Mariana Maya Beltran

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Mariana Maya Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 626/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el uno de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 626/2019-IV, promovido por MARIANA MAYA BELTRÁN, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este Juzgado, MARIANA MAYA BELTRÁN, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia en la Jiutepec, Morelos (fojas 1 a 8 del expediente principal). SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 626/2019-IV, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició en términos del acta que antecede (fojas 9 a 13 del expediente principal). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 46 y 47 del expediente principal). Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas del juicio de divorcio encausado 746/2017-2 y del incidente de reclamación de pensión alimenticia derivado del mencionado juicio, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I y II); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime el quejoso, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, se advierte de forma oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Ahora bien, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. Una vez establecido qué se debe entender para la procedencia del juicio de amparo indirecto por "actos de imposible reparación", se arriba a la conclusión de que la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, pronunciado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, en el que declaró improcedente el recurso de revocación, no contiene esa característica para efectos de la procedencia de esta instancia constitucional. Previamente al análisis de la causal de improcedencia mencionada, debe señalarse los antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, que destacan lo siguiente: El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la aquí quejosa solicitó el divorcio incausado de Gustavo Vicario Sotelo, asunto radicado ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, bajo el número 746/2017-2 (fojas 1 a 10 del anexo I). La demanda fue admitida el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y, en auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a Gustavo Vicario Sotelo dando contestación a la solicitud de divorcio incausado (fojas 48 a 68 del anexo I). Consecuentemente, el treinta de abril de dos mil dieciocho, la Juez natural dictó sentencia definitiva en el expediente 746/2017-2, disolviendo el vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y Gustavo Antonio Vicario Maya, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley (fojas 83 a 87 del anexo I). En esas condiciones, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, Gustavo Antonio Vicario Maya promovió en la vía incidental, incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia (fojas 1 a 5 del anexo II). Una vez subsanada la prevención el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por admitida la demanda incidental y se ordenó el emplazamiento a Mariana Maya Beltrán (foja 6 del anexo II). Por auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada incidentista Mariana Maya Beltrán, dando contestación (foja 29 del anexo II). Por escritos de veinte de marzo, cuatro de mayo y once de septiembre, todos de dos mil dieciocho, las partes ofrecieron pruebas, en consecuencia la Juez responsable se pronunció un proveído de doce de septiembre del mismo año (fojas 14 a 28 y 36 a 39 del anexo II) Seguida la secuela procesal, en audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho se requirió a la aquí quejosa para que en el término de tres días acudiera al juzgado de origen a tramitar los oficios concernientes al desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta la prueba quedando notificada de dicho apercibimiento en la misma diligencia (fojas 123 a 129 del anexo II). Por auto de quince de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo a la impetrante exhibiendo el acuse de recibo del oficio mencionado en el párrafo precedente (foja 113 del anexo II). El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez de origen, tuvo al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social dando cumplimiento a lo solicitado y requirió a la aquí quejosa nuevamente para que dentro del término de tres días proporcionara datos suficientes relativos a Reyna Sotelo Gómez, para desahogar la prueba de informe de autoridad a cargo de la Institución en mención, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta por falta de interes para su desahogo (foja 142 del anexo II) En audiencia incidental de pruebas y alegatos de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se requirió a Mariana Maya Beltrán para que en el término de tres días compareciera al juzgado responsable a tramitar los oficios correspondientes al desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta la prueba quedando notificada de dicho apercibimiento a través de sus abogados patronos en la misma diligencia (fojas 161 y 162 del anexo II). Mediante escrito de quince de febrero de dos mil diecinueve el tercero interesado Gustavo Vicario Sotelo, solicitó a la Juez natural que tuviera por desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano de Seguro Social, al no haber dado cumplimiento a lo ordenado por diligencia de treinta y uno de enero del año en curso, la aquí quejosa; motivo por el cual atendiendo además a la certificación realizada por el secretario de acuerdos, la responsable por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve declaró desierta dicha prueba (fojas 163 a 165 del anexo II). El trece de marzo de dos mil diecinueve, Mariana Maya Beltrán, interpuso recurso de revocación en contra del auto señalado en el párrafo que antecede (foja 169 a 171 del anexo II). Por resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Juez responsable, en el expediente 746/2017, determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa Mariana Maya Beltrán (fojas 200 a 201 del anexo I). Así, tenemos que la resolución que se reclama emitida a virtud del recurso de revocación interpuesto en el incidente de reclamación derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, si bien constituye una resolución emitida al desahogar un medio ordinario de impugnación hecho valer durante la etapa ejecutiva del juicio de divorcio, éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del incidente de que se trata. Aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que la resolución reclamada emana en un procedimiento jurisdiccional aún en trámite ante un órgano materialmente jurisdiccional en materia civil, aunque en el particular se trata del incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia, tramitado una vez concluido el juicio de divorcio incausado de origen, en la medida que el acto reclamado precisamente se emitió durante el trámite de dicha incidencia sin haberse fallado el definitiva el mismo. Además con el acto reclamado no se está privando de un derecho, pues solamente declaró desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado de dicha incidencia, pues como se observa lo determinado de trascender solo lo hace en un ámbito adjetivo y no sustantivo, no obstante que la aquí quejosa argumentara que con dicha prueba se acreditaba que Reyna Sotelo Gómez, recibía una pensión por viudez; pues dicho alegato deberá ser apreciado al resolver en definitiva teniendo en consecuencia, efectos puramente procedimentales y no el menoscabo de un derecho sustantivo. Por tanto, ya que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado, como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; resulta improcedente el que se promueve en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable aunque ésta constituya una determinación incidental, pues aún con ésta se concluye dicho procedimiento; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva, sino en que, con motivo de esa resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338 de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Por consiguiente, la resolución conducente en la que la Juez responsable determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto por el cual hizo efectivo el apercibimiento de declarar desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, pues lo resuelto no da pauta en automático a obtener una resolución incidental adversa a los intereses de la quejosa de ahí que no revista el carácter indicado y no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplida la sentencia. Esto al margen de los diverso argumentos que expusiera la responsable en torno a la improcedencia del medio ordinario de impugnación hecho valer; cuenta habida que como se indicó el acto reclamado adolece de las característica constitucionales requeridas para ser controvertido en vía de amparo, pues éste no produce una afectación real y actual a su esfera de derechos, pues no constituyó un rechazo en definitiva a la pretensión incidental formulada. Sin que se soslaye la procedencia del amparo indirecto contra las violaciones que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los el Estado sea parte; empero, como se dijo el acto reclamado forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, además de que no se está privando de un derecho, pues se reitera solamente declaró desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado del incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia, por tanto no resulta aplicable lo pretendido por la impetrante. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV (aplicado contrario sensu) y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MARIANA MAYA BELTRÁN, respecto de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que da fe.JMDC

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada, el auto de uno de agosto del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 626/2019-IV, promovido por MARIANA MAYA BELTRÁN, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este Juzgado, MARIANA MAYA BELTRÁN, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia en la Jiutepec, Morelos (fojas 1 a 8 del expediente principal). SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 626/2019-IV, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició en términos del acta que antecede (fojas 9 a 13 del expediente principal). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 46 y 47 del expediente principal). Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas del juicio de divorcio encausado 746/2017-2 y del incidente de reclamación de pensión alimenticia derivado del mencionado juicio, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I y II); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime el quejoso, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, se advierte de forma oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Ahora bien, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. Una vez establecido qué se debe entender para la procedencia del juicio de amparo indirecto por "actos de imposible reparación", se arriba a la conclusión de que la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, pronunciado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, en el que declaró improcedente el recurso de revocación, no contiene esa característica para efectos de la procedencia de esta instancia constitucional. Previamente al análisis de la causal de improcedencia mencionada, debe señalarse los antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, que destacan lo siguiente: El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la aquí quejosa solicitó el divorcio incausado de Gustavo Vicario Sotelo, asunto radicado ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, bajo el número 746/2017-2 (fojas 1 a 10 del anexo I). La demanda fue admitida el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y, en auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a Gustavo Vicario Sotelo dando contestación a la solicitud de divorcio incausado (fojas 48 a 68 del anexo I). Consecuentemente, el treinta de abril de dos mil dieciocho, la Juez natural dictó sentencia definitiva en el expediente 746/2017-2, disolviendo el vínculo matrimonial entre la aquí quejosa y Gustavo Antonio Vicario Maya, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley (fojas 83 a 87 del anexo I). En esas condiciones, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, Gustavo Antonio Vicario Maya promovió en la vía incidental, incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia (fojas 1 a 5 del anexo II). Una vez subsanada la prevención el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por admitida la demanda incidental y se ordenó el emplazamiento a Mariana Maya Beltrán (foja 6 del anexo II). Por auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada incidentista Mariana Maya Beltrán, dando contestación (foja 29 del anexo II). Por escritos de veinte de marzo, cuatro de mayo y once de septiembre, todos de dos mil dieciocho, las partes ofrecieron pruebas, en consecuencia la Juez responsable se pronunció un proveído de doce de septiembre del mismo año (fojas 14 a 28 y 36 a 39 del anexo II) Seguida la secuela procesal, en audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho se requirió a la aquí quejosa para que en el término de tres días acudiera al juzgado de origen a tramitar los oficios concernientes al desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta la prueba quedando notificada de dicho apercibimiento en la misma diligencia (fojas 123 a 129 del anexo II). Por auto de quince de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo a la impetrante exhibiendo el acuse de recibo del oficio mencionado en el párrafo precedente (foja 113 del anexo II). El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez de origen, tuvo al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social dando cumplimiento a lo solicitado y requirió a la aquí quejosa nuevamente para que dentro del término de tres días proporcionara datos suficientes relativos a Reyna Sotelo Gómez, para desahogar la prueba de informe de autoridad a cargo de la Institución en mención, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta por falta de interes para su desahogo (foja 142 del anexo II) En audiencia incidental de pruebas y alegatos de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve se requirió a Mariana Maya Beltrán para que en el término de tres días compareciera al juzgado responsable a tramitar los oficios correspondientes al desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declararía desierta la prueba quedando notificada de dicho apercibimiento a través de sus abogados patronos en la misma diligencia (fojas 161 y 162 del anexo II). Mediante escrito de quince de febrero de dos mil diecinueve el tercero interesado Gustavo Vicario Sotelo, solicitó a la Juez natural que tuviera por desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano de Seguro Social, al no haber dado cumplimiento a lo ordenado por diligencia de treinta y uno de enero del año en curso, la aquí quejosa; motivo por el cual atendiendo además a la certificación realizada por el secretario de acuerdos, la responsable por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve declaró desierta dicha prueba (fojas 163 a 165 del anexo II). El trece de marzo de dos mil diecinueve, Mariana Maya Beltrán, interpuso recurso de revocación en contra del auto señalado en el párrafo que antecede (foja 169 a 171 del anexo II). Por resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Juez responsable, en el expediente 746/2017, determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa Mariana Maya Beltrán (fojas 200 a 201 del anexo I). Así, tenemos que la resolución que se reclama emitida a virtud del recurso de revocación interpuesto en el incidente de reclamación derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, si bien constituye una resolución emitida al desahogar un medio ordinario de impugnación hecho valer durante la etapa ejecutiva del juicio de divorcio, éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del incidente de que se trata. Aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que la resolución reclamada emana en un procedimiento jurisdiccional aún en trámite ante un órgano materialmente jurisdiccional en materia civil, aunque en el particular se trata del incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia, tramitado una vez concluido el juicio de divorcio incausado de origen, en la medida que el acto reclamado precisamente se emitió durante el trámite de dicha incidencia sin haberse fallado el definitiva el mismo. Además con el acto reclamado no se está privando de un derecho, pues solamente declaró desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado de dicha incidencia, pues como se observa lo determinado de trascender solo lo hace en un ámbito adjetivo y no sustantivo, no obstante que la aquí quejosa argumentara que con dicha prueba se acreditaba que Reyna Sotelo Gómez, recibía una pensión por viudez; pues dicho alegato deberá ser apreciado al resolver en definitiva teniendo en consecuencia, efectos puramente procedimentales y no el menoscabo de un derecho sustantivo. Por tanto, ya que el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado, como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; resulta improcedente el que se promueve en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable aunque ésta constituya una determinación incidental, pues aún con ésta se concluye dicho procedimiento; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva, sino en que, con motivo de esa resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338 de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Por consiguiente, la resolución conducente en la que la Juez responsable determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto por el cual hizo efectivo el apercibimiento de declarar desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, pues lo resuelto no da pauta en automático a obtener una resolución incidental adversa a los intereses de la quejosa de ahí que no revista el carácter indicado y no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplida la sentencia. Esto al margen de los diverso argumentos que expusiera la responsable en torno a la improcedencia del medio ordinario de impugnación hecho valer; cuenta habida que como se indicó el acto reclamado adolece de las característica constitucionales requeridas para ser controvertido en vía de amparo, pues éste no produce una afectación real y actual a su esfera de derechos, pues no constituyó un rechazo en definitiva a la pretensión incidental formulada. Sin que se soslaye la procedencia del amparo indirecto contra las violaciones que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los el Estado sea parte; empero, como se dijo el acto reclamado forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, además de que no se está privando de un derecho, pues se reitera solamente declaró desierta la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que por el momento existan elementos para concluir que dicha probanza condiciona el resultado del incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia, por tanto no resulta aplicable lo pretendido por la impetrante. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV (aplicado contrario sensu) y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por MARIANA MAYA BELTRÁN, respecto de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, en el incidente de reclamación de disminución de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado 746/2017-2, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que da fe.JMDC

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano