María Yolanda Hernández Badillo.
Expediente 487/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Yolanda Hernández Badillo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
En Pachuca de Soto, Hidalgo a dos de julio de dos mil diecinueve, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve y al aviso dejado el veintisiete de junio del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista a la quejosa María Yolanda Hernández Badillo el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron veintiocho de junio y uno de julio del año en curso, no obstante al aviso que se le dejó el veintisiete de junio del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuya Síntesis se dijo:De la sentencia emitida por la autoridad responsable, se advierte que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal, en los siguientes términos: [.] "CUARTO.-En lo principal y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, este Tribunal Agrario considera que deberán de declararse parcialmente fundadas las prestaciones demandadas por la actora María Yolanda Hernández Badillo, respecto de la superficie que forma parte de las tierras de uso común del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, la que de conformidad con el dictamen topográfico rendido por el Ingeniero Miguel Ángel Chavarría Nieto, perito tercero en discordia, tiene una extensión de 3-24-54.1 hectáreas (folio 325 de autos). - - - En efecto, con el desahogo de la prueba testimonial a cargo de José Roberto Ríos Badillo, Eugenio Barrón Felipe y Lucía Hermelinda Badillo Fajardo, MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, (sic) estar en posesión de una superficie en el ejido "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz (folios del 186 al 196), la cual forma parte de las tierras de uso común de ese poblado. Luego entonces, deberá de condenarse a su Asamblea General de Ejidatarios, le respete a la actora dicha posesión en una extensión de 3-24-54.1 hectáreas, no en forma irrestricta, sino hasta en tanto no se pronuncie resolución judicial emitida por autoridad competente que determine lo contrario, y apercibirle que de no ser así se le aplicará la sanción prevista por el artículo 59, en su fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia. - - - QUINTO.- Por lo que hace a que la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, le reconozca a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, un mejor derecho a poseer una superficie de 3-98-02 hectáreas, que forma parte de las tierras de uso común del ejido, tal prestación deberá de declararse infundada, toda vez que la posesión originaria de esas tierras le corresponde al poblado demandado en virtud de ser su propietario al así disponerlo el artículo 9° de la Ley Agraria, pues conforme a la copia certificada del acta relativa a su Asamblea celebrada el veintiuno de octubre de dos mil cuatro, con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras, glosada a folios del 92 al 120 del sumario, el poblado en cita fue dotado de 985-00-00 hectáreas, mediante Resoluciones Presidenciales de Dotación y Ampliación publicadas los días cuatro de octubre de mil novecientos treinta y cinco y diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y que la Asamblea de mérito delimitó y destinó en su totalidad al uso común del ejido. - - - Luego entonces, la posesión derivada de la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, por las razones que aduce, respecto de una superficie que resultó ser 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común del poblado ejidal de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, no le da un mejor derecho frente a la posesión originaria del ejido de esas tierras, habida cuenta su naturaleza colectiva al así disponerlo los artículos 73 y 74 de la Ley Agraria, al establecer puntualmente que aquéllas "...constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por. tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. la propiedad de las tierras de uso común es inalienable. El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido.", esto es, la fracción de referencia no tiene el carácter de parcela, como equívocamente lo afirma la actora, ya que los derechos que la Asamblea del poblado le asignó sobre sus tierras de uso común, conforme a su certificado a folio 7 de autos, no se refieren a que le amparen determinada superficie, sino al 1.041% de su totalidad (folio 118), ya que dicho porcentaje en su caso servirá de base para el cálculo del reparto de las utilidades económicas que pudiera obtener el ejido que nos ocupa por la explotación colectiva de las tierras en comento o por terceros en atención al diverso numeral 75 de ese mismo ordenamiento, por lo que deberá absolverse a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado demandado de esta segunda prestación. Resulta explicativa, por analogía, la jurisprudencia dictada en contradicción de tesis: - - - "AGRARIO. SON IMPRESCRIPTIBLES LAS TIERRAS EJIDALES DE USO COMÚN" (Transcribió datos de localización y texto). - - - SEXTO.-Finalmente, en lo que atañe a la tercera prestación demandada por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, deberá declararse fundada, pues si bien como se razonó en el considerando que antecede, el poblado "Canalejas de Otates", Zacualpan, Estado de Veracruz, es el legal propietario de sus tierras de uso común, esto no facultaba a la Asamblea General de Ejidatarios, por acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil dieciséis (folio 131 de autos), a "disponer libremente" de una fracción de esas tierras que poseía la actora dentro de la consabida superficie de 3-24-54.1 hectáreas, realizando "diversos trabajos de acondicionamiento de la galera", como lo admitió en su contestación de demanda, fracción que resultó ser de 3,333.4 metros cuadrados, como lo dictaminó el perito tercero en discordia (folio 325 de autos) y que derivó que el Comisariado Ejidal del poblado la cercara y rellenara una parte, como igualmente así lo aceptó en el desahogo de la prueba confesional a su cargo al absolver las posiciones 13 y 15 (folio 198 en relación con el 203 del sumario), todo lo cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199, 200 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - En efecto, la Asamblea General de Ejidatarios del poblado demandado no podía desposeer de propia autoridad a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, de la fracción de 3,333.4 metros cuadrados, aunque forme parte de las tierras de uso común del ejido, ya que debió sujetarse al procedimiento judicial que acordó iniciar en su contra, según actas de asamblea a folios del 123 al 135 del expediente, y acorde al precepto constitucional de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sino instar a las autoridades legalmente establecidas para tal efecto. - - - Consecuentemente, deberá de condenarse a la Asamblea de Ejidatarios del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, a que en un plazo de quince días hábiles y conforme a los lineamientos que prevé el artículo 191 de la Ley Agraria, por conducto de su Comisariado Ejidal, desocupe y entregue a MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, la fracción de tierras de uso común de 3,333.4 metros cuadrados, de la que la desposeyó, debiéndosele de apercibir que en caso de ser omisa se procederá a la ejecución forzosa y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 421, fracción IV, en relación con el 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - SÉPTIMO.-Al resultar fundada la tercera prestación que en lo principal demandó MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, deberá de declararse improcedente el interdicto de retener la posesión que en reconvención ejercitó la Asamblea General de Ejidatarios de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, respecto de la misma fracción de tierras de uso común de 3,333.4 metros cuadrados y absolverse a la ahora demandada de las prestaciones deducidas en su contra. - - - Por lo expuesto y fundado y de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, este Tribunal, - - - RESUELVE - - - PRIMERO.- SE DECLARAN PARCIALMENTE FUNDADAS las prestaciones demandadas en lo principal por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, atento a lo razonado en los considerandos CUARTO y SEXTO de esta resolución. - - - SEGUNDO.- SE CONDENA a la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, a respetarle a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, la posesión de 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común, y a que en un plazo de quince días hábiles y conforme a los lineamientos que prevé el artículo 191 de la Ley Agraria por conducto de su Comisariado Ejidal, desocupe y entregue a su contraria la fracción de 3,333.4 metros cuadrados que forma parte de esa superficie, APERCIBIDA que en caso de ser omisa se procederá a la ejecución forzosa y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 421, fracción IV, en relación con el 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - TERCERO.-SE DECLARA INFUNDADA la prestación demandada por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, consistente en que la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, le reconozca un mejor derecho a poseer una superficie de 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común, por lo que SE LE ABSUELVE de la misma, atento a lo razonado en el considerando QUINTO de esta resolución. - - - CUARTO.-En reconvención, SE DECLARA IMPROCEDENTE el interdicto de retener la posesión que ejercitó la Asamblea de Ejidatarios del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, por lo que SE ABSUELVE a MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, de las prestaciones que se le exigieron, atento a lo razonado en el considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. - - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES CON COPIA CERTIFICADA DE ESTA SENTENCIA; Publíquese sus puntos resolutivos en los estrados de este Tribunal Agrario; Gírese oficio al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, anexándole tres copias certificadas de la presente resolución, a efecto de que dé por cumplimentada la ejecutoria pronunciada al resolver el juicio de amparo directo número 487/2018; EJECÚTESE; hecho lo cual y previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, archívese este asunto como concluido. - - - CUMPLASE." Así pues, de las copias certificadas del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, así como de la sentencia antes transcrita, se aprecia que, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitió otra, en la que, siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria que se avocó a cumplimentar, mantuvo intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo, es decir, declaró improcedente la acción reconvencional intentada. Por otro lado, atendiendo a lo planteado por la quejosa, resolvió con plenitud de jurisdicción, declarar parcialmente fundadas las prestaciones demandadas, por ende, condenó a la demandada a respetar a la actora, la posesión de 3-24-54.1 hectáreas de tierra de uso común, asimismo, a entregar a su contraria la fracción de 3,333 metros cuadrados que forma parte de esa superficie apercibida que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa y a su costa. En esa condición, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin excesos ni defectos, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Se afirma lo anterior, pues como se le ordenó, dejó insubsistente la resolución reclamada; así mismo, mantuvo intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo y por último con plenitud de jurisdicción se pronunció en torno a lo solicitado por la quejosa en el juicio natural, en el sentido de que la asamblea de ejidatarios demandada la despojó de una extensión de terreno, sin cumplir con ninguna formalidad. Aspecto este último, respecto del cual la autoridad responsable le concedió la razón, es decir, ordenó que se le restituyera en el goce de la posesión conculcada, por lo que se insiste, el fallo protector ha quedado cumplido. Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por la aquí quejosa, contenidas en el escrito que presentó en desahogo de la vista que le fue dada en proveído de cinco de abril del año que transcurre, consistentes en que existe defecto y exceso en el cumplimiento de ejecutoria emitida en el presente asunto, al ordenar que se le respete la posesión que tiene respecto de una superficie de tierras de uso común del ejido de que se trata, pero que no tiene mejor derecho a poseerla. Continúa alegando que la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento al amparo es incongruente, pues por una parte ordena que se le respete la posesión de una extensión de terreno y por otra declara improcedente su pretensión en el sentido de que se establezca su mejor derecho a poseerla. Sobre el particular, afirma que la autoridad responsable pasó por alto lo dispuesto en los artículos 790 a 829 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en materia agraria. Los anteriores reclamos son inoperantes ya que a través de los mismos, la solicitante del amparo formula alegaciones de fondo, esto es, en torno a la legalidad de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria emitida en los presentes autos; siendo que en este momento procesal, tales cuestiones no pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este tribunal colegiado, ya que el objeto de esta determinación implica verificar únicamente si la nueva determinación que dictó el Tribunal Unitario Agrario, se ajusta o no a los lineamientos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas, quedan a salvo los derechos de la quejosa para impugnar la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve en la vía que estime conducente. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
De la sentencia emitida por la autoridad responsable, se advierte que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal, en los siguientes términos: [.] "CUARTO.-En lo principal y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, este Tribunal Agrario considera que deberán de declararse parcialmente fundadas las prestaciones demandadas por la actora María Yolanda Hernández Badillo, respecto de la superficie que forma parte de las tierras de uso común del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, la que de conformidad con el dictamen topográfico rendido por el Ingeniero Miguel Ángel Chavarría Nieto, perito tercero en discordia, tiene una extensión de 3-24-54.1 hectáreas (folio 325 de autos). - - - En efecto, con el desahogo de la prueba testimonial a cargo de José Roberto Ríos Badillo, Eugenio Barrón Felipe y Lucía Hermelinda Badillo Fajardo, MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, (sic) estar en posesión de una superficie en el ejido "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz (folios del 186 al 196), la cual forma parte de las tierras de uso común de ese poblado. Luego entonces, deberá de condenarse a su Asamblea General de Ejidatarios, le respete a la actora dicha posesión en una extensión de 3-24-54.1 hectáreas, no en forma irrestricta, sino hasta en tanto no se pronuncie resolución judicial emitida por autoridad competente que determine lo contrario, y apercibirle que de no ser así se le aplicará la sanción prevista por el artículo 59, en su fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia. - - - QUINTO.- Por lo que hace a que la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, le reconozca a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, un mejor derecho a poseer una superficie de 3-98-02 hectáreas, que forma parte de las tierras de uso común del ejido, tal prestación deberá de declararse infundada, toda vez que la posesión originaria de esas tierras le corresponde al poblado demandado en virtud de ser su propietario al así disponerlo el artículo 9° de la Ley Agraria, pues conforme a la copia certificada del acta relativa a su Asamblea celebrada el veintiuno de octubre de dos mil cuatro, con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras, glosada a folios del 92 al 120 del sumario, el poblado en cita fue dotado de 985-00-00 hectáreas, mediante Resoluciones Presidenciales de Dotación y Ampliación publicadas los días cuatro de octubre de mil novecientos treinta y cinco y diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y que la Asamblea de mérito delimitó y destinó en su totalidad al uso común del ejido. - - - Luego entonces, la posesión derivada de la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, por las razones que aduce, respecto de una superficie que resultó ser 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común del poblado ejidal de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, no le da un mejor derecho frente a la posesión originaria del ejido de esas tierras, habida cuenta su naturaleza colectiva al así disponerlo los artículos 73 y 74 de la Ley Agraria, al establecer puntualmente que aquéllas "...constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por. tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. la propiedad de las tierras de uso común es inalienable. El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido.", esto es, la fracción de referencia no tiene el carácter de parcela, como equívocamente lo afirma la actora, ya que los derechos que la Asamblea del poblado le asignó sobre sus tierras de uso común, conforme a su certificado a folio 7 de autos, no se refieren a que le amparen determinada superficie, sino al 1.041% de su totalidad (folio 118), ya que dicho porcentaje en su caso servirá de base para el cálculo del reparto de las utilidades económicas que pudiera obtener el ejido que nos ocupa por la explotación colectiva de las tierras en comento o por terceros en atención al diverso numeral 75 de ese mismo ordenamiento, por lo que deberá absolverse a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado demandado de esta segunda prestación. Resulta explicativa, por analogía, la jurisprudencia dictada en contradicción de tesis: - - - "AGRARIO. SON IMPRESCRIPTIBLES LAS TIERRAS EJIDALES DE USO COMÚN" (Transcribió datos de localización y texto). - - - SEXTO.-Finalmente, en lo que atañe a la tercera prestación demandada por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, deberá declararse fundada, pues si bien como se razonó en el considerando que antecede, el poblado "Canalejas de Otates", Zacualpan, Estado de Veracruz, es el legal propietario de sus tierras de uso común, esto no facultaba a la Asamblea General de Ejidatarios, por acuerdo del veintisiete de marzo de dos mil dieciséis (folio 131 de autos), a "disponer libremente" de una fracción de esas tierras que poseía la actora dentro de la consabida superficie de 3-24-54.1 hectáreas, realizando "diversos trabajos de acondicionamiento de la galera", como lo admitió en su contestación de demanda, fracción que resultó ser de 3,333.4 metros cuadrados, como lo dictaminó el perito tercero en discordia (folio 325 de autos) y que derivó que el Comisariado Ejidal del poblado la cercara y rellenara una parte, como igualmente así lo aceptó en el desahogo de la prueba confesional a su cargo al absolver las posiciones 13 y 15 (folio 198 en relación con el 203 del sumario), todo lo cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199, 200 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - En efecto, la Asamblea General de Ejidatarios del poblado demandado no podía desposeer de propia autoridad a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, de la fracción de 3,333.4 metros cuadrados, aunque forme parte de las tierras de uso común del ejido, ya que debió sujetarse al procedimiento judicial que acordó iniciar en su contra, según actas de asamblea a folios del 123 al 135 del expediente, y acorde al precepto constitucional de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sino instar a las autoridades legalmente establecidas para tal efecto. - - - Consecuentemente, deberá de condenarse a la Asamblea de Ejidatarios del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, a que en un plazo de quince días hábiles y conforme a los lineamientos que prevé el artículo 191 de la Ley Agraria, por conducto de su Comisariado Ejidal, desocupe y entregue a MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, la fracción de tierras de uso común de 3,333.4 metros cuadrados, de la que la desposeyó, debiéndosele de apercibir que en caso de ser omisa se procederá a la ejecución forzosa y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 421, fracción IV, en relación con el 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - SÉPTIMO.-Al resultar fundada la tercera prestación que en lo principal demandó MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, deberá de declararse improcedente el interdicto de retener la posesión que en reconvención ejercitó la Asamblea General de Ejidatarios de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, respecto de la misma fracción de tierras de uso común de 3,333.4 metros cuadrados y absolverse a la ahora demandada de las prestaciones deducidas en su contra. - - - Por lo expuesto y fundado y de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, este Tribunal, - - - RESUELVE - - - PRIMERO.- SE DECLARAN PARCIALMENTE FUNDADAS las prestaciones demandadas en lo principal por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, atento a lo razonado en los considerandos CUARTO y SEXTO de esta resolución. - - - SEGUNDO.- SE CONDENA a la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Veracruz, a respetarle a la actora MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, la posesión de 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común, y a que en un plazo de quince días hábiles y conforme a los lineamientos que prevé el artículo 191 de la Ley Agraria por conducto de su Comisariado Ejidal, desocupe y entregue a su contraria la fracción de 3,333.4 metros cuadrados que forma parte de esa superficie, APERCIBIDA que en caso de ser omisa se procederá a la ejecución forzosa y a su costa, conforme a lo previsto por el artículo 421, fracción IV, en relación con el 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. - - - TERCERO.-SE DECLARA INFUNDADA la prestación demandada por MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, consistente en que la Asamblea de Ejidatarios del poblado "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, le reconozca un mejor derecho a poseer una superficie de 3-24-54.1 hectáreas de tierras de uso común, por lo que SE LE ABSUELVE de la misma, atento a lo razonado en el considerando QUINTO de esta resolución. - - - CUARTO.-En reconvención, SE DECLARA IMPROCEDENTE el interdicto de retener la posesión que ejercitó la Asamblea de Ejidatarios del poblado de "Canalejas de Otates", Municipio de Zacualpan, Estado de Veracruz, por lo que SE ABSUELVE a MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ BADILLO, de las prestaciones que se le exigieron, atento a lo razonado en el considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. - - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES CON COPIA CERTIFICADA DE ESTA SENTENCIA; Publíquese sus puntos resolutivos en los estrados de este Tribunal Agrario; Gírese oficio al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, anexándole tres copias certificadas de la presente resolución, a efecto de que dé por cumplimentada la ejecutoria pronunciada al resolver el juicio de amparo directo número 487/2018; EJECÚTESE; hecho lo cual y previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, archívese este asunto como concluido. - - - CUMPLASE." Así pues, de las copias certificadas del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, así como de la sentencia antes transcrita, se aprecia que, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitió otra, en la que, siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria que se avocó a cumplimentar, mantuvo intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo, es decir, declaró improcedente la acción reconvencional intentada. Por otro lado, atendiendo a lo planteado por la quejosa, resolvió con plenitud de jurisdicción, declarar parcialmente fundadas las prestaciones demandadas, por ende, condenó a la demandada a respetar a la actora, la posesión de 3-24-54.1 hectáreas de tierra de uso común, asimismo, a entregar a su contraria la fracción de 3,333 metros cuadrados que forma parte de esa superficie apercibida que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa y a su costa. En esa condición, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin excesos ni defectos, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Se afirma lo anterior, pues como se le ordenó, dejó insubsistente la resolución reclamada; así mismo, mantuvo intocado lo que no fue materia de la concesión del amparo y por último con plenitud de jurisdicción se pronunció en torno a lo solicitado por la quejosa en el juicio natural, en el sentido de que la asamblea de ejidatarios demandada la despojó de una extensión de terreno, sin cumplir con ninguna formalidad. Aspecto este último, respecto del cual la autoridad responsable le concedió la razón, es decir, ordenó que se le restituyera en el goce de la posesión conculcada, por lo que se insiste, el fallo protector ha quedado cumplido. Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por la aquí quejosa, contenidas en el escrito que presentó en desahogo de la vista que le fue dada en proveído de cinco de abril del año que transcurre, consistentes en que existe defecto y exceso en el cumplimiento de ejecutoria emitida en el presente asunto, al ordenar que se le respete la posesión que tiene respecto de una superficie de tierras de uso común del ejido de que se trata, pero que no tiene mejor derecho a poseerla. Continúa alegando que la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento al amparo es incongruente, pues por una parte ordena que se le respete la posesión de una extensión de terreno y por otra declara improcedente su pretensión en el sentido de que se establezca su mejor derecho a poseerla. Sobre el particular, afirma que la autoridad responsable pasó por alto lo dispuesto en los artículos 790 a 829 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en materia agraria. Los anteriores reclamos son inoperantes ya que a través de los mismos, la solicitante del amparo formula alegaciones de fondo, esto es, en torno a la legalidad de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria emitida en los presentes autos; siendo que en este momento procesal, tales cuestiones no pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este tribunal colegiado, ya que el objeto de esta determinación implica verificar únicamente si la nueva determinación que dictó el Tribunal Unitario Agrario, se ajusta o no a los lineamientos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas, quedan a salvo los derechos de la quejosa para impugnar la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve en la vía que estime conducente. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes los oficios de cuenta, mediante los cuales, con el primero de ellos se devuelve diligenciado el exhorto 6/2019, orden 35/2019, derivado del presente asunto; mientras que con el segundo, adjuntan diversas constancias, de las que se advierte que el proveído de cinco de abril del dos mil diecinueve, se notificó personalmente a la parte tercera interesada Asamblea General de Ejidatarios del Poblado de "Canalejas de Otates", a través de su Presidente, Secretario y Tesorero, del Comisariado Ejidal del Ejido "Canalejas de Otates", dándoles vista con copia de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad responsable, el nueve de mayo del año en curso. Acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.
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- María Victoria Vera Morales300/2021
- María Villegas Monter150/2022
- María Villegas Monter568/2022
- Mariana Alejandra Meléndez Márquez.565/2019
- Mariana Alejandra Meléndez Márquez495/2020
- Mariano Mendoza Salazar730/2023
- Maribel García Herrera304/2020
- Maribel García Herrera.454/2019
- Maribel Granados Montiel.596/2019