conforme lo previsto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. En relación con el acto reclamado que se le atribuye al Director de Registro del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con al numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Estas disposiciones legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En efecto, se actualiza dicha causal, en virtud de que dicha autoridad; no ordenó, emitió, dictó, publicó, ni ejecutó el acto que se le reclama, por lo que no puede considerársele como responsables en el presente juicio, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a la citada autoridad. Máxime que en la especie se acreditó dicho acto reclamado respecto de las diversas autoridades responsables Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Septiembre de 2005, Página: 1363, Tesis: I.5o.P. J/3, que continuación se cita: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." En mérito de lo expuesto, se declara el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el artículo 5, disposiciones todas de Ley de Amparo, por lo que se refiere al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Es aplicable la jurisprudencia Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Jurisprudencia Materia Común, rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. Siguiendo con este orden de ideas, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107 y con el diverso 217, todos de la Ley de Amparo en relación a los artículos 119 a 125, 94 ter a 94 Ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 77, fracción II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. ..." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. ..." Lo anterior por las consideraciones siguientes: El cinco de junio del año en curso el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, emitió la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA. Conforme a la Ley de Amparo, los notarios públicos tienen el carácter de autoridad responsable en aquellos casos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares, provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de ésta, como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de los derechos registrales, en tanto que así se advierte de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos para el Estado de Morelos, de cuyo análisis se colige que dichos fedatarios tienen el carácter de auxiliares de la administración pública local en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, cuando la operación se hace constar en escritura pública; casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto. Así, el cálculo y retención del importe a pagar por los citados conceptos, con motivo de la protocolización de un contrato de compraventa, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del adquirente, pues le imponen una carga económica, al aceptar los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellas, el pago de esas contribuciones, lo que acontece generalmente a la firma de la escritura, instante en el cual resiente la afectación a su esfera jurídica. En consecuencia, si aquellos actos de autoridad no se impugnan a partir de dicha firma por la persona a quien le causa un perjuicio en su patrimonio, adquieren firmeza, pues desde ese momento tiene conocimiento de su existencia, al erogar diversas cantidades por concepto de impuestos y derechos, independientemente de que carezcan de fundamento legal alguno que explique los cobros respectivos, circunstancia que, en todo caso, debió impugnarse por las vías legales conducentes, inclusive mediante el amparo -este último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia-. Arribar a una conclusión diversa llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo, hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas, o que la fecha de su conocimiento aducida por el quejoso pudiera desvirtuar la firmeza que adquirió. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que se invoca, la Superioridad sostuvo que el cálculo o retención que realiza el notario público del importe a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del adquirente, en tanto que le impone una carga económica porque desde el momento en que el gobernado, en su carácter de adquirente, acepta los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellos el relativo al pago de las contribuciones que el mismo genera, es que se resiente la afectación a su esfera jurídica y desde entonces, afirma la Superioridad, el gobernado está en condiciones de controvertirla. Continúo diciendo, que si dicho acto de autoridad no es impugnado oportunamente por el afectado a través de los medios legales conducentes, inclusive, vía amparo, entonces éste adquiere firmeza plena que ya no puede modificarse. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos el juicio de amparo, ese cuerpo colegiado sostuvo en la ejecutoria que se atiende, lo siguiente: "En semejantes términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer las notas distintivas de la autoridad para efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(4) Sobre el tema, no pasa inadvertido a este tribunal, que conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).",(5) se considera que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello se estimó así para un caso específico, esto es, cuando actúan como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización les someten los particulares que continúan ante ellos extrajudicialmente el trámite de una sucesión; sin embargo, a consideración de este tribunal, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sí podían tener tal carácter en otros casos, como es aquellos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, tal como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sobre derechos registrales, en tanto que así se desprende de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos,(6) de cuyo análisis integral se puede concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública del Estado de Morelos, en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubieren pagado; de ahí que no actúan únicamente en su calidad de fedatarios públicos, por lo que tampoco resultan aplicables las diversas tesis aisladas de rubros: "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." y "NOTARIOS, AMPARO CONTRA LOS.",(7) las cuales además, por ser criterios aislados, no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional." Bajo las anteriores consideraciones, dice la Superioridad, el quejoso tiene conocimiento de la existencia del acto de autoridad que le causa perjuicio, cuando la operación se hace constar en escritura pública, en el momento en que el notario, con motivo de la protocolización, retiene al quejoso la cantidad correspondiente por concepto de la contribución reclamada; enseguida sostuvo: "De ahí que, al tratarse de un acto de autoridad que le causaba perjuicio en su patrimonio y no contener, como el propio quejoso y recurrente lo reconoce, fundamento legal alguno que explicara los cobros respectivos, debió haberlo impugnado por las vías legales conducentes, inclusive con el juicio de amparo, este último dentro del término genérico de quince días previsto en la propia Ley de Amparo. No obstante lo anterior, decidió permanecer en ese estado de desconocimiento, en su propio perjuicio, ya que promovió su demanda de garantías hasta el **********,(14) por lo que la conducta omisiva del propio quejoso ha tenido como consecuencia jurídica natural que el acto de autoridad mencionado adquiera firmeza plena, lo que implica que ya no pueda modificarse. Ahora bien, la norma general impugnada por el recurrente, conjuntamente con el acto de aplicación, es de naturaleza heteroaplicativa, porque su afectación está condicionada a que exista un acto de aplicación en su perjuicio, contrariamente a lo que sucede con las leyes autoaplicativas, que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado, lo que se fundamenta en el siguiente criterio jurisprudencial: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.'(15) De esta guisa, se tiene que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 17 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene la obligación de que, en tratándose de leyes heteroaplicativas, como en el caso ocurre, el amparo sólo puede ser promovido con motivo de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, no pudiendo el Juez de Distrito desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por lo que, si de conformidad con lo que el mismo recurrente manifiesta, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se materializó con el acto de autoridad ya señalado, y éste quedó firme por falta de impugnación, resulta improcedente el análisis de las normas combatidas, en estricto acatamiento a la citada jurisprudencia, la que versa al tenor literal siguiente: 'LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada'.(16) Arribar a diversa conclusión nos llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas; o que la fecha de conocimiento del acto reclamado aducida por el quejoso, pudiera desvirtuar la firmeza que tiene el acto de autoridad que no se impugnó en tiempo. Aceptar lo que pretende la parte quejosa implicaría avalar, sin justificación legal alguna, que el gobernado, cuando así le conviniera o lo considerara favorable a sus intereses, investigue cuáles son las normas que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia obligatoria, de entre aquellas que en algún momento le han sido aplicadas por un acto considerado como carente de fundamentación y motivación, e impugnarlas posteriormente sin restricción temporal alguna; lo que desde luego es lógica, moral y jurídicamente insostenible, en razón de que, como se ha venido diciendo, al existir un acto de autoridad lesivo a su patrimonio, desde que tuvo conocimiento del mismo (el pago que realizó por concepto de derechos y retención de impuestos), el afectado estaba en condiciones de controvertirlo y, al no haberlo hecho así, éste adquirió firmeza, sin que ahora pueda beneficiarse de la conducta desinteresada en que incurrió. Sin que pasen desapercibidas para este órgano colegiado, las manifestaciones vertidas por el recurrente, mediante escrito presentado el **********, específicamente en la parte relativa a la vista ordenada en el diverso auto de diez de diciembre de dos mil catorce, porque como se ha señalado en líneas anteriores, es a partir de la fecha de la escritura en que el ahora recurrente tuvo conocimiento de la existencia de un acto que le causaba perjuicio y desde la firma de esa escritura estuvo en posibilidad de reclamarlo a través del medio de defensa correspondiente, y al no haberlo hecho así, adquirió firmeza el acto del que ahora se duele; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. El criterio adoptado en esta ejecutoria no significa desatender las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN." y "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.";(17) lo anterior, en razón de que dichos criterios deben entenderse aplicables en aquellos casos en que el gobernado desconoce la existencia de un acto de autoridad lesivo a sus intereses jurídicos, y la causa que se aplicó para resolver el asunto fue la relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo; situaciones, una y otra que, como se analizó hasta aquí, no ocurren en la especie." Por ello, si en la especie la parte quejosa manifestó en el escrito de demanda, que fue en el momento de presentarse ante el Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos (para el otorgamiento de la escritura pública 269,690, de veintinueve de marzo de dos mil catorce), lo que además se robustece con los recibos de pago de ocho y veinticuatro de abril de dos mil catorce, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Morelos y Tesorería Municipal de Temixco, Morelos y que en copia certificada remitió el Notario Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos con su informe con justificación y que obran a fojas 131, 133 y 135 del expediente, en los que se advierte la misma data en que fue otorgada la escritura pública que dio origen al cobro de las contribuciones reclamadas, instrumento notarial en el que se hizo constar en el capítulo primero la compraventa, lo siguiente: "OCTAVA.- Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente operación, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, serán cubiertos por la parte compradora, con excepción del Impuesto Sobre la Renta, que será cubierto por la parte vendedora." En tanto que en el apartado de Liquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles, se precisó lo siguiente: "LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUSICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN AVALUO $299,000.00 IMPUESTO TASA 2% $ 5,980.00.- MAS 25% ADICIONALES $1,495.00.- IMPUESTO TOTAL A PAGAR 7,475.00." De lo que se advierte que fue a partir de la firma de la escritura pública en que se contienen la compraventa de la propiedad que celebró la parte quejosa, la aquí inconforme resintió perjuicio en su patrimonio con motivo de la retención efectuada por el notario público, de las cantidades por concepto de impuestos y derechos que generó, ello con independencia de que dicho acto adoleciera de fundamento alguno que explicara los cobros respectivos, y que en todo caso debió impugnarse por las vías legales conducentes, incluso mediante el juicio de amparo (esto último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia, como se afirma en la propia ejecutoria que en la presente resolución se observa, cuya parte considerativa ha quedado transcrita), por lo que al no hacerlo así, dicho acto de autoridad desplegado adquirió firmeza al no haber sido controvertido, lo que implica que ya no pueda modificarse, de ahí que resulte irrelevante que la parte quejosa aduzca que tuvo conocimiento de la aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad reclama hasta el trece de mayo de dos mil quince. En razón de lo anterior, al reclamarse las normas impugnadas como heteroaplicativas, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, no pude desvincularse su estudio del que concierne a su acto de aplicación, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se invoca, al resultar improcedente por esa razón el análisis de las normas combatidas, y atento a las consideraciones expresadas en la ejecutoria citada al inicio del presente considerando, de observancia obligatoria para ésta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 217 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR MARIO VALDOVINOS RODRIGUEZ, respecto del contenido de los artículos, 119 a 94 Bis a 94 Bis 12 y 94 Ter a 94 Ter 11, de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; así como su cobro por la cantidad de $7,475.00 (siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de las disposiciones descritas y el contenido del artículo 77 fracción II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis y su cobro por la cantidad de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y $1,431.00 (mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional) en aplicación a los preceptos referidos, que se reclamaron a las autoridades, Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría, Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, Notario Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Tesorero municipal de Temixco, Morelos. Notifíquese personalmente. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del cheque 654, fechado el doce de mayo de dos mil quince, por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recibido por el quejoso el veintidós de junio de dos mil quince; el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta, y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso OSCAR ARTURO FLORES RODRÍGUEZ, mediante el cual manifiesta su conformidad con el cumplimiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; atento a lo anterior, se tienen por formulados los argumentos que vierte en su escrito de cuenta, que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Vistos los acuses de recibo que anteceden, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes Finalmente, tomando en consideración que mediante proveído de quince de mayo de dos mil quince, se impuso una multa a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos ADRIANA FLORES GARZA y de la Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, para vencer la contumacia en cumplir con la sentencia ejecutoria y, como quedó de manifiesto en párrafos que antecede, las mismas han exhibido copia certificada del título de crédito en favor de la parte quejosa, con lo que informan el cumplimiento al fallo protector, actualmente resulta ineficaz la aplicación de la multa. Lo anterior comuníquese al Administrador Local de Recaudación de esta Ciudad, mediante oficio en el que se inserte el presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil quince. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de dieciocho de junio de dos mil quince, por el que se admitió el recurso de revisión hecho valer por el Presidente y Tesorero de Temixco, Morelos, por conducto de su Delegado, contra la resolución de nueve de marzo de dos mil quince, quedando registrado con el número R. A. 156/2014; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Mariano Bernabe Camiro Pérez1546/2018
- Mariano Martin Ocampo Lopez1485/2017
- Mariano Martin Ocampo Lopez82/2019
- Mariano Martin Ocampo Lopez27/2020
- Mariano Moreno Barrios107/2019
- Mariano Saavedra Morales1038/2020
- Mariano Ventura Muñoz564/2015
- Maribel Albavera Flores2031/2014
- Maribel Alvabera Vazquez943/2020
- Maribel Barrera Menjarrez2016/2014
- Maribel Barrera Quiñonez1357/2016
- Maribel Bueno Sánchez2268/2015