Mariano Hernández Pérez
Expediente 228/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mariano Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa y a la tercera interesada el plazo de noventa días a efecto de que comparecieran a este juzgado federal a recoger los documentos que exhibieron en el presente sumario constitucional, sin que a la fecha lo hayan hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, por lo que los documentos que exhibieron serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 228 a 231), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, toda vez que existen documentos originales, exhibidos como medios de prueba por el quejoso y la tercera interesada, se ordena notificar personalmente a dichas partes procesales, para que acudan a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger dichos documentos originales, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente al quejoso y tercera interesada.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y la tercera interesada, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 220 y 221), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 158 a 176). Asimismo, en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la referida resolución (fojas 192 a 195). Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".En ese tenor, ante lo fundado de los conceptos de violación expresados por Mariano Hernández Pérez, lo conducente es conceder el amparo y protección de la justicia federal por cuanto al acto que el atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en esta Entidad, para el efecto de que: Deje insubsistentes los certificados parcelarios que expidió a nombre de Carmen Hernández Pérez, respecto de los predios ejidales que pertenecieron a quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, para que queden vigentes en sus registros los que existían a nombre del finado en comento; y siguiendo el procedimiento que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional le impone para expedir los títulos parcelarios a los sucesores de un ejidatario, determine lo que en derecho proceda..." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número RAN/SLP/AJ/2698/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 208), el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, remitió la constancia de la misma fecha, signada por el Registrador Integral, mediante la cual hace constar que Carmen Hernández Pérez, causó baja como ejidataria, debido a la cancelación de los certificados parcelarios expedidos a su nombre. Asimismo, mediante oficio RAN/SLP/AJ/0112/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 218), el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, remitió la constancia de diecinueve de enero del año en curso, signada por el Registrador Integral, mediante la cual hace constar que quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, se encuentra registrado en calidad de ejidatario, al haber sido activados los certificados parcelarios a su nombre. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable dejó insubsistentes los certificados parcelarios que expidió a nombre de Carmen Hernández Pérez, respecto de los predios ejidales que pertenecieron a quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, quedando vigentes en sus registros los que existían a nombre del finado en comento. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Mariano Hernández Pérez; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y la tercera interesada para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Mariano Hernández Pérez, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, las copias certificadas que insta, previa razón de recibo que se deje en autos, asimismo, se autoriza a recogerlas a las personas que menciona. Al respecto, se reitera al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y la tercera interesada, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 220 y 221), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 158 a 176). Asimismo, en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la referida resolución (fojas 192 a 195). Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".En ese tenor, ante lo fundado de los conceptos de violación expresados por Mariano Hernández Pérez, lo conducente es conceder el amparo y protección de la justicia federal por cuanto al acto que el atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en esta Entidad, para el efecto de que: Deje insubsistentes los certificados parcelarios que expidió a nombre de Carmen Hernández Pérez, respecto de los predios ejidales que pertenecieron a quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, para que queden vigentes en sus registros los que existían a nombre del finado en comento; y siguiendo el procedimiento que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional le impone para expedir los títulos parcelarios a los sucesores de un ejidatario, determine lo que en derecho proceda..." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número RAN/SLP/AJ/2698/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 208), el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, remitió la constancia de la misma fecha, signada por el Registrador Integral, mediante la cual hace constar que Carmen Hernández Pérez, causó baja como ejidataria, debido a la cancelación de los certificados parcelarios expedidos a su nombre. Asimismo, mediante oficio RAN/SLP/AJ/0112/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 218), el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, remitió la constancia de diecinueve de enero del año en curso, signada por el Registrador Integral, mediante la cual hace constar que quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, se encuentra registrado en calidad de ejidatario, al haber sido activados los certificados parcelarios a su nombre. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable dejó insubsistentes los certificados parcelarios que expidió a nombre de Carmen Hernández Pérez, respecto de los predios ejidales que pertenecieron a quien en vida se llamó Tomás Hernández Hernández, quedando vigentes en sus registros los que existían a nombre del finado en comento. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Mariano Hernández Pérez; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y la tercera interesada para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Mariano Hernández Pérez, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, las copias certificadas que insta, previa razón de recibo que se deje en autos, asimismo, se autoriza a recogerlas a las personas que menciona. Al respecto, se reitera al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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