María Teresa Cantú Nava

Expediente 122/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
122/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • María Teresa Cantú Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que la quejosa omitió desahogar la vista que previamente le fue concedida. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, debe precisarse que: Mediante sentencia pronunciada en audiencia constitucional de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Teresa Cantú Nava, en los términos y para los efectos siguientes: "Por tanto, sin prejuzgar sobre la legalidad de ese acuerdo de cierre de instrucción, de conformidad con ese precepto legal que citó la Junta de trabajo en el acuerdo de referencia, es claro que debió emitir el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes a ese cierre de instrucción, esto es, dos de enero del presente año (tomando en cuenta sábados, domingos y el período vacacional de las Juntas Federales comprendido del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve). No obstante, a la fecha en la que se emite sentencia, es decir, aproximadamente once meses después, aún no se dicta esa resolución, pues no se cuenta con prueba fehaciente de que así haya sido. En ese sentido, al ser notorio que la autoridad responsable ha excedido el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo de diez días en el que debió pronunciarse la resolución de mérito, que estableció el Máximo Tribunal del país, sin que así haya acontecido, es dable concluir que existe una abierta dilación que se traduce en una auténtica paralización del procedimiento de origen, violentándose con ello en contra de la quejosa su derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, salvaguardado en los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de violación analizados, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de inmediato adopte las medidas necesarias para que continúe la prosecución del juicio laboral conforme a los términos legales establecidos y proceda a dictar el laudo que en derecho corresponda en el juicio laboral 587/2017/44 de su índice". En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se declaró que la sentencia reclamada causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por las partes. En consecuencia, en el mismo auto este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para que dentro del término de tres días, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró en acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la sentencia amparadora, mediante oficio 413, de dos de febrero de dos mil veintiuno, presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado el día cuatro del mismo mes y año, la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, informó que el juicio laboral con número de expediente JE.44-587/2017 fue resuelto el dos de febrero del presente año, puesto que después de su discusión se dictó el laudo correspondiente; asimismo, acompañó copia certificada del acta de discusión y votación, así como de la resolución dictada. En auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el mencionado oficio número 413 de la autoridad responsable y se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, dado que la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, adoptó las medidas necesarias para continuar con la prosecución y el dictado del laudo en el juicio laboral JE.44-587/2017 de su índice. Todo lo cual pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA AL TERCERO INTERESADO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que la quejosa omitió desahogar la vista que previamente le fue concedida. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, debe precisarse que: Mediante sentencia pronunciada en audiencia constitucional de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Teresa Cantú Nava, en los términos y para los efectos siguientes: "Por tanto, sin prejuzgar sobre la legalidad de ese acuerdo de cierre de instrucción, de conformidad con ese precepto legal que citó la Junta de trabajo en el acuerdo de referencia, es claro que debió emitir el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes a ese cierre de instrucción, esto es, dos de enero del presente año (tomando en cuenta sábados, domingos y el período vacacional de las Juntas Federales comprendido del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve). No obstante, a la fecha en la que se emite sentencia, es decir, aproximadamente once meses después, aún no se dicta esa resolución, pues no se cuenta con prueba fehaciente de que así haya sido. En ese sentido, al ser notorio que la autoridad responsable ha excedido el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo de diez días en el que debió pronunciarse la resolución de mérito, que estableció el Máximo Tribunal del país, sin que así haya acontecido, es dable concluir que existe una abierta dilación que se traduce en una auténtica paralización del procedimiento de origen, violentándose con ello en contra de la quejosa su derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, salvaguardado en los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de violación analizados, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de inmediato adopte las medidas necesarias para que continúe la prosecución del juicio laboral conforme a los términos legales establecidos y proceda a dictar el laudo que en derecho corresponda en el juicio laboral 587/2017/44 de su índice". En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se declaró que la sentencia reclamada causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por las partes. En consecuencia, en el mismo auto este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para que dentro del término de tres días, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró en acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la sentencia amparadora, mediante oficio 413, de dos de febrero de dos mil veintiuno, presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado el día cuatro del mismo mes y año, la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, informó que el juicio laboral con número de expediente JE.44-587/2017 fue resuelto el dos de febrero del presente año, puesto que después de su discusión se dictó el laudo correspondiente; asimismo, acompañó copia certificada del acta de discusión y votación, así como de la resolución dictada. En auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el mencionado oficio número 413 de la autoridad responsable y se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, dado que la Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, adoptó las medidas necesarias para continuar con la prosecución y el dictado del laudo en el juicio laboral JE.44-587/2017 de su índice. Todo lo cual pone de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese la diligencia remitida por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, que hace referencia al exhorto 188/2020 orden 248/2020 de su índice, que se envió en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para que dicha autoridad notificara de manera personal a la parte quejosa María Teresa Cantú Nava, el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; en virtud de que el quince de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la comunicación oficial correspondiente, sin que haya lugar a remitir el acuse respectivo, toda vez que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

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