Mariana Salas Contreras

Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
641/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Mariana Salas Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informa que el tribunal de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa *** a través de su autorizado *** en contra del proveído *** dictado en el juicio de amparo en que se actúa, medio de impugnación que radicó bajo el número *** de su índice. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito de cuenta remitido por la parte quejosa *** a través de su autorizado *** mediante el cual INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, con el fin de privilegiar el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, el original de expresión de agravios y, de inmediato realícense las habilitaciones correspondientes en el expediente electrónico para su consulta, a fin de que se substancie debidamente el medio de impugnación hecho valer. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, el recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo que es el desechamiento de la demanda que aduce el quejoso, se considera que tal tramitación resulta innecesaria, aunado al nuevo esquema de trabajo que favorece el trámite del expediente electrónico de conformidad con el acuerdo precitado. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    Xalapa, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del 1. Titular Encargado de la Dirección General del Registro Público y de Inspección y Archivo de Notarías, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 641/2023, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente: DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: (...) En el caso, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado el consistente en: (...) Acto reclamado respecto del cual se estima improcedente el juicio de amparo, ya que se actualiza de modo indudable y manifiesto, la causal de improcedencia precisada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: (...) Ahora, de las manifestaciones vertidas por la promovente en el capítulo relativo a los antecedes del acto reclamado, se advierte que el dos de junio de dos mil veintitrés, solicitó ante la Dirección General del Registro Público y de Inspección y Archivo de Notarías, con sede en esta ciudad, la expedición a su favor de un testimonio de escritura pública. Sin embargo, sostiene que hasta el momento de la presentación de su escrito de demanda, esto es, el tres de julio de dos mil veintitrés, no ha recibido contestación a su solicitud ni se ha expedido a su favor el testimonio de escritura pública solicitada. Tal situación evidencia que la impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. De ahí resulta necesario traer a contexto el artículo 8° Constitucional, que establece: (...) Ahora bien, el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8 Constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la jurisprudencia 352 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia común, página 375, que establece: (...) Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIII, Tercera Parte, materia constitucional, página 39, de rubro: (...) Así mismo, cabe destacar que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 7, establece: (...) lo anterior se aprecia que en el De Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas a dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Tal disposición estatal es aplicable al caso de forma complementaria al numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que genera un beneficio en favor del gobernado respecto del derecho de petición, puesto que al margen temporal de actuación de los entes públicos de la entidad veracruzana obligados a observarla. Plazo máximo que constituye un parámetro de límite formal y materialmente legislativo a la dilación mayor que pueden tener las citadas autoridades a fin de contestar una petición. Tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Constitucional, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, de rubro: (...) Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo I, febrero de dos mil diecinueve, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: (...) En ese orden de ideas, si en la especie, la petición de la que la impetrante de amparo se duele que se ha omitido contestar, se realizó el dos de junio de dos mil veintitrés, por tanto, la acción de amparo deviene improcedente porque la omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado, al no existir un agravio en contra de la promovente, pues es evidente que a la fecha de presentación de la demanda (tres de julio de dos mil veintitrés) se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días hábiles con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición que se les formule. Así las cosas, por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 7° de la Constitución local; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. (...)

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