Mariana Torres Galindo

Expediente 1336/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1336/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Mariana Torres Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte no obra constancia que acredite la parte tercera interesada Arcos Exploraciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, haya quedado legalmente notificada de los autos de ocho de junio y doce de agosto del presente año; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo, se ordena al Actuario llevador del presente juicio de amparo, realice las citadas notificaciones a dicha parte. En otro orden, toda vez que el Administrador de Correos con sede en la Ciudad de Oaxaca, no ha dado cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de noviembre del presente año, con fundamento en el artículo 297, Fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérasele nuevamente para que dentro del término de tres días, siguientes al en que quede notificado de este proveído, remita a este Tribunal, el acuse de recibo de la pieza postal número MN680110684MX, correspondiente a la factura de diez de junio de dos mil veintiuno, que corresponde al oficio 13316, dirigido a la Comisión Nacional del Agua (Golfo-Centro), Xalapa Veracruz, apercibido que de no cumplir con lo anterior en el término fijado, se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. NOTIFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSERCIÓN DE LOS AUTOS DE 8/06/2021 Y 12/08/2021, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ARCOS EXPLORACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIBLE, LOS CITADOS PROVEÍDOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Glósese el escrito de cuenta, suscrito por Magaly Abigail Santos Corona, apoderada legal de la tercera interesada Compañía Minera de Natividad y Anexas, Sociedad Anónima de Capital Variable; mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; por lo que, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase a la parte tercera interesada interponiendo el citado medio de impugnación y señalando constancias que se deben remitir al Tribunal de Alzada. Glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y notifíquese a las demás partes la interposición del recurso, corriéndoles traslado con copia del mismo, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada se enviarán al Tribunal de Alzada, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se remitirán sólo las solicitadas por la parte inconforme y las que este juzgado estime pertinentes, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ríndase el informe con justificación al Tribunal de Alzada. Con apoyo en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspende únicamente el dictado de la sentencia en el presente juicio de garantías, hasta en tanto se resuelva la queja interpuesta. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS DEL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Por otra parte, en términos del oficio SEPLE./CJD./002/1946/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, del secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que a partir del dieciséis de junio de citado año, la Comisión de Carrera Judicial, autorizó a la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, para desempeñar las funciones de jueza de Distrito de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo de la licencia prejubilatoria y retiro voluntario, del licenciado Amado Chiñas Fuentes, actual titular de este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos a que se refieren los artículo 51 y 52 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. Glósese el oficio de cuenta, firmado por el Presidente de la Junta de Conciliación Agraria del Gobierno del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecinueve de julio del presente año, propone al Ingeniero Rigoberto Torres González, para que funja como perito oficial por parte de este Juzgado; en tal virtud, a efecto de llevar a cabo el discernimiento de cargo respectivo, con apoyo en los artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), y generar una cita con código QR a nombre del citado perito, requiérase al Ingeniero Rigoberto Torres González, por conducto del Presidente de la Junta de Conciliación Agraria del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste si es o no una persona vulnerable al Covid-19 o bien si se trata de una persona con discapacidad; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Por otra parte, glósese el escrito firmado por Felipe Gallegos Cruzalta, perito por parte de la tercera interesada Compañía Minera de Natividad y Anexas, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual manifiesta que se encuentra elaborando los planos necesarios para responder los cuestionarios aportados por las partes en el presente juicio, respecto de la prueba pericial en materia de topografía, por lo que solicita una prórroga de diez días para emitir su dictamen; al efecto y por única ocasión, concédasele la prórroga que solicita para los efectos mencionados. Por otro lado, agréguense el escrito signado por el Ingeniero Civil Israel Lauro Torres, perito por parte de la parte quejosa, mediante el cual rinde su dictamen en materia de topografía y agrimensura; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a dicho perito por conducto de la parte quejosa, para que se presente ante este Juzgado a las catorce horas con treinta minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, debidamente identificado, para los efectos de que ratifique dicho dictamen, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito oficial por parte de este Juzgado. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se ordena generar desde la modalidad del programa "Agenda de Visitas OJ" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cita respectiva, con la generación del código QR para ingreso a estas instalaciones a nombre del perito, el cual se ordena al actuario adscrito haga entrega a través de la parte quejosa, mediante notificación personal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Mariana Torres Galindo, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa 12 del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, derivados de la carpeta de investigación 32201/CODDI/OAXACA/2020; fórmese expediente y regístrese con el número 1336/2021. Examinada en su integridad la demanda constitucional, se advierte que es notoria la improcedencia, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Lo anterior, porque los actos reclamados derivan de la carpeta de investigación número 32201/CODDI/OAXACA/2020, tramitada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa 12 del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, en la que la peticionaria del amparo tiene el carácter de víctima y en esencia se hacen consistir en: La resolución de doce de julio del año en curso, en la que la autoridad responsable decretó el no ejercicio de la acción penal; El acuerdo de quince de octubre del presente año, en el que la autoridad responsable negó a la víctima la ampliación de su declaración en torno a los hechos denunciados, atento a que ya había determinado el no ejercicio de la acción penal en la data precisada. En efecto, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se advierte que los actos de autoridad están originados en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio, en la fase inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el precepto 258 del código mencionado, emitió las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018, de títulos y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En la ejecutoria, génesis de tales criterios judiciales, el Alto Tribunal de la Nación estableció la existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, previamente a promover la acción de amparo, prevista en el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Asimismo, determinó que dicho medio de defensa es idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. También, dejó en claro que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral 258 (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Con base en lo anterior, es posible concluir que los actos que impugna la aquí quejosa, en su carácter de víctima, debe combatirlos -previamente al amparo- a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que sea el juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándole una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en análisis, procede desechar la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal invocado. En otro aspecto, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizadas únicamente para esos efectos a las personas que designa, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o proporcione su número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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