Mariana Rodríguez Barrera

Expediente 1086/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1086/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Mariana Rodríguez Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha comparecido a solicitar la devolución de la garantía otorgada para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida a la parte quejosa en el incidente relativo, razón por la cual con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara que en el caso ha operado la prescripción a favor del erario federal el billete de depósito con número ****, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), que ampara la cantidad de $***(*** 00/100 M.N.), por haber transcurrido en exceso el término de dos años, contados a partir de la fecha en que el quejoso pudo exigir su devolución. Por lo que, envíese el billete de depósito descrito anteriormente al Director de Garantías de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en Constituyentes 1001, Edificio B, Planta Baja, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01110, en México, Ciudad de México, para que se sirva hacerlo efectivo, a favor del fisco federal, consignando la orden de pago a su favor, dejando en autos y en libro de valores la anotación respectiva de su envío. Notifíquese; por oficio al Director de Garantías de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, por lista al resto de las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario adscrito a este juzgado, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa ******, a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales ****, el auto dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, lo anterior por las razones que expone. Bajo esa tesitura, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa antes mencionada, el auto de que se trata, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, el cual a la letra dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de la adscripción, con el cual remite los autos originales del expediente 921/2023-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al haberse aceptado el conocimiento previo de la demanda de amparo promovida por *****, a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales ****, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, que lo hace consistir en: La orden contenida en el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por la cual el Agente del Ministerio Público al Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, puso a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al menor de identidad reservada de iniciales C.A.H.L., para efecto de que interviniera en su protección y cuidado con motivo de la integración de la carpeta de investigación ****. Lo anterior, al estimar que se actualizó el criterio general previsto en el artículo 45, fracción II y 46 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, reformado el tres de febrero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, en virtud de que el acto reclamado deriva de la carpeta de investigación NIC:CGV/VGC/00/MPI/184/03971/23/07, NUC:CUA/CGV/VGC/032/200389/23/07, del índice del Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sobre la que se está conociendo en el diverso juicio de amparo 895/2023-VII, del índice de este juzgado federal. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 1086/2023-VI. ADMISIÓN DE DEMANDA En consecuencia, este órgano de control constitucional asume el conocimiento de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Ahora bien, vistas las copias certificadas remitidas por la responsable, las cuales obran agregadas en autos, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En este orden, cabe señalar que los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.)" Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, la quejosa reclama: ? La orden contenida en el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por la cual el Agente del Ministerio Público al Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, puso a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al menor de identidad reservada de iniciales C.A.H.L., para efecto de que interviniera en su protección y cuidado con motivo de la integración de la carpeta de investigación NUC:CUA/CGV/VGC/032/200389/23/07. ? Derivado de lo anterior, la negativa de las responsables de reincorporar al menor de identidad reservada de iniciales C.A.H.L, con su abuela paterna Mariana Rodríguez Barrera. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que en treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la propia quejosa informó al homólogo federal declinante, que en veintinueve de julio del año en curso, al término de la última visita de convivencia, el menor señalado, fue evaluado por el psicólogo David Cortes Perez, adscrito al Centro de Asistencia Social Temporal Infantil Monica Retelini, quien dictaminó factible el reingreso del menor al domicilio de los abuelos paternos, quienes acreditaron la filiación y obtuvieron asertividad para mantener al menor bajo su resguardo. Asimismo, hizo del conocimiento que el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, alrededor de las catorce horas autorizó la reinserción del multicitado menor, misma que tuvo verificativo en veintinueve de julio de dos mil veintitrés a las catorce horas. Razón por la cual se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría emitir una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable modificara, cesara o revocara la orden contenida en el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por la cual el Agente del Ministerio Público al Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, puso a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al menor de identidad reservada de iniciales C.A.H.L., para efecto de que interviniera en su protección y cuidado con motivo de la integración de la carpeta de investigación NUC:CUA/CGV/VGC/032/200389/23/07, lo cual repercutió en la negativa de las responsables de reincorporar al citado menor con su abuela paterna Mariana Rodríguez Barrera, toda vez que la propia promovente manifestó la reincorporación de este a su domicilio. En razón de lo anterior se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Además, de las constancias del diverso juicio 895/2023-VII, promovido por la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, del índice de este órgano jurisdiccional, que son un hecho notorio para quien resuelve; en específico del "Acta de Reintegración Nino en Familia Extensa", fechada en veintinueve de julio de dos mil veintitrés, en la que se hace constar la entrega física del niño quien se encuentra física y emocionalmente estable, así como en buen estado nutricional correspondiente a su talla y peso, en los que Mariana Rodríguez Barrera (aquí quejosa), y José Alberto Hernández Hernández, lo recibe a su entera satisfacción firmando de conformidad y avalando el buen estado físico, emocional y nutricional del niño. Aplica, la jurisprudencia P./J.92/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora, toda vez que la quejosa señala un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahora bien, dada la trascendencia del presente proveído, por única ocasión, se comisiona al actuario adscrito para que le notifique en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda, esto es, Bosques Americanos, edificio M 1-1, unidad habitacional Bosques del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. AUTORIZADOS. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa". Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

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