María Yolanda Alicia Arellano Morales

Expediente 268/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
268/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • María Yolanda Alicia Arellano Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa MARÍA YOLANDA ALICIA ARELLANO MORALES, en atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa copia autorizada que obre agregada en autos, dígase que deberá comparecer personalmente ante este juzgado federal, con original y copia de identificación oficial vigente, de lunes a jueves hábiles, en un horario comprendido de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores del juzgado, para que se haga la devolución del documento que solicita. Sin tener por autorizada para recibirlo a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, dada la responsabilidad que tiene este juzgado para su guarda y custodia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el inciso a), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto Recurso de Queja contra el auto de catorce de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda interpuesta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puñoy letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    En catorce de marzo de dos mil diecinueve, doy cuenta con el estado que guardan los presentes autos y certifico que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiendo que mediante proveído de uno de marzo del año en curso (fojas 310 a 311), se ordenó enviar el despacho 76/2019 con número de orden 106/2019 del índice de este órgano jurisdiccional al Juez de lo Civil en Turno del Distrito Judicial de de Huejotzingo, Puebla, con la finalidad de emplazar a la parte tercera interesada RUTA S3, SAN MARTÍN TEXMELUCAN - SAN BALTAZAR TEMAXCALAC- SAN LUCES ATOYATENCO, a través de su representante legal Luis Cano Téllez, en el domicilio el ubicado en Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las diez horas con catorce minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Delegado Estatal de Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizara lo siguiente: (foja 85) ".dé contestación por escrito a las solicitudes presentadas el catorce de febrero y dieciocho de junio, ambas de dos mil dieciocho, y dichas respuestas las notifique en breve término al aquí quejoso; debiendo remitir a este juzgado federal las constancias que así lo justifiquen." Luego, mediante oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ello en virtud de que refirió que mediante oficio II/SJ/141/0232/2019 de quince de febrero de dos mil diecinueve, mismo que notificó a la parte quejosa en dieciocho siguiente, dio contestación a la petición contenida en los escritos de catorce de febrero y dieciocho de junio, de dos mil dieciocho, cuya omisión en su respuesta reclamó en este juicio (fojas 144 a 149). Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se notificó el veinte de febrero del año en cita (foja 154). Por otra parte, mediante escrito recibido el veinticinco de febrero del año en curso, el quejoso Agustín Bolaños Herrera dio contestación a la vista que se hace referencia en el párrafo que precede, en el que argumentó que no debe declararse cumplida la sentencia porque la respuesta a los escritos cuya omisión fue materia de este juicio no fue emitida por la autoridad a la que señaló como responsable, esto es, el Delegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla, sino por el Subdelegado Jurídico de dicha Secretaría. Además, refiere que en el oficio II/SJ/141/0232/2019 le hicieron saber que el trámite que intenta tendría que continuarlo ante la COSOMER y la COMAC y que dichos organismos no se encuentran previstos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Subdelegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla -las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio-, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se requirió a la autoridad responsable dio contestación a la petición hecha por el quejoso Agustín Bolaños Herrera, respecto de los escritos presentados el catorce de febrero y dieciocho de junio de dos mil dieciocho y, el hoy quejoso fue notificado de ello a través del oficio II/SJ/141/0232/2019. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No se soslayan las manifestaciones del quejoso, pues si bien, la respuesta a sus peticiones fue elaborada por el Subdelegado Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla, ello obedece a las facultades que le confieren los artículos 2, fracción III, inciso a), 14, fracciones VI y VIII y 35, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, actúa en representación del Titular de la citada Secretaría, por ende, ningún obstáculo genera para declarar cumplida la sentencia que la respuesta lo haya hecho el Subdelegado Jurídico. Respecto a las manifestaciones relativas a que dentro de la respuesta que recayó a sus peticiones, la autoridad responsable le hizo saber que el trámite que intenta tendría que continuarlo ante la COSOMER y la COMAC y que dichos organismos no se encuentran previstos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, este juzgado se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la legalidad de dichas manifestaciones. Ello, dado que escapa de los efectos del amparo, esto es, los efectos de la concesión del amparo fueron para que la responsable diera contestación por escrito a las solicitudes presentadas el catorce de febrero y dieciocho de junio, de dos mil dieciocho y notificara al quejoso la respuesta, lo cual, como se vio, quedó cumplido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

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