María Yazmín Castellanos Aguilar

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • María Yazmín Castellanos Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: I. De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: a) La omisión de desahogar la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral D-2/167/2020. II. Del actuario adscrito a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. b) La omisión de emplazar a los demandados ******, dentro del juicio laboral D-2/167/2020. Por resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ******, a través de su apoderada general ******, contra los actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario de su adscripción, para el efecto siguiente: "a) Sólo en el supuesto de que no se desahogue la audiencia de ley, señalada para las trece horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral D-2/167/2020; señale nueva fecha y hora dentro del término legal, para la celebración de la citada audiencia. b) Realice las gestiones necesarias hasta desahogar la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral D-2/167/2020. c) El actuario de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, deberá remitir las constancias de emplazamiento de los demandados ******, dentro del juicio laboral D-2/167/2020. " En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que la parte quejosa se inconformara con la sentencia a pesar de estar debidamente notificada, el trece de junio de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio A-10703/2022, recibido en la oficialía de este juzgado el veinte de junio de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente D-2/167/2020, por medio del cual se desahogó la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones dentro del referido expediente. Asimismo, se requirió al actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que remitiera las constancias de emplazamiento de los demandados ******, dentro del juicio laboral D- 2/167/2020. Así, mediante oficio A-11214/2022 recibido en la oficialía de este juzgado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada de las notificaciones a la parte demandada, dentro del expediente D-2/167/2020, realizadas el seis de abril del año en curso. Por lo anterior, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó el seis de julio del presente año. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 19/05/2022 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 20/06/2022 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 06/07/2022 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 13/07/2022

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el escrito de demanda, la parte quejosa señaló a ********, como autorizado en términos amplios, sin haberse realizado pronunciamiento alguno; en tales condiciones, se provee: Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a *******, sin necesidad de verificar que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el segundo párrafo del referido numeral establece que ".En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización." y en el caso que nos ocupa se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por *****, autorizado en términos amplios de la quejosa, a través del cual solicita se sobresea en el presente juicio en términos de la fracción V del numeral 63 de la legislación en cita -sin especificar la causal de improcedencia que advierte actualizada-, en razón de que la actora en el sumario laboral de origen desistió de la acción intentada. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el controvertido constitucional en el que se actúa se encuentra en la etapa de cumplimiento de la ejecutoria, lo que constituye una cuestión de orden público, como se expondrá a continuación. Las sentencias al adquirir el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, constriñen indefectiblemente a las autoridades responsables a cumplirlo a partir de ese momento, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía o derecho violentado, tal y como lo prevé la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal y los diversos 77, 192 y 214 de la Ley de Amparo. Esta es la finalidad esencial que persigue el procedimiento previsto en la ley de la materia para lograr el total cumplimiento de las sentencias que en materia de amparo dictan los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual explica el principio de obligatoriedad con el que la Constitución Federal reviste a los fallos constitucionales, de fundamental importancia para la eficacia del juicio de amparo. Además, la obligatoriedad que para acatar una sentencia de amparo impone el artículo 107 de la Ley Suprema a cualquier autoridad, se funda en el principio de que el cumplimiento de una sentencia de garantías constituye una cuestión de orden público, pues ello no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para el Estado Mexicano, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también es verdad que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, obligando a su respeto a todas las autoridades del país, lo cual garantiza que exista seguridad jurídica. De igual forma, la parte final de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, así como el numeral 214 de la Ley de Amparo, impone la obligación a los juzgadores de no archivar ningún juicio sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección de la justicia federal, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Así, en el caso en concreto, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a ********, y el trece de junio del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo. Ello, pone de manifiesto que en este asunto existe una sentencia que ya causó ejecutoria en la que la impetrante obtuvo un amparo respecto de los actos reclamados y con motivo de ello, en términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 77 de la ley de la materia, fueron fijados los lineamientos que debía seguir la autoridad responsable a fin de dar total cumplimiento al fallo protector. Luego, previo requerimiento a la responsable, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo amparador; por lo que actualmente se encuentra transcurriendo el término legal concedido para ese efecto; sin que se tenga constancia fehaciente de imposibilidad jurídica alguna para la continuación de esta etapa de ejecución. Se afirma lo anterior, pues el promovente acompañó a su ocurso, una fotocopia simple que al parecer corresponde a lo actuado a las quince horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral D-2/167/2020 ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, misma que únicamente calza la firma de la secretaria de ese órgano colegiado, y al margen la que se indica puesta por la aquí quejosa; sin embargo, tal documento, por sí mismo, carece de eficacia demostrativa plena, acorde con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 203 del código procesal civil supletorio. En consecuencia, se reitera, resulta improcedente decretar el sobreseimiento en este sumario, por encontrarse en la etapa de ejecución del fallo protector.

  3. Principal

    AVISO QUEJOSO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el escrito de demanda, la parte quejosa señaló a ********, como autorizado en términos amplios, sin haberse realizado pronunciamiento alguno; en tales condiciones, se provee: Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a *******, sin necesidad de verificar que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el segundo párrafo del referido numeral establece que ".En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización." y en el caso que nos ocupa se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por *****, autorizado en términos amplios de la quejosa, a través del cual solicita se sobresea en el presente juicio en términos de la fracción V del numeral 63 de la legislación en cita -sin especificar la causal de improcedencia que advierte actualizada-, en razón de que la actora en el sumario laboral de origen desistió de la acción intentada. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el controvertido constitucional en el que se actúa se encuentra en la etapa de cumplimiento de la ejecutoria, lo que constituye una cuestión de orden público, como se expondrá a continuación. Las sentencias al adquirir el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, constriñen indefectiblemente a las autoridades responsables a cumplirlo a partir de ese momento, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía o derecho violentado, tal y como lo prevé la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal y los diversos 77, 192 y 214 de la Ley de Amparo. Esta es la finalidad esencial que persigue el procedimiento previsto en la ley de la materia para lograr el total cumplimiento de las sentencias que en materia de amparo dictan los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual explica el principio de obligatoriedad con el que la Constitución Federal reviste a los fallos constitucionales, de fundamental importancia para la eficacia del juicio de amparo. Además, la obligatoriedad que para acatar una sentencia de amparo impone el artículo 107 de la Ley Suprema a cualquier autoridad, se funda en el principio de que el cumplimiento de una sentencia de garantías constituye una cuestión de orden público, pues ello no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para el Estado Mexicano, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también es verdad que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, obligando a su respeto a todas las autoridades del país, lo cual garantiza que exista seguridad jurídica. De igual forma, la parte final de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, así como el numeral 214 de la Ley de Amparo, impone la obligación a los juzgadores de no archivar ningún juicio sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección de la justicia federal, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Así, en el caso en concreto, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a ********, y el trece de junio del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo. Ello, pone de manifiesto que en este asunto existe una sentencia que ya causó ejecutoria en la que la impetrante obtuvo un amparo respecto de los actos reclamados y con motivo de ello, en términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 77 de la ley de la materia, fueron fijados los lineamientos que debía seguir la autoridad responsable a fin de dar total cumplimiento al fallo protector. Luego, previo requerimiento a la responsable, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo amparador; por lo que actualmente se encuentra transcurriendo el término legal concedido para ese efecto; sin que se tenga constancia fehaciente de imposibilidad jurídica alguna para la continuación de esta etapa de ejecución. Se afirma lo anterior, pues el promovente acompañó a su ocurso, una fotocopia simple que al parecer corresponde a lo actuado a las quince horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral D-2/167/2020 ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, misma que únicamente calza la firma de la secretaria de ese órgano colegiado, y al margen la que se indica puesta por la aquí quejosa; sin embargo, tal documento, por sí mismo, carece de eficacia demostrativa plena, acorde con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 203 del código procesal civil supletorio. En consecuencia, se reitera, resulta improcedente decretar el sobreseimiento en este sumario, por encontrarse en la etapa de ejecución del fallo protector.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la administradora de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós e informa lo referente a la pieza postal correspondiente al oficio 21887/2022, mismo que se dirigió al presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Puebla. En consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora, atendiendo al contenido del mismo y al anexo que adjunta a dicho oficio, donde únicamente se advierte una captura de pantalla señalando "Retorno de acuse y entrega", se hace constar que dicha pieza postal no obra en autos, por tanto, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto obre constancia del diverso oficio de veintiocho de junio de dos mil veintidós, donde se requirió el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos a la autoridad responsable.

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