Mariana Cisneros Zepeda
Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Mariana Cisneros Zepeda
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante el cual informa que por proveído de tres de julio de la presente anualidad, se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México y otras autoridades. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 19, fracción I, inciso a), del capítulo sexto, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; mediante el cual devuelve el oficio 13519/2023 y anexos, al considerar que no se encuentra en aptitud legal de pronunciarse respecto de la aceptación o no de la competencia declinada por los motivos que expone. Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, el original del juicio de amparo 756/2023, así como las copias de traslado que fueron exhibidas por la parte quejosa con el escrito de demanda, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana Cisneros Zepeda, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 756/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígasele a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al Oficial Judicial "C", responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para conocer del presente asunto, pues dicha cuestión es una condición para que tenga validez la sentencia que eventualmente resuelva este juicio de derechos fundamentales. Ello es así, habida cuenta que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, elevado a rango constitucional, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia; entendido como tal las condiciones necesarias para que pueda emitirse válidamente una resolución. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.- Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En este contexto, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el peticionario del amparo señala como actos reclamados los siguientes: Precisado lo anterior, de los antecedentes de la demanda también se advierte que la quejosa Mariana Cisneros Zepeda, reclaman del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se expide el reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior se estima, que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo que promueven los impetrantes, de conformidad con lo previsto por el artículo artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura de la norma transcrita se obtienen tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. En este tenor, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de Distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere que el acto reclamado lo constituye el decreto por el que se expide el reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés. Por lo que tomando en consideración que la parte quejosa señala que tiene su local ubicado en Carretera Metlapil, número treinta, colonia Nicolás Bravo, Tres Palos, Guerrero, para el servicio de depósito de vehículos, asimismo, el permiso 310120002120537154, para operar y explotar el servicio de arrastre y salvamento en la ruta autorizada que comprende los tramos carreteros correspondientes a la carretera 95, México-Acapulco- La Venta- El Quemado- Lomas de San Juan-Km30-Km40-km 42-Km 45- KM 48- Xaltianguis-Solapa- El Playon-Río Papagayo; carretera 200, Acapulco-Pinotepa- Puente Tepic Talisman- Las Cruces- La Sabana- El Cayaco-Tuncingo-Tres Palos-Bejuco-San Pedro Las Playas- San Pedro Cachuatepec-Cerro de Piedra-San Juan El Chico- San Juan El Grande - Río Papagayo - El Cortez-Rio Papagayo, con una longitud de 100.00 kilómetros y circunscripto en el Estado de Guerrero. Por consiguiente, debido a que los efectos del acto reclamado se resienten directamente en el Municipio de Acapulco, Guerrero, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de este asunto, en razón de que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente. En atención a lo anterior, se cita la tesis aislada I.15o.A.41 K2, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 162635, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Por lo que es posible concluir que, hasta este momento se está en presencia de la impugnación de un acto que lleva implícita una eventual ejecución material en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Bajo esta perspectiva si el acto combatido indefectiblemente tendrá ejecución jurídica y material en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito con sede en esa ciudad, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, que en lo que interesa dice: "Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. [...] ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII al numeral TERCERO y la fracción XXXIV al numeral CUARTO del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue: [...] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta." Sin que sea óbice a lo anterior, que se haya prevenido en la demanda de amparo, pues como se dijo, en el territorio que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, no tiene ejecución jurídica o material el acto reclamado, ni es ejecutable, ni pretende ejecutarse, en los términos establecidos en los párrafos que anteceden. Es así, máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. En consecuencia, de conformidad con la circular DGGJ/002/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial de la Judicatura Federal, mediante oficio que se envíe al correo institucional, remítase copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo que se promueve y haga llegar a este juzgado Federal, la boleta de turno con el fin de conocer el órgano al que le fue asignado el asunto. Una vez que se tenga conocimiento del Juez o Jueza homólogo (a) que conocerá de la incompetencia planteada, sin necesidad de acuerdo alguno, procédase a remitirle de forma inmediata en la vía digital y por interconexión, el presente expediente. Se instruye a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Alejandro García del Ángel, por no haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el Registro Único de Profesionales del Derecho, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual manera, por señalados el correo electrónico jag.del.angel@gmail.com, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL). Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones de carácter personal de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizarlas se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta al peticionario del amparo para que en cuanto le sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
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