Maria Teresa Rivera Hernandez
Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Teresa Rivera Hernandez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, enviado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 104/2021, e informa que se avocó al conocimiento del sumario que se le remitió, radicándolo con el número 152/2021-II de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, en relación con Capítulo Ocho, 8.1.2.10, del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que este órgano de control constitucional determinó carecer de competencia legal para conocer del mismo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dos de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***contra actos que reclama de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y de otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 104/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 364278, visible a página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente." A efecto de establecer la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206167, página 94, tomo IX, mayo de 1992, Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo párrafo primero, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" En ese sentido, para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que del escrito de demanda, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA. La Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, estado de México. EJECUTORAS. A) Actuario (a) y/o Notificador (a) adscrito al Juzgado de la autoridad ordenadora. B) Oficial uno (01) del Registro Civil de Jocotitlán, Estado de México." "IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A) De la AUTORIDAD ORDENADORA, todo lo actuado a partir de la ilegal NOTIFICACION y/o emplazamiento de la suscrita quejosa ***verificado el 08 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, dentro del expediente 895/2020 del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, estado de México. B) Del ACTUARIO (A) Y/O NOTIFICADOR (A) del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, estado de México, la ilegal notificación y/o emplazamiento supuestamente realizado a la suscrita en el expediente antes indicado, adoleciendo además de los inminentes actos de ejecución materiales que pudiera suscitarse en mi contra y en perjuicio de mi menor hija. C) Del OFICIAL UNO (01) DEL REGISTRO CIVIL DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, la expedición y registro del Acta de Divorcio, que corresponda, ordenada en ejecución de sentencia definitiva del citado expediente 895/2020 radicado en el Juzgado Primero Civil del distrito judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en razón de devenir de un procedimiento Judicial tramitado de manera fraudulenta, mediante la ejecución de actos judiciales ilegales." Con base en lo manifestado y de conformidad con el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el diverso 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Por tanto, de lo expuesto en la demanda de amparo, es dable aseverar que el acto reclamado por la peticionaria de amparo consistente en el emplazamiento, se ejecutó, y sus consecuencias legales, se están ejecutando en el Estado de México, y que la competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por *** contra el acto señalado con antelación, corresponde al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que obste que la quejosa haya señalado en su demanda, para efectos del artículo 116 de la Ley de Amparo, un domicilio en el que ejerce su jurisdicción este juzgado, puesto que fue precisa al señalar que fue buscada en un domicilio en aquel Estado (Estado de México), para ser notificada de la sentencia pronunciada en el expediente 895/2020 del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México; lo que hace patente que los actos reclamados no fueron ejecutados ni se están ejecutando en esta Entidad Federativa. En consecuencia, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata; razón por la cual, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, residencia en Toluca, en turno, para que proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Domicilio. Por otra parte, tomando en consideración que la solicitante de amparo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal. ... Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
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