Mariana Isabel Lopez Herrera
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Pleno de la Judicatrura del Poder Judicial del Estado de Guerrero
- Mariana Isabel Lopez Herrera
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la comparencencia levantada a Vianney Herrera Parral y los escritos presentados por la misma, téngasele desahogando la prevención que se le realizó en auto de seis de octubre del año en curso; por tanto, se procede a acordar lo procedente respecto de la admisión de la demanda. Ahora bien, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". De la disposición transcrita deriva que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ello se relaciona con el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Asimismo, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio constitucional: ".quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo está reservado a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad; es decir, una afectación directa o indirecta al titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que éste surja de su especial situación frente al orden jurídico. En cuanto al interés jurídico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 con registro electrónico: 2019456 y rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFOME AL ARTÍCULO 107, FRACCION I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"., que el accionante del juicio de amparo debe ser titular de un derecho subjetivo, por lo que existe agravio o lesión al interés jurídico cuando existe una afectación al derecho subjetivo y es susceptible de individualizarse en una persona concreta. Por lo que se refiere al interés legítimo, la Suprema Corte ha desarrollado una doctrina en torno al contenido y alcances que tiene tal figura como requisito de procedencia del juicio de amparo. En efecto, el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, determinó que el interés legítimo con el que una persona puede acudir al juicio de amparo implica una afectación en su esfera jurídica en un sentido amplio, lo cual genera un interés cualificado, actual y real debido a que la afectación surge de forma directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. En suma, consideró que configura un interés jurídicamente relevante y protegido, lo cual forzosamente conllevaría a reconocer que una posible concesión de amparo generaría un beneficio en la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, el Pleno del alto tribunal señaló, en lo que aquí nos interesa, que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) La persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. De dicho estudio, asunto derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2007921, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de título y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)" A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En ese orden de ideas, el ejercicio de la acción de amparo está reservado a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese y es requisito que los actos que se reclamen repercutan en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos, ya sea directa o indirectamente, toda vez que sólo así una eventual sentencia protectora podrá justificarse. Una vez establecido lo anterior, debe señalarse que la finalidad de la promovente al acudir al juicio de amparo es controvertir la ratificación de Rodolfo Barrera Sales como Magistrado Consejero del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Para determinar si la disconforme cuenta con interés jurídico y/o legítimo para combatir el procedimiento indicado; es decir, si los actos reclamados repercuten en un derecho que tutele a dicha demandante o que tengan alguna afectación en su esfera de derechos de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico, es indispensable precisar las fases de dicho procedimiento. Este procedimiento se encuentra establecido, esencialmente, en los artículos 104 y 161 de la Constitución Política de esta entidad federativa establece: "ARTICULO 104. Son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado: (.) VI. Designar, a propuesta de su Presidente, un Consejero de la Judicatura de entre los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por un periodo de tres años, conforme a la facultad reconocida en esta Constitución, el cual podrá ser ratificado por única ocasión e igual periodo; (.)" ARTICULO 161.- El Consejo de la Judicatura se integrará con cinco consejeros: I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, quien también lo será del Consejo; II. Un consejero elegido entre los Jueces de primera instancia por votación libre y directa de todos sus integrantes; III. Un consejero designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de entre sus magistrados, a propuesta de su Presidente; IV. Un consejero designado por el Gobernador del Estado; y, V. Un consejero designado por las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado. 1. Durante el ejercicio de su encargo, los consejeros provenientes del Poder Judicial del Estado de Guerrero no realizarán funciones jurisdiccionales. Al término del encargo se reincorporarán a sus respectivas adscripciones; (REFORMADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2020) 2. El Consejo de la Judicatura contará con los órganos, unidades administrativas y el personal necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en su reglamento interior. (REFORMADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2020) 3. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones, en los términos dispuestos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y (REFORMADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2020) 4. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura establecerán disposiciones adicionales con relación a la integración, organización, funcionamiento, procedimientos y ámbito competencial del mismo. (ADICIONADO, P.O. 29 DE ABRIL DE 2014) ARTICULO 162.- En el nombramiento de los consejeros que competen al Gobernador y al Congreso del Estado deberá observarse lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 112 de esta Constitución. 1. Los consejeros, con excepción del presidente del Consejo, durarán en su cargo tres años con posibilidad de ser ratificados por única ocasión; y, 2. Los consejeros no representan a quien los designa. Ejercerán su función con independencia e imparcialidad. De lo anterior se advierte que la Constitución local atribuye la designación de consejeras o consejeros mediante la intervención y cooperación de dos Poderes, en concreto, del Ejecutivo y el Congreso del Estado, así como la designación de uno de ellos por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerreo y un consejero elegido entre los Jueces de primera instancia por votación libre y directa de todos sus integrantes. A la par de lo anterior debe destacarse que en el precedente relativo al recurso de queja 77/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó examinar un tema análogo, en el que la parte quejosa promovió juicio de amparo reclamando el procedimiento de elección y nombramiento de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclamando de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: I) Acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve por el que se determinó someter la misma terna de aspirantes a tres rondas de votación para nombrar quien ocuparía la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; II) Procedimiento de escrutinio y cómputo de siete de noviembre de dos mil diecinueve y III) La declaratoria de validez de la elección. En dicho recurso la Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró que el hecho de que la parte quejosa hubiere sido admitida y hubiere llegado a la etapa de comparecencias dentro del procedimiento de selección de servidor público, no implicaba que adquiriera algún derecho exclusivo sobre los demás candidatos ni que obtuviere el derecho irrevocable para ser integrado a la terna final. Por ello, concluyó que el quejoso no contaba con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma tal que la anulación de los actos reclamados pudiera producirle un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, dada la naturaleza y particularidades del procedimiento de selección en que participó la parte quejosa. A partir de lo anterior, se advierte que la promovente no cuenta con interés suficiente para promover el presente juicio de amparo. En el caso particular, si la disconforme acude al juicio de amparo cuestionando la ratificación como Consejero Del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, del Magistrado Rodolfo Barrera Sales, es claro que no cuenta con interés jurídico ni legitimo para combatir dicho procedimiento. Lo anterior, porque la ratificación como consejero de Rodolfo Barrera Sales debe repercutir en un derecho humano que tutele a la parte quejosa o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos, ya sea directa o indirectamente; sin embargo, no se advierte que los actos reclamados le causen un agravio personal y directo a sus derechos, es decir, por el hecho de haber determinado sobreseer la queja administrativa 026/2022 promovida en contra de Ma. Guadalupe Urrutia Martínez en su carácter de titular del Juzgado Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y Rocío Sánchez Jiménez Actuaria del órgano referido, no causa afectación directa a la quejosa, al no crear, modificar o extinguir alguna situación de derecho que impactara en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico. Bajo ese contexto, no puede concebirse a la parte quejosa como violentada en sus derechos o intereses, pues el procedimiento en todo momento se rige por las facultades discrecionales ya sea de la Gobernadora, Congreso local, así como del Tribunal Superior de Justicia tratándose de la ratificación. Circunstancia que se asemeja a la que se analizó en la queja 77/2020 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que la facultad de designar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es a cargo del Senado. En consecuencia, se reitera, la parte quejosa no cuenta con interés legítimo ni jurídico para controvertir la legalidad de la ratificación de Rodolfo Barrera Sales como Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, lo que hace evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinado. Apoya lo anterior, por su contenido esencial, la jurisprudencia 2a./J. 24/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2021903, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 24/2020 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4349 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada." En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la promovente manifiesta no oponerse a la publicación de sus datos personales, por lo que se hace saber que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar y notificarse del presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, al usuario ********************, que corresponde a ********************, lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Finalmente, no ha lugar a devolverle el documento que exhibe, por el cual acredita su personalidad, en razón de que no se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana Isabel López, por conducto de su apoderada legal Vianey Herrera Parral, personalidad que acredita en términos de la documental que para tal efecto exhibe, contra actos del Pleno de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otra responsable. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1386/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite fehacientemente el carácter de apoderada legal con el que se ostenta, ya que acorde a lo dispuesto por el precepto 114, fracción III y el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, corresponde al solicitante del amparo demostrar tal circunstancia, lo anterior, en virtud de que únicamente exhibido copia simple del instrumento público, con el que pretende acreditar la misma. Tiene aplicación al caso en particular, la Jurisprudencia 2ª./J. 1/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Por otra parte, los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dan la pauta para identificar cuál es el objeto del juicio de amparo, así como quiénes tienen el carácter de autoridad responsable. Además, cabe recordar que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones y que tendrá la calidad de autoridad en el juicio, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones; sin embargo, de la lectura a la demanda que nos ocupa, particularmente de la ponderación de lo señalado en los capítulos destinados a la precisión del acto reclamado en contraste con los antecedentes del mismo, no es factible identificar en qué consiste la conducta de autoridad -o de particular equivalente a la de autoridad-, contra la que se solicita la tutela constitucional, habida cuenta que lo que se designa como actos reclamados a la autoridad responsable son los siguientes: Pero además, en el apartado número siete de su capítulo de antecedentes del escrito de demanda, manifiesta: Por tanto, a fin de fijar correctamente la litis en este juicio y ante la imprecisión de los actos que atribuye a la autoridad señalada como responsable y al no quedar claro cuáles son los actos reclamados, la parte quejosa deberá bajo protesta de decir verdad. Precisar cuáles son los actos que en concreto reclama o bien; -Indique si reclama la resolución emitida en la queja administrativa 26/2022, o la ratificación de Rodolfo Barrera Sales, como Magistrado Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Sustenta lo expuesto la tesis integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Cabe precisar que el desahogo de la prevención aquí contenida, deberá hacerlo la directa quejosa o su apoderado legal y no por conducto de sus autorizados, toda vez que lo que manifieste sobre el particular, deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, del rubro que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Aclaración que deberá exhibir con copias suficientes para cada una de las partes, atento a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo; a saber, una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 1a./J. 106/2005, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 170, Tomo XXII, Octubre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente. Notifíquese personalmente.
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ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana Isabel López, por conducto de su apoderada legal Vianey Herrera Parral, personalidad que acredita en términos de la documental que para tal efecto exhibe, contra actos del Pleno de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otra responsable. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1386/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite fehacientemente el carácter de apoderada legal con el que se ostenta, ya que acorde a lo dispuesto por el precepto 114, fracción III y el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, corresponde al solicitante del amparo demostrar tal circunstancia, lo anterior, en virtud de que únicamente exhibido copia simple del instrumento público, con el que pretende acreditar la misma. Tiene aplicación al caso en particular, la Jurisprudencia 2ª./J. 1/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Por otra parte, los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dan la pauta para identificar cuál es el objeto del juicio de amparo, así como quiénes tienen el carácter de autoridad responsable. Además, cabe recordar que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones y que tendrá la calidad de autoridad en el juicio, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones; sin embargo, de la lectura a la demanda que nos ocupa, particularmente de la ponderación de lo señalado en los capítulos destinados a la precisión del acto reclamado en contraste con los antecedentes del mismo, no es factible identificar en qué consiste la conducta de autoridad -o de particular equivalente a la de autoridad-, contra la que se solicita la tutela constitucional, habida cuenta que lo que se designa como actos reclamados a la autoridad responsable son los siguientes: Pero además, en el apartado número siete de su capítulo de antecedentes del escrito de demanda, manifiesta: Por tanto, a fin de fijar correctamente la litis en este juicio y ante la imprecisión de los actos que atribuye a la autoridad señalada como responsable y al no quedar claro cuáles son los actos reclamados, la parte quejosa deberá bajo protesta de decir verdad. Precisar cuáles son los actos que en concreto reclama o bien; -Indique si reclama la resolución emitida en la queja administrativa 26/2022, o la ratificación de Rodolfo Barrera Sales, como Magistrado Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Sustenta lo expuesto la tesis integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Cabe precisar que el desahogo de la prevención aquí contenida, deberá hacerlo la directa quejosa o su apoderado legal y no por conducto de sus autorizados, toda vez que lo que manifieste sobre el particular, deberá hacerlo bajo protesta de decir verdad, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, del rubro que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Aclaración que deberá exhibir con copias suficientes para cada una de las partes, atento a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo; a saber, una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 1a./J. 106/2005, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 170, Tomo XXII, Octubre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente. Notifíquese personalmente.
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