María Luisa López Rivera
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/06/2023
Partes del expediente
- María Luisa López Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de abril al once de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis y siete de mayo del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo se interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche *** mediante el cual, remite copia certificada del acuse de recibo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable por exhibiendo las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ****, mediante escrito presentado en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el tres de febrero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Local Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, a quién le reclamó la negativa de proveer lo necesario para que en el juicio laboral ***, se desahoguen las pruebas consistentes en las confesionales, confesionales por hechos propios, inspección ocular y documentales por vía de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos de los artículos; 771 y 880, fracción IV, 881 y 883 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, le reclamó la negativa de realizar las notificaciones relativas al desahogo de las pruebas. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, en Campeche, en su informe justificado manifestó que son ciertos los actos reclamados por el quejoso, sin embargo, en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, se admitieron y se desecharon las pruebas ofrecidas por las partes, encontrándose pendiente de notificar dicho acuerdo a las partes debido a la excesiva carga de trabajo. Para corroborar su dicho remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***. Posteriormente, mediante oficio ***, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada del expediente laboral ***. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de la documental remitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, se advierte que el veintidós de marzo de abril de dos mil veintitrés, se notificó personalmente a las partes y por oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, y el catorce de abril de dos mil veintitrés al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, donde se acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte trabajadora. Bajo ese contexto, en razón de que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***, la autoridad responsable acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por la parte trabajadora (aquí quejoso), fijándose fecha y hora para que se desahogaran y se ordenó enviar oficio a las autoridades auxiliares para lo relativo a las pruebas documentales vía informe: asimismo, en veintidós de marzo de dos mil veintitrés se notificó personalmente a ****, el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, por lo que resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese electrónicamente al quejoso; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** y ***, de la Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y del actuario adscrito, mediante el cual, acompañan las cédulas de notificación del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, realizada a las demandadas: 1. ***. 2. ***. 3. ***. 4. *** y/o quien resulte legitimo responsable o propietario de la relación de trabajo. Y, el acuse de recibo del oficio ***, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de veintidós de marzo de dos mil veintitrés De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable las documentales exhibidas. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa es la negativa de proveer lo necesario para que se desahoguen las pruebas confesionales para hechos propios, inspección ocular, documental por vía de informe al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Sin embargo, las autoridades responsables fueron omisas en remitir el acuse de recibo del oficio enviado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Ahora bien, por resultar necesario para resolver el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada del acuse de recibo del oficio, girado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para la prueba documental vía de informe que ofreció el apoderado legal de la parte trabajadora (aquí quejosa). Se apercibe a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable; y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, adjunta copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las documentales que remitió con su oficio de cuenta. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, dado el volumen de las constancias enviadas y para permitir el buen manejo del expediente, fórmese el anexo I Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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