María Victoria Salvador Zamorano

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 31 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • María Victoria Salvador Zamorano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y ordenó el archivo definitivo de aquel expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente por auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional, y por resoluciones de nueve de junio y seis de julio ambas de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. Finalmente, se ordena estampar en la carátula el original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se notifica a la tercero interesada Tiamba Farías Blanco, el auto de diez de enero de dos mil veintidós: "..Ensenada, Baja California, diez de enero de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejos **, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, y ejecutoras Juez Cuarto de Primera Instancia Civil especializada en Materia Mercantil y Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio, ambas en esta ciudad, para los efectos siguientes: -La autoridad responsable ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, deberá dejar insubsistente el embargo trabado dentro del juicio ejecutivo mercantil **, de su índice, sobre el bien inmueble identificado como ** únicamente por cuanto hace al cincuenta por ciento de los derechos que le corresponden a la quejosa ** Concesión de amparo que se hizo extensiva a los actos atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Culiacán Sinaloa. En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el once de noviembre de dos mil veintiuno, la juez responsable informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente **, en el que dejó insubsistente el embargo trabado sobre el bien inmueble identificado como **, únicamente por cuanto hace al cincuenta por ciento de los derechos que le corresponden a la quejosa ** Por su parte, la autoridad responsable ejecutora Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, registrado con folio 14591, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil de origen, se canceló el embargo del cincuenta por ciento que le corresponde a la quejosa **, respecto del bien inmueble de referencia, quedando subsistente el embargo por el cincuenta por ciento de los derechos que le corresponden a ** demandado en el juicio natural; ello bajo partida ** sección civil de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y remitió constancia relativa a la hoja de inscripción de la partida de referencia, la cual contiene un código bidimensional QR, que al validarlo condujo a la página de internet rppweb.ebajacalifornia.gob.mx, se observó la constancia remitida. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, en proveído de treinta de diciembre del año que antecede, se ordenó dar vista a las partes con dichas documentales por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que las autoridades responsables ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, y ejecutora Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que se demostró que se dejó insubsistente el embargo trabado dentro del juicio ejecutivo mercantil **, sobre el bien inmueble identificado como ** únicamente por cuanto hace al cincuenta por ciento de los derechos que le corresponden a la quejosa ** En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al encontrarse cumplido el fallo protector por parte de las responsables en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino. Por otra parte, ya que de la certificación de cuenta, se advierte que obra en autos un tomo de prueba por cuerda separada, remitido por la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa en apoyo a su informe con justificación; por tanto, se ordena la devolución de dichas constancias. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Por último, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

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