María Zulema González Hernández

Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
177/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • María Zulema González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Archívese como asunto totalmente concluido; susceptible destrucción.

  2. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración; devuélvase constancias remitidas por autoridades responsables.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 177/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 177/2018, y; (.) Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el impetrante de amparo reclama de la autoridad responsable Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, lo siguiente:  Resolución de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca *** del índice de la Sala responsable, mediante la cual se declaró infundado el recurso de queja intentado en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. (.) TERCERO. La autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto que se le reclama. (.) Así, ante la negativa de la autoridad responsable, al quejoso le corresponde la carga de la prueba, esto es, su demostración, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con prueba fehaciente alguna, a pesar de que el impetrante de amparo tuvo conocimiento del informe justificado. Máxime que de las constancias remitidas por la propia responsable se advierte que no fue ésta quien emitió el acto reclamado, sino la diversa autoridad Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. (.) Por lo anterior, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SOBRESEER en el presente juicio, al no evidenciar su existencia. CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, por haberlo aceptado expresamente al rendir su informe justificado. (.) Por lo anterior, se procede a analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda (.) En su único concepto de violación alegó la quejosa que la resolución reclamada transgrede su derecho de acceso a la justicia, pues contrario a lo considerado por la Sala responsable, en el caso se resolvió el asunto de fondo, esto es la resolución del vínculo matrimonial, pues las prestaciones que quedaron pendientes de resolver son accesorias, de ahí que el término para interponer el recurso de apelación sea de cinco días y no de tres. Como se dijo de inicio es infundado el único concepto de violación hecho valer por la impetrante de amparo; ello pues si bien la resolución donde se decretó la disolución del vínculo matrimonial, debe considerarse como un auto definitivo, lo cierto es que éste no tiene el carácter de una sentencia definitiva, pues no es hasta que se resuelve la totalidad de las pretensiones en el divorcio, que se está ante una sentencia de tal calidad. De ahí que para efectos de recurrir la determinación que da por concluido el vínculo matrimonial, se debe atender al término de tres días previsto en el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por tratarse de un auto definitivo. (.) De los preceptos citados se desprende, en lo medular que, el divorcio, es la figura jurídica que disuelve el vínculo del matrimonio. Se prevé el matrimonio por mutuo consentimiento, esto es, cuando ambas partes convengan en divorciarse, sean mayores de edad, no tengan hijos, o no haya necesidad de alimentos, y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, se presentarán personalmente ante el Encargado del Registro Civil y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. Éste elaborará un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días, haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. Lo anterior no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores de edad con necesidad de alimentos, o no han liquidado su sociedad conyugal. Si no se trata de un divorcio en los términos señalados, las partes pueden divorciarse, ocurriendo ante el juez competente, presentando un convenio en donde se establecerá la persona en quien recaerá el cuidado de los hijos, durante y después de ejecutoriado el divorcio; los alimentos que deberán aportarse para la subsistencia de los hijos, y en su caso, al cónyuge; la casa que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges durante el procedimiento; como se administraran los bienes de la sociedad conyugal. Una vez ejecutoriada la resolución del divorcio voluntario el juez mandará remitir copia de ella al Encargado del Registro Civil para que se expida la copia certificada del acta de divorcio respectiva. Que la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, esto es, todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, la custodia y al cuidado de los hijos, debiendo evitar conductas de violencia familiar o de cualquiera otra circunstancia que amerite la necesidad de una medida provisional. Ahora bien, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe la figura del divorcio incausado o divorcio sin causa, ni regulación especial para su tramitación. (.) Así, en la ejecutoria precisada se determinó que el régimen de disolución del matrimonio contemplado en la legislación Veracruz, al exigir la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes para divorciarse, constituye una medida legislativa que restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, declaró inconstitucional el artículo 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en el cual se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges para divorciarse. Inconstitucionalidad que debe tener como efecto que los Jueces de instancia decreten el divorcio sin que exista cónyuge culpable. Así, los Jueces no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. Lo que no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. Que la declaración del divorcio es una cuestión independiente a las demás instituciones familiares, las cuales deberán tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y características. (.) En ese orden de ideas, la juez de origen se encontraba en aptitud de previo a resolver respecto de la totalidad de las prestaciones, decretar la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo ello solo constituye una de las prestaciones de la demanda, pues no debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio también constituyen prestaciones principales. Por tanto, la sentencia definitiva del controvertido, sometido a la jurisdicción de la juez del conocimiento, va a ser aquella que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones, y el proveído que resuelve solo una de las prestaciones, constituye únicamente un auto definitivo en el que el juzgador debe dejar a salvo los derechos de las partes para que, de oficio, se continúe con el trámite del proceso en cuanto a las pretensiones no resueltas en este último. De ahí que al no resolver la totalidad de las cuestiones planteadas el auto que decreta la disolución del vínculo matrimonial, esto es, fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos, éste no cumple con los requisitos de las sentencias de divorcio establecidos en el artículo 157 del Código Civil para el Estado. Así, la resolución dictada en el juicio de origen, no tiene la calidad de sentencia definitiva, sino de un auto definitivo, contra el cual procede el recurso de apelación en el término de tres días, por tratarse de un auto y no una sentencia, de conformidad con el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (.) De la transcripción realizada se obtiene que la Sala responsable realizó el cómputo del plazo transcurrido respecto del auto recurrido de treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, estableciendo que la resolución en comentó fue notificada por lista de acuerdos en esa propia fecha, surtiendo efectos el seis de noviembre de dos mil diecisiete, y el término de tres días con que contaba el interesado para impugnar esa decisión, feneció el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, siendo presentado el recurso en cuestión de manera extemporánea hasta el día trece de noviembre de dos mil diecisiete. De ahí que la resolución reclamada no transgrede el derecho de tutela jurisdiccional, reconocido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el impetrante de amparo estuvo en aptitud de interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el término de tres días, ya que como se destacó la resolución donde únicamente se disuelve el vínculo matrimonial, tiene el carácter de auto definitivo dictado dentro del procedimiento, de ahí que no le aplique el término de cinco días previsto para las sentencias definitivas, pues debe considerarse así cuando aquella resuelva la totalidad de las pretensiones de las partes. En virtud de lo anterior, ante lo infundado del único concepto de violación, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN a la quejosa ***. (.) Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por las causas y motivos expuestos en ese considerando. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto reclamado a la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el octavo considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Dese vista a las partes por el término de ocho días, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; téngase como pruebas las documentales exhibidas; dada voluminosidad fórmese un tomo de pruebas por separado; vista a tercero interesado por el término de ocho días con los informes justificados rendidos por autoridades responsables.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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