Mariano Garcia Garcia

Expediente 619/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
619/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Mariano Garcia Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregadas las constancias postales con las que se acredite que las autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo de Sinaloa de la Secretaría del Bienestar, con sede en Culiacán, Sinaloa y Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, se encuentran notificadas respecto a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, virtud a que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión; en efecto, la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el plazo para interponer el citado medio de impugnación. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del incidente de suspensión, y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Por otra parte, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que obra documento original exhibido por la parte quejosa, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. Por consiguiente, prevéngase a la parte quejosa, para que comparezca ante este juzgado federal a la devolución de dicho documento, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído para tales efectos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, el citado documento será destruido junto con el expediente principal.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, secretaria y actuaria adscritas y Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Ahome, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado en acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la constancia relacionada con la incorporación del quejoso ***************, al programa pensión para el bienestar de las personas discapacitadas; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibida en este acto la documental allegada por la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional, y dese vista a las partes con dicha constancia para que se imponga de su contenido.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional se hace consistir de manera esencial en lo siguiente: "La omisión de incorporarme al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que solicité desde el 16 de junio de 2022, y como consecuencia de ello, la omisión de la entrega del apoyo económico.". Asimismo, del contenido integral del informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México -rendido en su representación por el Director de Amparos y Asuntos Especiales de dicha Secretaría-, refiere que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, pues sostiene que el quejoso ********************, ya fue incorporado como beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente con ID Padrón: ********************, teniendo actualmente el estatus de ACTIVO EMITIBLE. En consecuencia, en el caso, se advierte de manera probable que se surte una causal de improcedencia; en consecuencia, de conformidad con los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término legal de tres días, remita las constancias que apoyen su informe justificado, de manera esencial la documentación relacionada con la incorporación del quejoso al citado programa, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, materia Común, Novena Época, Registro digital 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Entre tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración.

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