Mariano Carlos Rosales Ortiz y Otros.

Expediente 1269/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1269/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Mariano Carlos Rosales Ortiz
  • Mariano Carlos Rosales Ortiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Archivo y valoración documental. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, tomando en consideración que, según se advierte de la certificación de cuenta, en este juicio de garantías no obran documentos originales exhibidos por las partes (en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del punto segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal), con fundamento en la fracción XVIII, del punto segundo, aplicado en sentido contrario, en concordancia con el vigésimo primero, ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a salvo el derecho de las partes para que dentro del término de seis meses soliciten la devolución de los documentos diversos a los mencionados que hayan exhibido en el presente juicio de garantías, en el entendido de que el primero de los puntos mencionados en su fracción XVIII especifica qué debe entenderse por documento original, según la transcripción siguiente: "XVIII. Documento original: Todo aquel soporte impreso que contenga un rango distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales." NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, mediante sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós (fojas 318 - 331), en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *************************, Servicios de Administración Plaza del Valle, asociación civil, y MRDE Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable, contra el acto reclamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; Gobernador Constitucional; y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Oaxaca, para el siguiente efecto: "1. Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del Decreto número 2765, mediante el cual se reforma la fracción XXXI del artículo 4; y se adiciona el cuarto párrafo al artículo 24 bis, y el segundo párrafo a la fracción XLI al artículo 37 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno. 2. Por tanto, ninguna autoridad podrá exigir la observancia del citado Decreto en su perjuicio mientras se encuentre vigente." Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que mediante ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 218/2022, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, confirmaron la sentencia recurrida (fojas 360 - 374). Atento a ello, mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; Gobernador Constitucional; y Secretario General de Gobierno, como autoridad vinculada a su cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio SEGO/SDD/DJ/1619/2023, de nueve de junio del año en curso, signado por el Director Jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno, informó lo siguiente: "[.] Sin embargo, no es posible que la Secretaría de Gobierno dé cumplimiento a la referida sentencia, toda vez que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y del reglamento interno de la propia Secretaría, no se encuentra aplicando el citado Decreto, ya que, no cuentan con atribuciones para ello." Por otra parte, la Subconsejera de lo Contencioso de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio CJGO/SC/882/2023, de cuatro de julio de dos mil veintitrés, informó que giró los oficios CJGEO/SC/880/2023 y CJGEO/SC/881/2023, a la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, para que acataran la ejecutoria en el presente juicio de amparo y no se exija a la parte quejosa *************************, Servicios de Administración Plaza del Valle, asociación civil, y MRDE Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable, la observancia del Decreto número 2765, mediante el cual se reforma la fracción XXXI del artículo 4; y se adiciona el cuarto párrafo al artículo 24 bis, y el segundo párrafo a la fracción XLI al artículo 37 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente, lo que acreditó con los oficios que adjuntó (fojas 396 - 398). Por su parte, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, mediante oficio de seis de julio de dos mil veintitrés, informó lo siguiente: "[.] En ese orden, se concluye que atento a los efectos de la sentencia con motivo de su aplicación concreta, no alcanza a vincular a la autoridad que represento, por tanto, no obliga a esta representación el cumplimiento; además, dentro del ámbito de atribuciones, no se encuentra la de desincorporar de la esfera jurídica la aplicación del Decreto número 2765, mediante el cual se reforma la fracción XXXI del artículo 4; y se adiciona el cuarto párrafo al artículo 24 bis, y el segundo párrafo a la fracción XLI al artículo 37 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, declarado inconstitucional." Finalmente, la Síndica Primera del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante oficio CJ/1859/2023, de veintidós de junio del año en curso, informó que luego de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección de Movilidad y en el sistema digital que contiene el Padrón Fiscal, a resguardo de la Dirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juaréz, no localizó alguna acción o sanción aplicada en perjuicio de la parte quejosa, en razón de la observancia del Decreto 2765 (fojas 391 - 393). Para corroborar lo anterior, anexó los oficios TM/001013/2023, de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, suscrito por la Tesorera Municipal y el diverso DM/DJ/491/2023, de trece de junio del año en curso, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Movilidad. Con base en lo anterior, se considera que la autoridad responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional; de tal manera que en el caso, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, incorpórese al expediente físico el presente acuerdo, toda vez que se trata de una determinación relevante, en razón de que es una resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por la Subconsejera de lo Contencioso de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y éste, en representación del Gobernador del Estado de Oaxaca; con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexos, así como con los oficios y anexos agregados en proveídos de catorce, quince y veintisiete de junio, siete y diez de julio del año en curso, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, en su oportunidad se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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