MarìA Victoria Angelica Sanchez Ortega

Expediente 388/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
388/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • MarìA Victoria Angelica Sanchez Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la diligencia de ratificación del escrito practicada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que la quejosa, ratificó el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que desahoga la prevención de demanda decretada el veintitrés de noviembre de este año; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y tomando en cuenta que la parte accionante ratificó el ocurso citado, procédase a proveer en relación a dicho escrito. En ese tenor, téngase a la quejosa ****** dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, al indicar la fecha en que se emitió la orden de adjudicación directa en el juicio ordinario mercantil ****** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda y su escrito aclaratorio, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La orden de adjudicación directa del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 40/2000, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así también, cobra aplicación la tesis P. VI/2004, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en principio, es menester precisar que la accionante del amparo no se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio en estricto sentido ni por equiparación, lo anterior, se determina de esa manera en virtud de lo expresado en su propio ocurso constitucional, pues bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: "1.- En fecha 08 de julio del año 1996, el C. Licenciado Gustavo Ruiz Estringel en su calidad de apoderado de Banca Serfín, S.A. demandó en la vía ordinaria mercantil a la suscrita y a mi difunto esposo el vencimiento anticipado del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, juicio que se llevó a cabo bajo todas sus etapas procesales. 2. En fecha 14 de febrero del año 2000, se dictó la sentencia condenatoria para la suscrita y mi difunto esposo donde se nos condenó a pagar la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.) como saldo de capital vencido y por vencer importe del referido contrato de crédito." Transcrito lo anterior, se advierte que la promovente es parte demandada en el juicio natural 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procedimiento al que fue emplazada y que se desarrolló en todas sus etapas hasta el dictado de la sentencia. Luego, la quejosa, reclama la orden de adjudicación directa de tres de noviembre de dos mil veinte en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, respecto del bien inmueble embargado. De este modo, el acto reclamado anteriormente precisado, se emitió en ejecución de sentencia en el juicio ordinario mercantil 1512/1996, tal como se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en la cual la parte quejosa relata que fue condenada mediante sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil, al pago de la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.), como saldo de capital vencido y por vencer del importe del contrato de crédito. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa IV del numeral 107, éste último aplicado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, de la lectura integra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procedimiento al que fue emplazada y siguió en todas sus etapas, hasta el dictado de la sentencia el catorce de febrero de dos mil, donde se le condenó al pago de la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.). Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil veinte se dictó orden de adjudicación del bien inmueble embargado en el juicio ordinario mercantil de referencia. Bajo el contexto anterior, se colige que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia en el aludido juicio ordinario mercantil. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo a la ejecución de sentencia en la controversia mercantil, sino que por el contrario, se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, la orden de adjudicación directa del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, porque en ese acto no se ordenó en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que posea autonomía propia o que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que la resolución combatida no es ajena a la cosa juzgada, pues está directamente encaminada a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido de origen, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa y se encuentra directamente encaminada a ejecutar la sentencia-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos de la amparista -toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones cometidas en dicha resolución hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al ordenarse en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, estará en aptitud de formular las violaciones derivadas del auto intermedio que negó la entrega del inmueble materia del convenio del juicio de origen. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sin que el auto dictado en el juicio ordinario mercantil tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural no resarcibles en la resolución definitiva, para considerar que excepcionalmente procede en su contra el juicio de amparo indirecto, de conformidad con la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En razón de lo expuesto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto del acto reclamado antes precisado y de la autoridad a la que se le reclama. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la diligencia de ratificación del escrito practicada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que la quejosa, ratificó el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el uno de diciembre de dos mil veinte, por el que desahoga la prevención de demanda decretada el veintitrés de noviembre de este año; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y tomando en cuenta que la parte accionante ratificó el ocurso citado, procédase a proveer en relación a dicho escrito. En ese tenor, téngase a la quejosa ****** dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, al indicar la fecha en que se emitió la orden de adjudicación directa en el juicio ordinario mercantil ****** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda y su escrito aclaratorio, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La orden de adjudicación directa del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 40/2000, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así también, cobra aplicación la tesis P. VI/2004, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en principio, es menester precisar que la accionante del amparo no se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio en estricto sentido ni por equiparación, lo anterior, se determina de esa manera en virtud de lo expresado en su propio ocurso constitucional, pues bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: "1.- En fecha 08 de julio del año 1996, el C. Licenciado Gustavo Ruiz Estringel en su calidad de apoderado de Banca Serfín, S.A. demandó en la vía ordinaria mercantil a la suscrita y a mi difunto esposo el vencimiento anticipado del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, juicio que se llevó a cabo bajo todas sus etapas procesales. 2. En fecha 14 de febrero del año 2000, se dictó la sentencia condenatoria para la suscrita y mi difunto esposo donde se nos condenó a pagar la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.) como saldo de capital vencido y por vencer importe del referido contrato de crédito." Transcrito lo anterior, se advierte que la promovente es parte demandada en el juicio natural 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procedimiento al que fue emplazada y que se desarrolló en todas sus etapas hasta el dictado de la sentencia. Luego, la quejosa, reclama la orden de adjudicación directa de tres de noviembre de dos mil veinte en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, respecto del bien inmueble embargado. De este modo, el acto reclamado anteriormente precisado, se emitió en ejecución de sentencia en el juicio ordinario mercantil 1512/1996, tal como se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en la cual la parte quejosa relata que fue condenada mediante sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil, al pago de la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.), como saldo de capital vencido y por vencer del importe del contrato de crédito. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa IV del numeral 107, éste último aplicado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, de la lectura integra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, procedimiento al que fue emplazada y siguió en todas sus etapas, hasta el dictado de la sentencia el catorce de febrero de dos mil, donde se le condenó al pago de la cantidad de $179,400.00 (ciento setenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100, m.n.). Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil veinte se dictó orden de adjudicación del bien inmueble embargado en el juicio ordinario mercantil de referencia. Bajo el contexto anterior, se colige que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia en el aludido juicio ordinario mercantil. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo a la ejecución de sentencia en la controversia mercantil, sino que por el contrario, se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, la orden de adjudicación directa del bien inmueble embargado en los autos del juicio ordinario mercantil 1512/1996, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, porque en ese acto no se ordenó en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que posea autonomía propia o que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que la resolución combatida no es ajena a la cosa juzgada, pues está directamente encaminada a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido de origen, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa y se encuentra directamente encaminada a ejecutar la sentencia-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos de la amparista -toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones cometidas en dicha resolución hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al ordenarse en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, estará en aptitud de formular las violaciones derivadas del auto intermedio que negó la entrega del inmueble materia del convenio del juicio de origen. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sin que el auto dictado en el juicio ordinario mercantil tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural no resarcibles en la resolución definitiva, para considerar que excepcionalmente procede en su contra el juicio de amparo indirecto, de conformidad con la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En razón de lo expuesto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto del acto reclamado antes precisado y de la autoridad a la que se le reclama. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Visto; el escrito signado por María Victoria Angélica Sánchez Ortega, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, agréguese a los autos para que surta su efecto legal correspondiente; y en atención a su contenido se provee: Toda vez que la firma que lo calza difiere notoria y ostensiblemente con la estampada en la demanda, requiérase a la promovente para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en el local de este Juzgado de Distrito, con documento idóneo que la identifique y bajo protesta de decir verdad, en caso de que así lo sea, reconozca como suya la firma que calza el escrito de referencia, apercibida que en caso de no cumplir, se tendrá por no presentado el citado ocurso. Y, para tal efecto, en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que genere la cita respectiva en el programa "Agenda OJ" para que la promovente esté en condiciones de presentarse en las instalaciones de este órgano de control constitucional a la práctica de la diligencia de ratificación de mérito; la que deberá ser entregada a la promovente a través del fedatario público adscrito en el momento de la notificación del presente proveído.

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