Mariana Espejo Cardenas
Expediente 900/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Mariana Espejo Cardenas
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que acompaña el juicio de amparo 1201/2019, en atención a que dicho órgano jurisdiccional en auto dictado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, declaró que carecía de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo 1201/2019 de su índice, promovido por Mariana Espejo Cárdenas, contra actos del Congreso del estado de Baja California y otra autoridad, y ordenó remitir la misma al juez de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en turno, puesto que, aduce es dentro de la circunscripción de este juzgado, donde tendrán ejecución las normas reclamadas por la parte quejosa; por tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de juzgado que corresponda bajo el número 900/2019. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia Luego, del estudio, de la demanda que nos ocupa, se advierte que la quejosa, reclamó el decreto 7, mediante el cual se reformaron los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94 y 110, así como la modificación del capítulo cuarto del título quinto, todos de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado en el periódico oficial del estado de Baja California, número cuarenta y siete, correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y el decreto 10, mediante el cual se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Baja California, publicado en el periódico oficial del estado de Baja California número cuarenta y nueve, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, así como los efectos y consecuencias de dichas normas. De igual forma, de la demanda que nos ocupa; en concreto, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la quejosa precisó que actualmente se desempeña como Agente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, sin precisar en qué localidad se encuentra adscrita. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre jueces de distrito, a saber: "Artículo ...... Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En otro tenor, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo Torres Valenzuela, Carlos Miguel Madrigal Bohon, Alejandro Emiliano Reyna Curiel, Karla Viridiana Diaz Arenas y Alejandro Krauss Arguiles, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Óscar Rivera Auyón, Alejandro Salvador Morales Gómez y Alma Aidee Serrano Rivera. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que acompaña el juicio de amparo 1201/2019, en atención a que dicho órgano jurisdiccional en auto dictado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, declaró que carecía de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo 1201/2019 de su índice, promovido por Mariana Espejo Cárdenas, contra actos del Congreso del estado de Baja California y otra autoridad, y ordenó remitir la misma al juez de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en turno, puesto que, aduce es dentro de la circunscripción de este juzgado, donde tendrán ejecución las normas reclamadas por la parte quejosa; por tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de juzgado que corresponda bajo el número 900/2019. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del estudio, de la demanda que nos ocupa, se advierte que la quejosa, reclamó el decreto 7, mediante el cual se reformaron los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94 y 110, así como la modificación del capítulo cuarto del título quinto, todos de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado en el periódico oficial del estado de Baja California, número cuarenta y siete, correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y el decreto 10, mediante el cual se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Baja California, publicado en el periódico oficial del estado de Baja California número cuarenta y nueve, correspondiente al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, así como los efectos y consecuencias de dichas normas. De igual forma, de la demanda que nos ocupa; en concreto, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la quejosa precisó que actualmente se desempeña como Agente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, sin precisar en qué localidad se encuentra adscrita. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre jueces de distrito, a saber: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" [subrayado añadido]. De ello puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden desprenderse tres supuestos en los que se establece la competencia del juez de distrito, que son: Si el acto reclamado tiene ejecución material, será competente el juez de distrito del lugar en donde va a tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el mismo; Si el acto reclamado tiene ejecución material y ésta pueda llevarse a cabo en uno o más distritos, o bien haya empezado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro (acto de tracto sucesivo), será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese contexto, cabe señalar que, como quedó puntualizado, el acto que el quejoso reclamó, lo hizo consistir en diversas disposiciones legales así como sus efectos y consecuencias. Asimismo, la promovente expuso que actualmente desempeña el cargo de Agente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California, sin que precisara en qué localidad desempeña las funciones inherentes al cargo que ostenta. En esa tesitura, contrariamente a lo estimado por la autoridad oficiante, no se tiene la certeza que los efectos y consecuencias de las normas reclamadas deban tener ejecución en esta ciudad, púes en de la demanda de amparo el quejoso no señaló que actualmente desempeñe las funciones inherentes al cargo de Agente de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California, en esta ciudad de Ensenada, además de que solo las desarrolle en ella, sino que únicamente indicó que se desempeñaba como agente de esa corporación policiaca estatal, sin precisar en qué ciudad desempeñaba dicho oficio. Sin que escape la atención del que suscribe que anexo a la demanda de amparo, la quejosa hubiese acompañado el original del recibo de pago expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California, de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fecha anterior a la presentación de la demanda), siendo éste el único elemento tomado en consideración por el juez declinante para fijar la competencia en esta ciudad, pues si bien de su contenido se advierte que contiene la leyenda "BANCO HSBC MÉXICO, S.A. ENSENADA"; sin embargo, dicha documental no tiene el alcance de evidenciar que la quejosa en su carácter de policía estatal, efectivamente desempeña actualmente sus funciones en esta ciudad, así como, que solamente las desarrolla en la misma, y que por tal motivo, los efectos y consecuencias de las normas reclamadas tendrán impacto en esta localidad y solo en ella. Lo anterior es así, ya que de su contenido, únicamente se deprende que el veintidós de noviembre pasado se realizó un pago a la quejosa a través de la citada institución bancaria, lo que resulta insuficiente en esta etapa procesal para evidenciar que el quejoso tiene su domicilio y desempeña actualmente sus funciones en esta ciudad, y que solamente las desarrolla en ella, puesto que no lo mencionó en su demanda; máxime que es un hecho notorio para este juzgador la circunstancia que los agentes de la Policía Estatal Preventiva, frecuentemente son readscritos a diversas plazas en esta entidad federativa (estado de Baja California), o enviados por comisión, lo que implica que las normas reclamadas tengan impacto en diversas ciudades o municipios del estado o distritos judiciales, en cuyo caso se encuadraría en la hipótesis contemplada en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, que resulte legalmente competente para conocer de la demanda el juez ante el cual hubiese sido presentada. En ese orden de ideas, este juzgador respetuosamente difiere del criterio adoptado por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Mariana Espejo Cárdenas, contra actos del Congreso del estado de Baja California; en virtud de que como se mencionó con anterioridad de la demanda de amparo ni de la documental anexada al mismo, se desprende dato alguno del que se obtenga que los efectos y consecuencias de las normas combatidas tendrán ejecución en esta localidad y solamente en ella. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante, el expediente de amparo 1201/2019 de su registro, previa copia certificada que de las constancias conducentes se deje en autos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En otro tenor, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo Torres Valenzuela, Carlos Miguel Madrigal Bohon, Alejandro Emiliano Reyna Curiel, Karla Viridiana Diaz Arenas y Alejandro Krauss Arguiles, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Óscar Rivera Auyón, Alejandro Salvador Morales Gómez y Alma Aidee Serrano Rivera. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario
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