Mariana del Rosario Issa Juarez
Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2022
Partes del expediente
- Mariana del Rosario Issa Juarez
- Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda CODESVI, antes Institución de la Vivienda del Estado de Campeche con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Mariana del Rosario Issa Juárez, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, transcurrió del tres al dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó este juicio de amparo, con exclusión de los días seis, siete, trece y catorce de agosto del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental, al resolverse: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mariana del Rosario Issa Juárez, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. (.)" Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mariana del Rosario Issa Juárez, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, en los términos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios sin número, del Director Jurídico de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche, mediante los cuales, rinde informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Como justificación de su informe remite las siguientes copias certificadas: I. Copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil veintidós, otorgado por Raúl Trejo Martínez, Director General de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche a favor del Pablo Martín Pérez Tun. II. Copia certificada del oficio CODESVI/DJ/821/2022, de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido a Mariana del Rosario Issa Juárez. III. Copia certificada de la visita domiciliaria de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, con dos impresiones de fotografías. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se tiene como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Resurgimiento, edificio B, número 87, de la Colonia Prado de San Francisco de Campeche. Finalmente, respecto de la solicitud de la autoridad oficiante de que previo cotejo con la copia certificada del nombramiento que adjunta, se ordena la compulsa relativa para que obre en el cuaderno principal, y así al momento de resolver pueda ser tomada en cuenta con el valor probatorio que le corresponde, una vez hecho lo anterior, se deja a su disposición en el local de ese Juzgado de Distrito, previa identificación y toma de razón que de su recibo deje en autos para constancia. Por otro lado, toda vez que la entrega del instrumento notarial requiere la presencia física de quien lo solicita, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, del propio Consejo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que deberá generar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la que se programará el día y la hora en que deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional, para que se le entregue el testimonio respecto del cual solicitó su devolución. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana del Rosario Issa Juárez, contra actos de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) (antes Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen) y otras autoridades, radíquese con el número de expediente 364/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Mariana del Rosario Issa Juárez, contra actos de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) (antes Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen) y otras autoridades. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridades responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, a la omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente la quejosa. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. El quejoso señala que no existe tercero interesado, sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad responsable, por tanto, una vez que se reciba el informe justificado solicitado, de advertirse su existencia, se proveerá lo conducente a su emplazamiento. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistente en 1. Copia simple del escrito de ocho de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2. Copia simple de la escritura pública número doscientos setenta y tres (273), de quince de febrero de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Notario Público número Doce (12), de la Ciudad de Carmen, Campeche. 3. Copia simple de la carta asignación de diez de diciembre de dos mil siete. 4. Copia simple de la credencial para votar a nombre Adriana Ávila Velázquez, emitida por el Instituto Federal Electoral. 5. Copia certificada de compraventa con reserva de dominio, respecto al lote de terreno servicios, ubicado por la carretera Carmen-Puerto real denominado como fracción A, de predio reforma de Ciudad del Carmen, municipio del Estado de Campeche. 6. Copia simple de la credencial para votar a nombre de Mariana del Rosario Issa Juárez, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 7. Copia simple del escrito de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido al Titular de la CODESVI antes Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, con sello de recibido de fecha con la misma fecha. 8. Copia simple de contrato de cesión de derechos, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 9. Copia simple de la credencial para votar a nombre de Sheyla Monserrat Cruz Juárez, emitida por el Instituto Nacional Electoral. 10. Copia simple de la credencial para votar a nombre Alan Adrián Rodríguez García, emitida por el Instituto Nacional Electoral. 11. Copia simple de cédula profesional a nombre de Doryan Francisco Rodríguez García, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 12. Instrumental de actuaciones. Documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuando a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en Avenida del Mar, sin número, entre calle Tabachines y avenida Isla de Tris, fraccionamiento Bivalvo, Ciudad del Carmen, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho a Jesús Israel Pulido Flores y Carlos Augusto Ojeda Jiménez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, el correo electrónico doryanfranciscorodriguezgarcia@gmail.com, así como el número telefónico 9381426043. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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