María Victoria Martínez Pérez.

Expediente 417/2019 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
417/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • María Victoria Martínez Pérez.

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo del diverso 1933/2019, así como de las constancias enviadas; e informa que ese juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción a las incompetencias en los que otro órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia; y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Ahora bien, en el caso a estudio se estima carecer de competencia, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridad ordenadora, los C.C. Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.". "2. Como autoridad ordenadora y ejecutora, la C. Jueza Primera Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo." "IV.- El ACTO RECLAMADO: La sentencia definitiva dictada con fecha 24 de enero del 2019, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2 de la Ley de Amparo, se advierte que mediante escrito de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ante el Juez de lo Familiar en turno de Pachuca de Soto, Hidalgo, promovió la nulidad del procedimiento no contencioso de reconocimiento de concubinato, a efecto de que se declarara por resolución judicial la inexistencia del concubinato. Seguido el trámite de dichas diligencias, el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Primero de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo dictó sentencia, en donde resolvió que la actora probó los hechos constitutivos de su acción mientras que la demandada no acreditó sus excepciones, por lo que declaró sin efectos la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 506/2016 relativo al procedimiento no contencioso de declaración de reconocimiento de concubinato emitido por la Jueza Tercero de lo Familiar de este Distrito Judicial, condenando al pago de gastos y costas del juicio. La ahora quejosa interpuso recurso de apelación, contra dicho auto, quien por razón de turno conoció la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 528/2018, en el que resolvió entre otras cosas lo siguiente: ". PRIMERO. Esta Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, resultó competente para conocer y resolver el recurso de apelación. SEGUNDO. Los agravios expuestos por la apelante resultaron uno insuficiente, otros infundados, y todos inoperantes. TERCERO. En consecuencia se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha 02 dos de mayo de 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; dentro del Juicio Escrito Familiar, promovido derivado del expediente número 856/2017." Inconforme con dicha resolución la quejosa promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado y es el que ahora nos ocupa. Ahora bien, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo en el Capítulo XII, de los procedimientos no contenciosos, dice lo siguiente: ". CAPÍTULO XII DE LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS Artículo 557.- La vía de procedimiento no contencioso comprende los actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Los procedimientos respectivos deberán ser desahogados por el secretario de acuerdos en funciones de juez instructor, cuando así lo autorice el juez titular, reservándose a éste la resolución definitiva. Artículo 558.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho advirtiéndole en la citación que quedan por tres días las actuaciones en la secretaría del juzgado para que se imponga de ellas y señalándole día y hora para la audiencia a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste. Artículo 559.- Se oirá precisamente al Ministerio Público I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos; II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados; III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; IV.- Cuando lo dispusieren las Leyes. Artículo 560.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se substanciará el trámite en vía incidental. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de dictada la resolución reservando el derecho al opositor. Artículo 561.- El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare en los procedimientos no contenciosos, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la solicitud. Artículo 562.- Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación. Artículo 563.- La substanciación de las apelaciones en procedimientos no contenciosos, se ajustará a los trámites establecidos para la de los incidentes. Artículo 564.- Toda cuestión que surja en los negocios a que se refieren los capítulos siguientes y haya de resolverse en juicio contradictorio, se substanciará en la forma determinada para los incidentes, a no ser que la Ley dispusiere otra cosa. Artículo 565.- En los negocios de menores e incapacitados intervendrá el Juez y los demás funcionarios que determina la Ley para la Familia..". De la transcripción que antecede, se advierte que la vía de procedimiento no contencioso comprende los actos que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En ese sentido, el procedimiento no contencioso de nulidad de reconocimiento de concubinato entre la quejosa y el finado, se traduce en una providencia de jurisdicción voluntaria, lo anterior en términos del artículo 562 de la codificación en comento, toda vez que al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso, el cual es indispensable para que exista juicio. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: 1. Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y 2. Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 528/2018, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, que confirmó la sentencia definitiva dictada el dos de mayo de dos mil dieciocho, por la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del procedimiento no contencioso con número de expediente 856/2017; y toda vez que las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, son actos pronunciados fuera de juicio, para efectos del amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, las mismas no pueden considerarse sentencias definitivas, ni resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y por ello resulta justamente incompetente un Tribunal Colegiado para conocer del juicio de garantías. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, en turno, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica, y en cuanto a las personas que autoriza, dígasele que únicamente se tendrán con tal carácter a quienes acrediten ante este tribunal encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y tener registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; mientras tanto, con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

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