Mariana Moreno Luna

Expediente 778/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
778/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Mariana Moreno Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-778/2017, promovido por, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio en que se actúa, de igual forma es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintiséis y treinta y uno siguientes (fojas 123, 124 y 142). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis jurisprudencia P. J/ 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 75 a 86), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Mariana Moreno Luna, para los efectos que se reproducen: "[.] que la autoridad responsable, deje insubsistentes los autos de seis y treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, únicamente en lo relativo a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada uno del costo del dictamen pericial socio económico, determine que su pago se hará con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Michoacán, sin perjuicio de que pueda nombrarse otro experto de alguna institución pública. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que la juez familiar responsable interpretó de manera errónea el contenido de los artículos 1027 y 1028 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, al establecer que, de acuerdo al primero de dichos normativos, la facultaba para designar perito en la materia a dictaminar, supuesto en el cual el costo de la opinión corría a cargo de las partes, aun cuando éstas no hubieran ofrecido ese medio de prueba. Sin embargo, -continúo diciendo- de acuerdo a una interpretación armónica de los citados numerales, cuando las partes dentro de un procedimiento ofrecen prueba pericial, corre a cargo de éstos cubrir los honorarios del experto designado por el juez de entre la lista emitida por el Consejo del Poder Judicial del Estado o el que nombre, si no existe ese listado. Pero, -agregó- si es el juez quien estima necesario el desahogo de una prueba, entonces, debe atender a la regla que, sobre el pago de honorarios, prevé el numeral 1028 del ordenamiento familiar citado, a saber, se realizaría a costa del presupuesto del Poder Judicial del Estado, previo estudio socioeconómico que practique el departamento de trabajo social de la propia institución. Lo anterior era así, porque el primero de los preceptos citados, en modo alguno hacía distinción al tipo de prueba que se podía requerir en un procedimiento familiar para mejor proveer; sólo indicaba que si es el juez de origen quien lo ordenaba, debía acudirse a la regla contemplada en el siguiente de los arábigos citados. Además, -continúo diciendo- interpretarlo en forma contraria equivaldría a dejar a la potestad de las partes la continuación de la controversia, pues quedaría sujeta a su decisión de cubrir el costo del dictamen, lo cual contravenía el artículo 17 constitucional en su aspecto de justicia pronta y expedita, ya que aun cuando el juzgador estuviera en posibilidad de conminarlas para que cumplieran con lo ordenado, ello implicaría la dilación del procedimiento, lo que iría en detrimento de los derechos del menor, dado que tal medio de convicción se ordenó para mejor proveer sobre cuestiones atinentes a éste. Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de diciembre dos mil diecisiete y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 106-107). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante oficio 64/2018 (foja 110), hizo del conocimiento de este juzgado que el once de enero del año en curso, dejó sin efectos legales los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respectaba a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, que ordenó en forma oficiosa ese órgano jurisdiccional. Luego, al advertir de las constancias que integraban el expediente de origen, que en esa localidad no se contaba con trabajadoras sociales acreditadas con cédula profesional, determinó designar, con cargo al Poder Judicial del Estado, a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual ordenó girar misiva tanto a la Jefa de Departamento, a fin de que a la brevedad informara el nombre de la experta que debía practicar el estudio socioeconómico a los contendientes en dicho controvertido, como al Consejo del Poder Judicial del Estado, para que prestara las atenciones correspondientes a fin de dar agilidad a lo anteriormente precisado. Finalmente, con las misivas 102/2018 (foja 117) y 128/2018 (foja 121), informó que el quince de enero del año que transcurre, la Jefa del Departamento de Trabajo Social designó trabajadora social, para que realizara el estudio socioeconómico a las partes Mariana Moreno Luna y José Luis Villanueva Sánchez; y, el dieciséis siguiente, recibió comunicado por el cual dicha experta aceptó y protestó el cargo conferido (fojas 117y 121). Ahora, del examen de las documentales sintetizadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar sin efectos los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico; después, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado y, además, designó a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el once de enero de dos mil dieciocho en el juicio ordinario oral 341/2017, sobre divorcio sin expresión de causa, dejó sin efectos los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, y nombró otra experta adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo cual muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos dos autos, pero únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir un porcentaje del costo de un dictamen pericial, para determinar que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que pudiera nombrar otra experta de alguna institución pública. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARIANA MORENO LUNA. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintiséis y treinta y uno siguientes (fojas 123, 124 y 142). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis jurisprudencia P. J/ 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 75 a 86), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Mariana Moreno Luna, para los efectos que se reproducen: "[.] que la autoridad responsable, deje insubsistentes los autos de seis y treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, únicamente en lo relativo a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada uno del costo del dictamen pericial socio económico, determine que su pago se hará con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Michoacán, sin perjuicio de que pueda nombrarse otro experto de alguna institución pública. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que la juez familiar responsable interpretó de manera errónea el contenido de los artículos 1027 y 1028 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, al establecer que, de acuerdo al primero de dichos normativos, la facultaba para designar perito en la materia a dictaminar, supuesto en el cual el costo de la opinión corría a cargo de las partes, aun cuando éstas no hubieran ofrecido ese medio de prueba. Sin embargo, -continúo diciendo- de acuerdo a una interpretación armónica de los citados numerales, cuando las partes dentro de un procedimiento ofrecen prueba pericial, corre a cargo de éstos cubrir los honorarios del experto designado por el juez de entre la lista emitida por el Consejo del Poder Judicial del Estado o el que nombre, si no existe ese listado. Pero, -agregó- si es el juez quien estima necesario el desahogo de una prueba, entonces, debe atender a la regla que, sobre el pago de honorarios, prevé el numeral 1028 del ordenamiento familiar citado, a saber, se realizaría a costa del presupuesto del Poder Judicial del Estado, previo estudio socioeconómico que practique el departamento de trabajo social de la propia institución. Lo anterior era así, porque el primero de los preceptos citados, en modo alguno hacía distinción al tipo de prueba que se podía requerir en un procedimiento familiar para mejor proveer; sólo indicaba que si es el juez de origen quien lo ordenaba, debía acudirse a la regla contemplada en el siguiente de los arábigos citados. Además, -continúo diciendo- interpretarlo en forma contraria equivaldría a dejar a la potestad de las partes la continuación de la controversia, pues quedaría sujeta a su decisión de cubrir el costo del dictamen, lo cual contravenía el artículo 17 constitucional en su aspecto de justicia pronta y expedita, ya que aun cuando el juzgador estuviera en posibilidad de conminarlas para que cumplieran con lo ordenado, ello implicaría la dilación del procedimiento, lo que iría en detrimento de los derechos del menor, dado que tal medio de convicción se ordenó para mejor proveer sobre cuestiones atinentes a éste. Sentencia que causó ejecutoria el veintidós de diciembre dos mil diecisiete y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 106-107). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante oficio 64/2018 (foja 110), hizo del conocimiento de este juzgado que el once de enero del año en curso, dejó sin efectos legales los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respectaba a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, que ordenó en forma oficiosa ese órgano jurisdiccional. Luego, al advertir de las constancias que integraban el expediente de origen, que en esa localidad no se contaba con trabajadoras sociales acreditadas con cédula profesional, determinó designar, con cargo al Poder Judicial del Estado, a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual ordenó girar misiva tanto a la Jefa de Departamento, a fin de que a la brevedad informara el nombre de la experta que debía practicar el estudio socioeconómico a los contendientes en dicho controvertido, como al Consejo del Poder Judicial del Estado, para que prestara las atenciones correspondientes a fin de dar agilidad a lo anteriormente precisado. Finalmente, con las misivas 102/2018 (foja 117) y 128/2018 (foja 121), informó que el quince de enero del año que transcurre, la Jefa del Departamento de Trabajo Social designó trabajadora social, para que realizara el estudio socioeconómico a las partes Mariana Moreno Luna y José Luis Villanueva Sánchez; y, el dieciséis siguiente, recibió comunicado por el cual dicha experta aceptó y protestó el cargo conferido (fojas 117y 121). Ahora, del examen de las documentales sintetizadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar sin efectos los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico; después, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado y, además, designó a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el once de enero de dos mil dieciocho en el juicio ordinario oral 341/2017, sobre divorcio sin expresión de causa, dejó sin efectos los autos de seis y treinta y uno de julio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, y nombró otra experta adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo cual muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos dos autos, pero únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir un porcentaje del costo de un dictamen pericial, para determinar que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que pudiera nombrar otra experta de alguna institución pública. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia, el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante el cual remite el estudio socioeconómico rendido por la trabajadora social designada en el juicio subyacente, toda vez que este juzgado ya recibió la información suficiente para la calificación del cumplimiento, con la cual se dio vista a las partes mediante auto de veinticinco de los corrientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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