Mariana Tellezgiron Gómez
Expediente 1151/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mariana Tellezgiron Gómez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, se emitió resolución interlocutoria, por la que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado y se le hizo de su conocimiento a la parte quejosa que, para que dicha medida cautelar surtiera efectos debía otorgar garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de $********************Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este órgano federal, la parte quejosa exhibió el billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, el cual ampara dicha cantidad. Ahora bien, por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, dicho auto fue notificado a las partes por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado el veintisiete siguiente. En ese sentido, toda vez que la aludida garantía se encuentra en el seguro de este juzgado, hágase del conocimiento de la parte solicitante de amparo, que cuenta con un plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que comparezca al local que ocupa este juzgado, a recoger el certificado de depósito aludido; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dentro del término concedido, en su momento se hará efectivo a favor del erario federal. Asimismo, se hace de su conocimiento, que la entrega de billetes de depósito se realiza únicamente los días viernes de cada semana, en un horario de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas. Además, deberá informar por escrito, con una anticipación de diez días hábiles, la fecha en que comparecerá a recoger la aludida garantía, para estar en aptitud de hacer las gestiones pertinentes para su devolución. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve,********************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: Autoridades responsables Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Básica de la Dirección General de Materiales Educativos. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). Actos reclamados La emisión de la orden y/o actualización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la federación el doce de marzo de dos mil veintidós. La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares, sin la adecuación al plan y programas vigentes. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de libros de texto gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. La inconstitucionalidad de los citados actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así como de manera indirecta a la observancia al derecho de igualdad previsto en los numerales 1°, 3° y 4° constitucionales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Improcedencia del Juicio de Amparo No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo; y 107, fracción I, constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: - - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...). De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, esto es, actos o resoluciones de naturaleza jurisdiccional, el quejoso sólo podrá invocar la existencia de un interés jurídico que lo legitima para acudir al juicio de amparo. Lo que implica que deberá demostrar: Que es titular de un derecho subjetivo. Que tal derecho le ha sido afectado de manera personal y directa. Por otra parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: Que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Caber señalar que los citados elementos constitutivos son concurrentes, por lo que, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En abundamiento, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y contenido: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. De igual forma, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Asimismo, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso concreto, la quejosa acude al juicio de amparo reclamando los siguientes actos: La emisión de la orden y/o actualización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la federación el doce de marzo de dos mil veintidós. La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares, sin la adecuación al plan y programas vigentes. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de libros de texto gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. La inconstitucionalidad de los citados actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así como de manera indirecta a la observancia al derecho de igualdad previsto en los numerales 1°, 3° y 4° constitucionales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, aduce que los actos reclamados se relacionan con la violación de derechos fundamentales, no sólo en el entorno individual sino también en el entorno colectivo, dentro de la colectividad denominada infancia y en relación a su educación pública básica, a la capacitación magisterial que imparte esa educación y a los programas de estudio relativos. Sin embargo, el interés que la quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce que los actos y omisiones reclamados afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de Derecho a la Educación. Por lo que, la pretensión que plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con su esfera jurídica, sino a la protección abstracta del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que la faculte para acudir al juicio de amparo. Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés cualificado que la distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. De esa forma, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de los actos reclamados. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes relativos a la educación. En ese sentido, el admitir la demanda y en caso, de que se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a la educación, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Domicilio La parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones personales un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, el cual se encuentra fuera del municipio en el que tiene su residencia este juzgado de distrito; en consecuencia, se le requiere para que, dentro del término de tres días hábiles, señale domicilio para tal efecto en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Apercibida que, de no hacerlo así, se tendrá como tal la lista que publica este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que notifiquen a la quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en: Calle ********************, número ********************, colonia ********************, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tiene por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Medios alternativos de contacto Con fundamento en el artículo ********************7, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En ese tenor, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que proporciona la quejosa. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la quejosa.
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