Mariana del Rosario Paredes Pat
Expediente 1161/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mariana del Rosario Paredes Pat
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha diez de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE diez de octubre de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana del Rosario Paredes Pat, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1161/2018-II-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, la quejosa reclama la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del juicio laboral 267/2016. En dicha determinación, la responsable determinó que resultaba infundado el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones planteado por la aquí quejosa en autos del juicio de origen. A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, los últimos interpretados a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: ":..ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. . V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto reclamado establecido en párrafos que anteceden, no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que solamente se refiere a la resolución de un incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, el cual, por su naturaleza, no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución y los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano. Además de que ello no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine el procedimiento de que se trata vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que tenga una ejecución irreparable. Asimismo, cabe señalar que en el caso de que la sentencia con que culmine el procedimiento de origen, sea adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, las infracciones procesales de mérito serán combatibles al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170, fracción I y 172 fracción V de la Ley de Amparo, que estatuyen, el primero, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y el segundo numeral comentado, dispone que en los juicios seguidos ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente, así como en los demás casos análogos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Es aplicable la Jurisprudencia sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia(s) Común, Tesis 3a. 43, en la página 59, con número de registro 820074, cuyo rubro y texto señalan: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia de la misma extinta Sala, con número de registro 207332, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s): Común, Tesis 3a. 40, en la página 280, que indica: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. De igual manera sirve de sustento a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia(s) Común, Tesis VI.2o.C. J/11 (10a.), con número de registro 2003448, en la página 1993, con el rubro y texto siguientes: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. De tal manera, que el acto reclamado en cita, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, en su contra resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, y 172, fracción V, interpretados los últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido numeral. Lo anterior, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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