Mariana Rojas Pérez

Expediente 1502/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1502/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Mariana Rojas Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Finalmente, con fundamento en el párrafo 3°, del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, -contados a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído-, comparezca personalmente ante este órgano de control constitucional a recoger los documentos exhibidos en este juicio de amparo, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el plazo concedido para tal efecto, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil diecisiete a la quejosa Mariana Rojas Pérez, por las razones que de la misma se desprenden; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la citada quejosa dicho proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista.

  3. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Mariana Rojas Pérez, contra actos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1502/2017; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término cabe señalar que de la demanda de amparo se desprende que Mariana Rojas Pérez, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo es el impedimento u obstaculización por parte de las autoridades responsables de negarme el derecho a inscribirme en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el cupo Primavera 2018, a pesar de reunir los requisitos para ser considerada alumna de dicha facultad y que se encuentran determinados en el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aprobado por el Consejo Universitario de la Benemérita. Universidad Autónoma de Puebla, en sesión extraordinaria del veintitrés de Noviembre de dos mil quince y publicado en la Gaceta Universidad número 197, año XXXIV, Noviembre 2015, Suplemento., ya que aprobé el examen de admisión con puntaje de 752 (setecientos cincuenta y dos), suficiente para ser admitida como alumna de dicha facultad., y no con el puntaje de 677 (seiscientos setenta y siete) que ilegalmente determinaron dichas autoridades responsables., y lo cual me fue notificado el día 08 (ocho) de Julio de 2017 (dos mil diecisiete), mediante la publicación de dichos resultados hecho en la siguiente liga del portal electrónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: http://www.resultados.buap.mx/publicacion/MED .html." Atento a lo anterior, debe señalarse que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción V y XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.]" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la afirmación de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, encuentra su fundamento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Bajo este orden de ideas, tratándose de amparo promovido contra actos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debe decirse que carece del carácter de autoridad, en atención a que en el caso entre ella y la aquí promovente no existe una relación de supra a subordinación, ello, atento a que ésta última no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios, misma que actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas. En efecto, los actos de los que se duele el promovente no son atribuibles a una autoridad investida con imperio para efectos del juicio de amparo. Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Que se afecten derechos. c) Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora, en el acto atribuido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no se advierte el elemento acotado en el inciso a), ya que dicho acto queda comprendido en una relación derivada de la solicitud realizada por la aquí promovente con la citada casa de estudios, misma que actúa con base en sus estatutos y disposiciones normativas internas, las cuales son obligatorias únicamente para quienes adquieren el carácter de alumnos. Lo anterior, sumado al hecho de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en atención a que goza de autonomía constitucional tal y como lo establece el artículo 3, en su fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo. 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y (.)" Asimismo, en la Ley de la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, en su artículo 1, establece: "Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Puebla es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto contribuir a la prestación de los servicios educativos en los niveles Medio Superior y Superior; realizar investigaciones científica, tecnológica y humanística y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura. La atención a la problemática estatal tendrá prioridad en los objetivos de la Universidad y la Institución contribuirá por sí o en coordinación con otras entidades de los sectores público, social y privado al desarrollo nacional. Atento a lo anterior, se concluye que la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Con relación a la autonomía universitaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios señalando que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción V, de la Ley de Amparo, que determina como improcedente el juicio de amparo contra actos emitidos por órganos dotados de autonomía constitucional, como en el caso lo es la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, de acuerdo al artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, adminiculado con el artículo 1 de la Ley de dicho organismo, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mariana Rojas Pérez. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Rojas Lezama, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.

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