Mariana Ayala Beltran

Expediente 829/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
829/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • Mariana Ayala Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. MEAM

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó al escrito inicial, previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos con el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de diecinueve de junio del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda presentado por Irbin Barreto Rivera, apoderado legal de MARIANA AYALA BELTRÁN contra actos del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese el expediente 829/2019-Vl. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama: "El oficio número JUR/ABA/0171/2019, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Director General de Administración y el Coordinador de Asesores ambos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que declaran improcedente realizarle a la C. MARIANA AYALA BELTRÁN el pago de su finiquito y demás prestaciones que por derecho corresponden." A mayor abundamiento, de los antecedentes del acto reclamado se advierte: "1.- La C. MARIANA AYALA BELTRÁN en el mes de marzo de dos mil quince tras sufrir un accidente automovilístico, le fueron originadas varias fracturas y traumas... 2.- . el ahora extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos en sesión ordinaria de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis por unanimidad acodaron autorizarle a la C. MARIANA AYALA BELTRAN, licencia sin goce de sueldo a partir del día en que se acuerda hasta en tanto se emitiera el dictamen de pensión por invalidez que en su caso tendría que emitir el Instituto Mexicano del Seguro Social. 3.- Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho fue elaborado y dictado el Dictamen de Invalidez emitido el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de folio 418180097 en el que se determina que el carácter de invalidez es definitivo, que la fecha de inicio de estado de invalidez es a partir del doce de enero de dos mil dieciocho, con el 58% (cincuenta y ocho por ciento) de perdida de la capacidad para el trabajo. 4.- . En fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho fue dictada la Resolución para el Otorgamiento de Pensión por Invalidez Definitiva número 18/420889, por MARÍA DE LOURDES VALDEPEÑA ARELLANO, Subdelegada de Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegación, Cuautla, Morelos, la cual determina otorgar la Pensión de Invalidez a la asegurada AYALA BELTRÁN MARIANA a partir del día doce de Enero de dos mil dieciocho. 5.- Como consecuencia de lo anterior y al encontrarse la C. MARIANA AYALA BELTRÁN actualmente con un mejoramiento y estabilidad mental..con fecha dieciséis de Octubre de dos mil dieciocho presentó ante los integrantes de la Comisión designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, su escrito de solicitud para el pago de mi finiquito y demás prestaciones que por derecho le corresponden, esto en razón de que ya no se presentaría a laborar ante su invalidez definitiva. 6.- En respuesta al escrito de solicitud para el pago de mi finiquito y demás prestaciones, con fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Presidente de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitieron el oficio No. TSJ/COMISIÓN/ADMON/4990/2018, en el que se expone haber sido recibida la solicitud quedando registrado bajo el número de cuenta 2476 y mediante el cual instruye turnar copia simple del escrito y anexos al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que en conjunto con el Coordinador de Asesores dieran la respuesta correspondiente. 7.-. en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve en respuesta al oficio número TSJ/COMISIÓN/ADMON/4990/2018, las ahora autoridades responsables, el Director General de Administración y el Coordinador de Asesores ambos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitieron resolución, en la que en su parte conducente dice: . Así pues es importante en primer lugar, hacerle de su conocimiento que después de la revisión que se llevó a cabo en su expediente personal que si bien es cierto obra en la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial de Estado de Morelos, se encontró glosado al mismo, copia simple de la Resolución para el Otorgamiento de Invalidez Temporal, expedida a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social con fecha doce de enero de dos mil dieciséis, en la cual se estableció como fecha de vencimiento de temporalidad el once de enero de dos mil dieciocho, por lo que ante tal circunstancia a partir del día doce de febrero de dos mil dieciséis, el motivo por el que causó baja como empleada del Poder Judicial del Estado de Morelos, fue por una licencia sin goce de sueldo, como se puede apreciar del oficio número CJE/0668/2016, de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se informa que mediante sesión ordinaria de esa misma fecha, el ahora extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, por unanimidad acordó lo siguiente: "...Asimismo, se autoriza licencia sin goce de sueldo del día de la fecha hasta en tanto se emite (sic) el dictamen de pensión por invalidez que en su caso emita el Instituto Mexicano del Seguro Social..." En ese orden de ideas y atendiendo a la solicitud que realiza, como a la fecha en que se dio de baja como empleada del Poder Judicial del Estado de Morelos, es decir, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y doce de febrero de dos mil dieciséis, transcurriendo dos años y trescientos veintidós días aproximadamente; lapso de tiempo a través del cual operó la figura de prescripción para poder exigir el pago de las prestaciones a que alude en el escrito de cuenta; toda vez que; la prescripción es la extinción de un derecho por su falta de ejercicio por parte del titular en el transcurso de un periodo de tiempo determinado, es decir, si no se reclaman los derechos laborales en el tiempo establecido en la Ley del Servicio Civil vigente para el Estado de Morelos, perderá el derecho a exigirlos por el siempre transcurso del plazo respectivo, ello sin que sea de relevancia el que se terminen los efectos del nombramiento, se encuentren suspendidos por una incapacidad permanente o inclusive se encuentre laborando para la patronal, lo anterior es así porque el fundamento de la prescripción de acciones se encuentra en la presunción de abandono o renuncia del derecho: por lo que atendiendo lo establecido en el artículo 104 de la Ley del Servicio Civil vigente para el Estado de Morelos,." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como en seguida se explica. Lo anterior, es así, toda vez que el acto reclamado consiste en el oficio JUR/ABA/0171/2019 que contiene la respuesta que emiten el Director General de Administración y el Coordinador de Asesores ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, declarando improcedente realizarle a MARIANA AYALA BELTRÁN el pago de su finiquito y demás prestaciones que por derecho corresponden; por ende, al tratarse de aspectos relativos a las condiciones y derechos de trabajo, constituyen una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse tal como una actuación u omisión de las instancias señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos y fracciones referidas de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Así como la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en la respuesta que emiten el Director General de Administración y el Coordinador de Asesores ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que declaran improcedente realizarle a MARIANA AYALA BELTRÁN el pago de su finiquito y demás prestaciones que por derecho corresponden, concerniente a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda se desprende que entre MARIANA AYALA BELTRÁN y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, una relación laboral, en tanto que el Tribunal referido actúa como patrón de la impetrante. Luego, es evidente que entre el trabajador y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral entre la citada trabajadora y el Tribunal, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer, así como sus inconformidades en relación a dicha actuación, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto que, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre ellos se desprende una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otras formalidades, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquellas y sus empleados. Lo anterior, así resulta ya que la determinación que emitió el Director General de Administración y el Coordinador de Asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que declaran improcedente realizarle a MARIANA AYALA BELTRÁN el pago de su finiquito y demás prestaciones que por derecho corresponden, se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en sus artículos 108 fracción ll, y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal con sus trabajadores y que el plazo de la prescripción de tal acción se interrumpe cuando el Poder Estatal reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por los hechos indudables. Por consiguiente, el acto combatido por la impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Cabe señalar que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para dirimir los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal con sus trabajadores, esto es, resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables. Por tanto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan entre un Poder Estatal (al que pertenece el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos) o Municipio con sus trabajadores. En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

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