Mariana Irma Cano Cortezano
Expediente 1834/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1834/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/12/2016
Partes del expediente
- Mariana Irma Cano Cortezano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de quince de diciembre de dos mil quince (fojas 74 a 113), se determinó sobreseer por una parte y negar el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Carlos Ignacio Martínez Cortez o Carlos Martínez Cortez. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyos Magistrados integrantes por ejecutoria dictada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del toca A.R. 35/2016, determinaron revocar la sentencia recurrida y conceder la protección de la justicia federal, para lo cual la autoridad responsable Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla debía realizar lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de administrativo de revisión 126/2014 y en su lugar, emita otra en la que prescindiendo de la actualización de las causales de improcedencia que refirió, analice la causa de anulación del monto requerido por prescripción que formuló el inconforme y en su caso, proceda a estudiar el fondo del asunto." En ese entendido, por oficio recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis la Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla remitió copia certificada del recurso administrativo de revisión 126/2014, dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de administrativo de revisión 126/2014 y en su lugar, emitió otra en la que determinó la nulidad del acto impugnado consistente en la boleta y notificación de suspensión de servicio número 12978898, que registra como usuario y propietario a Ignacio Martínez Cortez. Consecuentemente, mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 860), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis a la última de las partes, por lo que el plazo concedido transcurrió del veinticuatro al veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 862). Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, de las constancias remitidas, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el fallo protector no se encuentra cumplido. Se sostiene lo anterior, porque aun cuando la autoridad responsable por resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del recurso administrativo de revisión 126/2014, determinó dejar insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de administrativo de revisión 126/2014 y en su lugar, emitió otra en la que determinó la nulidad del acto impugnado consistente en la boleta y notificación de suspensión de servicio número 12978898, que registra como usuario y propietario a Ignacio Martínez Cortez; lo cierto es que no analizó la causa de anulación por prescripción del monto requerido, que formuló el inconforme [aquí impetrante]; como fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del toca A.R. 35/2016, así como lo refirió el quejoso mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Cierto, de las constancias enviadas, se advierte que la responsable, en cuanto al cumplimiento de la sentencia de amparo, en el considerativo séptimo de la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del recurso administrativo de revisión 126/2014 determinó: "Dichos conceptos de violación (agravios) devienen en parte sustancialmente fundados, y esto lo es en relación a la falta de certeza jurídica en el acto impugnado, ya que esta resolutora no pierde de vista que inconforme refiere, que se le pretende realizar un cobro respectivo de un servicio que desconoce, pues manifiesta encontrarse al corriente en sus pago (sic) de servicios de agua, y con ello se afecta su interés jurídico ya que dicho acto de cobro se encamina en detrimento de su patrimonio, pues el siente que se le encuentra realizando un doble cobro por el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, aunado a ello, de las pruebas anteriormente analizadas se tiene por demostrado de manera indiciaria la posible existencia de duplicidad de cuentas de servicios de agua en el inmueble propiedad del promovente, porque existe una con número NIS 2309612 (BOLETA ACTO IMPUGNADO) y otra identificada como NIS 2459587 (RECIBOS DE PAGO EXHIBIDOS POR EL RECURRENTE); lo que de suyo acarrea incertidumbre jurídica al recurrente, a más de que éste se encuentra negando la existencia de la toma de agua identificada con el NIS número 2309612, por ende, se establece que los agravios que se atienden son esencialmente fundados y suficientes para pasar DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN LA BOLETA Y NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 12978898, DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, RESPECTO DEL NIS 2309612, QUE REGISTRA COMO USUARIO Y PROPIETARIO A IGNACIO MARTÍNEZ CORTEZ." Sin embargo, los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal al quejoso, fueron para que el Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla realizara lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de administrativo de revisión 126/2014 y en su lugar, emita otra en la que prescindiendo de la actualización de las causales de improcedencia que refirió, analice la causa de anulación del monto requerido por prescripción que formuló el inconforme y en su caso, proceda a estudiar el fondo del asunto." De lo anterior se advierte que la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento no se constriñe a los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Ignacio Martínez Cortez, pues en la resolución dictada en cumplimiento a dicha ejecutoria no analizó la causa de anulación por prescripción del monto requerido, que formuló el inconforme. En consecuencia, en razón de que la responsable no acata debidamente todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada de doce de mayo de dos mil quince y la diversa de catorce de noviembre del año actual, dictada en el recurso administrativo de revisión 126/2014 de su estadística, ésta última, a través de la cual pretendió dar cumplimiento al fallo protector; y, 2. En su lugar, emita otra en la que prescindiendo de la actualización de las causales de improcedencia que refirió, analice la causa de anulación del monto requerido por prescripción que formuló el inconforme y en su caso, proceda a estudiar el fondo del asunto. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en veinte de octubre de dos mil dieciséis, esto es, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte tercera interesada Afore XXI Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable (antes Afore Bancomer Sociedad Anónima de Capital Variable), el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, por el motivo que indica. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 2268 signado por el Auxiliar de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, en ausencia de la Presidenta, visto su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la resolución en forma de laudo dictado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 985/2011, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Mariana Irma Cano Cortezano, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguiente (foja 2): "3) AUTORIDAD RESPONSABLE. La H. Junta Especial No. 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Puebla con domicilio en la Av. Treinta y una Poniente Número dos mil novecientos cuatro Primer 1er. Piso Fracc. El Vergel, Puebla. 4) ACTO RECLAMADO. La falta de Resolución y omisión del Laudo dentro del Expediente 985/2011 MARIANA IRMA CANO CORTEZANO vs IMSS y OTROS tramitado ante la H. Junta Especial No. 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje." Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; al exponer lo siguiente: ".Es cierto el acto reclamado a esta Junta Especial 33, sin embargo, con fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral al rubro citado, misma que fue notificada a la parte actora. Y para acreditar lo anterior, remito copias certificadas que avalan lo expuesto." (Foja 15). Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la agraviada en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo anterior, resulta importante reiterar que la parte quejosa Mariana Irma Cano Cortezano acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar el laudo dentro del expediente laboral 985/2011. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó el laudo dentro del expediente laboral 985/2011 y que el mismo le fue notificada a la parte actora (quejosa) el dieciocho de noviembre de la presente anualidad. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad señalada como responsable emitiera el laudo dentro del expediente laboral 985/2011; aquélla se vio satisfecha en la medida en que, mediante resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió el mismo, y que dicha determinación le fue notificada a la quejosa el dieciocho del mismo mes y año (fojas 23 a 29). Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Mariana Irma Cano Cortezano, reclamó a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintidós minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Mariana Irma Cano Cortezano, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguiente (foja 2): "3) AUTORIDAD RESPONSABLE. La H. Junta Especial No. 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Puebla con domicilio en la Av. Treinta y una Poniente Número dos mil novecientos cuatro Primer 1er. Piso Fracc. El Vergel, Puebla. 4) ACTO RECLAMADO. La falta de Resolución y omisión del Laudo dentro del Expediente 985/2011 MARIANA IRMA CANO CORTEZANO vs IMSS y OTROS tramitado ante la H. Junta Especial No. 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje." Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; al exponer lo siguiente: ".Es cierto el acto reclamado a esta Junta Especial 33, sin embargo, con fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral al rubro citado, misma que fue notificada a la parte actora. Y para acreditar lo anterior, remito copias certificadas que avalan lo expuesto." (Foja 15). Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la agraviada en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo anterior, resulta importante reiterar que la parte quejosa Mariana Irma Cano Cortezano acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar el laudo dentro del expediente laboral 985/2011. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó el laudo dentro del expediente laboral 985/2011 y que el mismo le fue notificada a la parte actora (quejosa) el dieciocho de noviembre de la presente anualidad. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad señalada como responsable emitiera el laudo dentro del expediente laboral 985/2011; aquélla se vio satisfecha en la medida en que, mediante resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió el mismo, y que dicha determinación le fue notificada a la quejosa el dieciocho del mismo mes y año (fojas 23 a 29). Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Mariana Irma Cano Cortezano, reclamó a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintidós minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente.
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