Mariana Yeli Baez Sauceda
Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mariana Yeli Baez Sauceda
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente SIPE ********************/2018, (SD ********************/20219), del índice del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto dictada por este juzgado, al cual le correspondió el número de queja ********************/2021; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARIANA YELI BÁEZ SAUCEDA,EL ACUERDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE:Visto el escrito de demanda presentado por Mariana Yeli Báez Sauceda, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, y otras autoridades; fórmese expediente con el número 157/2021-2, y respecto del escrito de demanda se provee: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso reclama el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario número 678/2012, donde el tribunal responsable tuvo por exhibido el billete de depósito por la cantidad exigida como pago para hacer efectivo el derecho del tanto ordenado en sentencia dictada en dicho juicio agrario, pues refiere que dicho pago lo realizaron fuera del término de treinta días otorgado para ello. Del capítulo de antecedentes del acto reclamado, y que se formula bajo protesta de decir verdad, y del propio acuerdo reclamado que se exhibe en copia simple, se advierte que en los autos del juicio de origen, la ahora quejosa resulta ser la parte demandada, y que dicho expediente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado lo constituye el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario número 678/2012, donde el tribunal responsable tuvo por exhibido el billete de depósito por la cantidad exigida como pago para hacer efectivo el derecho del tanto ordenado en sentencia dictada en dicho juicio agrario y ordena poner en posesión a la parte actora de la parcela relacionada con el mismo; como se precisó, el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; por tanto, es inconcuso que el amparo intentado es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente 678/2012, toda vez que no son actuaciones en las que se haya tenido por cumplida ésta, o bien, que determine la imposibilidad para su cumplimiento, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que es evidente que en el procedimiento de origen aún no se ha dictado la última resolución relativa a la ejecución de la sentencia. Ciertamente, dicha afirmación se sustenta porque que no puede considerarse si o no cumplida la sentencia, pues esto se verificará hasta en tanto el magistrado responsable haga la declaratoria expresa respecto al cumplimiento total de ésta o de la imposibilidad jurídica o material para ello. En ese tenor, el suscrito estima que los actos que en esta vía se impugnan son dictados en ejecución de sentencia a efecto de lograr su total cumplimiento; de ahí que el juicio de garantías promovido por Mariana Yeli Báez Sauceda, no sea procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es evidente que los actos que se reclaman no es la última resolución dictada en esa etapa del litigio. Robustece lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia número P.J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 60 del Tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Materia Civil, Novena Época, Registro digital 164639, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Y, por similitud jurídica, norma el criterio, la Tesis III.2o.C.12 K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página 2296 del Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2005, 21/10/22 13:32:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.73 ROBERTO MERCADO GARCIA Juicio de Amparo 157/2021-2A Materia Común, Novena Época, Registro digital 177082, que establece: "AMPARO INDIRECTO. NO CONSTITUYE ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, POR NO SER UN ACTO DE AUTONOMÍA PROPIA Y DESTACADA, LA INMINENTE DESPOSESIÓN DE UN INMUEBLE QUE APARENTEMENTE NO ES MATERIA DE JUICIO, POR ADUCIRSE ERROR EN SU NOMENCLATURA. Por regla general, tratándose de actos ejecutados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo es procedente el amparo biinstancial cuando se interponga en contra de la última resolución que ahí se pronuncie, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones que hubieran dejado sin defensa al quejoso, cometidas en esa etapa. Empero, de manera excepcional pueden impugnarse en esa vía, previo al dictado de la última resolución, los actos de autonomía propia y destacada de la fase ejecutiva, de manera tal, que resuelvan cuestiones accesorias a la propia ejecución o que preparen o sean preliminares a dicha ejecución. Ahora bien, si se reclama el desalojo de un inmueble que a decir del quejoso, se identifica con nomenclatura distinta al que fue materia del juicio de origen, pero que según el propio impetrante, en la sentencia definitiva se precisó que la diferencia en la nomenclatura fue error mecanográfico, y que por tal motivo, se ordenó la desocupación y entrega del inmueble; contra tal acto no procede el amparo indirecto, habida cuenta que no es de aquellos que cuentan con autonomía propia y destacada, pues precisamente, es de los dictados en la etapa de ejecución de sentencia, y en ese orden, con independencia de que durante el trámite del juicio se identificara el inmueble con un número, y en la sentencia definitiva se establece que la discrepancia en la numeración obedece a un error mecanográfico, ello a fin de cuentas no constituye la última resolución dictada en tal fase, sino que se trata de una intermedia, en la medida que no aprueba o reconoce en forma expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime que al existir una sentencia ejecutoria, que por cierto tomó en cuenta esa discordancia, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, y en ese orden, la restricción para la procedencia del juicio de garantías contra violaciones sufridas en ejecución de una sentencia, limitada a la impugnación de la última resolución que ahí se dicte, obedece a razones tanto de interés social, como al mandato de prontitud en la impartición de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal.". En consecuencia, al quedar establecido que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el expediente de origen, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en el calle Aquiles Serdán número 186, colonia Centro, en esta ciudad, como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Arturo Sánchez León, y únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos a Miguel Ángel Soto Aguirre, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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