Mariana Soria Ramírez

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Mariana Soria Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se agrega. Visto el ocurso de cuenta y, en atención a su contenido, agréguese a los autos son mayor trámite dado que la solicitud de integración que realiza el solicitante se ordenó en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia. Cúmplase. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4241/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez. SENTENCIA. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 90/2021 promovido por Mariana Soria Martínez , por alegada violación de los artículos 1o., 4o., 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama de las autoridades que se precisan, lo siguiente : No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO 1 Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. La omisión de garantizar el derecho humano a la salud de la quejosa al obligarla a continuar sus labores de manera presencial como médico de consulta externa, a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo y, por ende, la omisión de garantizar su derecho humano a la vida en su espectro más amplio. 2 Director de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), con residencia en esta ciudad. 3 Director de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), con residencia en esta ciudad. La circular número MICH/CMF/MOR/DIR/842/2020 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, en donde se informa a todo el personal que estaba en confinamiento, que deberían de reincorporarse a sus labores en dicha fecha. 4 Subdirectora de Administración de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Michoacán, 5 Subdirectora Médica de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto D}de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes en el territorio donde se ejerce jurisdicción por este juzgado y en éste tiene ejecución el mismo. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir el informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que les son reclamados. Lo que se corrobora con el contenido de las copias certificadas que adjuntaron en complemento a su informe justificado. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, estos dos últimos, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, la cual es de estudio preferente y oficioso. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . El amparo protege a las personas frente normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley". "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo . I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. .". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis número 42 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en los siguientes términos: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, previamente aludido, que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. De acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio Constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino sólo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Ahora bien, a fin de determinar cuándo un acto es emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben precisar los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supraordinación: Son las que surgen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos transcritos y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de un acto de autoridad y que además afecten derechos sustantivos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que, aquellos actos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, aun cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Asimismo, a efecto de considerar que el acto ha sido emitido dentro de una relación de supra a subordinación y que entonces se estimara acto de autoridad para efectos del amparo, es necesario, además de que la autoridad obrara en un plano superior al del gobernado, que esa relación tuviera su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; que dicho acto lo haya emitido en forma unilateral y que con ello cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; que para emitir ese acto no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; y que para hacer cumplir sus determinaciones pueda hacer uso directo o indirecto de la fuerza pública; es decir, resulta indispensable que ésta haya actuado al emitir el acto impugnado con unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte quejosa a la responsable, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la peticionaria del amparo la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las responsables, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, se hace consistir en el siguiente: ? La omisión de garantizar el derecho humano a la salud de la quejosa al obligarla a continuar sus labores de manera presencial como médico de consulta externa, a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo y, por ende, la omisión de garantizar su derecho humano a la vida en su espectro más amplio, habiéndole remitido para ello la circular número MICH/CMF/MOR/DIR/842/2020 de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, en donde se informa a todo el personal que estaba en confinamiento, que deberían de reincorporarse a sus labores en dicha fecha. Esto es, obligarla a través de la citada circular, a que se reincorpore a reanudar sus labores como Médico Especialista en el área de Consulta Externa en la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelia, Michoacán, a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo de contagio grave por el virus, denominado Covid-19, al caso por contar con sesenta años de edad, padecer hipertensión arterial y diabetes, como consecuencia, el no garantizar su derecho humano a la salud. Atento a lo anterior, así como a las notas distintivas establecidas por el Máximo Tribunal del País, en el caso que nos ocupa, no se configura una afectación susceptible de someterse al análisis Constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos necesarios para ser considerado acto de autoridad, virtud a que éste deriva de una relación laboral entre la quejosa y la autoridad responsable, ya que la peticionaria de amparo, en su calidad de trabajadora (Médico Especialista en el área de Consulta Externa en la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelia, Michoacán), reclama a las autoridades responsables en su calidad de patrón, el obligarla a reanudar sus funciones labores a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo de contagio grave por el virus-Covid-19, quien acreditó en el presente juicio de amparo con el acta de nacimiento, que cuenta con sesenta años de edad, mientras que con el certificado médico que adjuntó a su demanda, demostró padecer hipertensión arterial y diabetes, lo cual la coloca en un estado de vulnerabilidad, tan así, que precisa que en su fuente laboral se le autorizó el resguardo domiciliario, el que debería realizar hasta en tanto el semáforo epidemiológico en Estado de Michoacán lo indicara, debiendo reanudar sus labores, cuando éste lo permitiera, lo que a la fecha ya aconteció; por lo que se encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad dada la edad y padecimientos que cursa. De ahí que, al tratarse de un acto que deriva de una relación obrero-patronal, no constituye acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación de trabajo entre particulares, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de naturaleza contractual. En esa tesitura, es inconcuso que dicha actuación no puede considerarse como acto de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación de la quejosa, no es un acto emitido en plano de supra o subordinación, por lo que en todo caso, la quejosa debe acudir a reclamar esa actuación ante el órgano competente encargado de dirimir controversias de orden laboral, suscitadas entre patrón y trabajador, porque se trata de una relación de coordinación. Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre la quejosa y la autoridad que señaló como responsable, en la especie, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, tiene como finalidad que se permita a la peticionaria de amparo seguir con el resguardo domiciliario por ser persona vulnerable, esto es, que no se presente a la institución de salud a la que se encuentra adscrita a desarrollas sus funciones laborales de manera habitual, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. De ahí que resulte claro que el acto atribuido a la responsable, no es equiparable a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, es evidente que al ordenar se reincorpore a sus funciones laborales, no actúa en un plano superior al de la peticionaria de amparo, ni la consideraron como gobernada, sino que ese acto lo emiten en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadora; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es decir, el acto reclamado, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a la quejosa y la autoridad que señaló como responsable, como particulares, en virtud de que su pretensión final es el que le permita continuar con el resguardo domiciliario, lo que, se insiste, consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía Constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse el motivo de improcedencia analizado, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales por el acto reclamado, lo que este juzgador se encuentra impedido para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mariana Soria Martínez, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerativo primero de este fallo, por las razones expuestas en el cuarto del mismo. Notifíquese personalmente; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión de este fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe el secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez.

  3. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y siete minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez, en el juicio de amparo 90/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo e informes justificados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por las partes. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el período de alegatos y el secretario da cuenta que no se formularon éstos por las partes; a lo que el juez acuerda: ténganse a las partes por perdido el derecho a formularlos. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. 1. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las siguientes autoridades rindiendo INFORME JUSTIFICADO en relación con la ampliación de la demanda: Directora, Subdirectora de Administración y Subdirectora Médica, todas de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las responsables ofreciendo como pruebas la documental que adjuntan a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia de ley. Con lo que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. 1.3. Diferimiento anticipado. Para dar margen a que transcurra la vista ordenada en párrafos previos, se difiere de manera anticipada la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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