Mariana del Rosario Paredes Pat
Expediente 2856/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2856/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mariana del Rosario Paredes Pat
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, por tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito aclaratorio de la quejosa MARIANA DEL ROSARIO PAREDES PAT mediante el cual, con relación a la prevención que se le efectuó por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, manifiesta bajo protesta de decir verdad que promovió juicio de amparo directo en contra del laudo dictado en el expediente 267/2016, del índice de la autoridad responsable. En tales condiciones, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y se procede a proveer lo que corresponde. Vista la demanda de amparo promovida por MARIANA DEL ROSARIO PAREDES PAT, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO La falta de emplazamiento al juicio 267/2016 del índice de la autoridad responsable promovido en su contra. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la propia quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que promovió juicio de amparo directo el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en contra del laudo dictado en el expediente 267/2016, del índice de la autoridad responsable. Lo cual constituye una confesión que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Por lo cual, basta con que el promovente, tratándose de una persona con capacidad jurídica, con pleno conocimiento de lo que expresa, se manifieste sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir del día siguiente de que manifestó haber tenido conocimiento del acto que reclama. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio 267/2016 del índice de la autoridad responsable promovido en su contra, ya que señala que no tuvo conocimiento del laudo que se dictó en su contra; sin embargo, del escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que promovió juicio de amparo directo en contra de dicha resolución. Entonces de las manifestaciones vertidas por la promovente, se advierte que sí tuvo conocimiento pleno del juicio laboral que se sigue en su contra, tan es así, que estuvo en la posibilidad de señalar conceptos de violación al momento de presentar el amparo directo que señala. Así, de lo anteriormente expuesto, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso para cuando promovió la quejosa la demanda de amparo indirecto que dio origen a este expediente. Toda vez, que la demanda de amparo en estudio fue presentada por buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el catorce de diciembre del presente año, según se desprende de la boleta de registro correspondiente, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta notoriamente extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados se encuentran tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Bajo el panorama general descrito, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, primer párrafo, y XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de siete de diciembre de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó por lista de estrados a la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintidós; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES En sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós, en su primer resolutivo se sobreseyó en el juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Leonel Humberto Quintal Alonzo, en contra del acto reclamado a la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, para el efecto de que: ". de inmediato notifique al aquí quejoso, como en derecho corresponda, los acuerdos de dos de febrero y catorce de marzo de dos mil veintidós." Posteriormente, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora, mediante oficio de cinco de diciembre de dos mil veintidós, integrado en autos mediante proveído de siete de diciembre actual, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, informó y acreditó que en esa propia fecha, levantó una constancia en la que hizo constar la imposibilidad que tuvo de notificar al aquí quejoso los referidos proveídos. Asimismo, que mediante publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de febrero y veintitrés de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, fueron notificados los mencionados proveídos. ANÁLISIS Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a notificar al quejoso los acuerdos de dos de febrero y catorce de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, del análisis integral de lo realizado por la autoridad responsable, sustentado con las constancias relativas, se concluye que no atendió las directrices trazadas por este Juzgado Federal en la sentencia amparadora, dictada el siete de abril de dos mil veintidós. Pues si bien pretendió acreditar que realizó dichas notificaciones con las publicaciones del Diario Oficial del Gobierno del Estado que exhibió; lo cierto es que únicamente se advierte la publicación del acuerdo de dos de febrero del presente año, y no la correspondiente a la del catorce de marzo de este año. Así, al margen de lo anterior, debe señalarse que no puede validarse la notificación de los citados acuerdos, como lo pretende la actuaria responsable, esto es, con anterioridad al dictado de la sentencia, ya que ésta se pronunció con vista de las constancias que fueron remitidas por las autoridades responsables, entre las que no se encuentran las publicaciones que refiere. DETERMINACIÓN En consecuencia, toda vez que la responsable no acató los lineamientos de la sentencia ejecutoriada, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, a fin de no retrasar el cumplimiento de la presente ejecutoria, requiérase nuevamente vía telegráfica a la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles legalmente computados, cumpla en sus términos con la misma, debiendo notificar, de inmediato, al quejoso los acuerdos de dos de febrero y catorce de marzo de dos mil veintidós, en la forma en que legalmente proceda. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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