María Teresa Rosalía Furlong Torres
Expediente 41/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2017
Partes del expediente
- María Teresa Rosalía Furlong Torres
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, por medio del cual informa la gestione que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por María Teresa Rosalía Furlong Torres, contra actos del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 41/2017; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En primer término, cabe señalar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que María Teresa Rosalía Furlong Torres, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente, los siguientes: a).- La aprobación del artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. b).- El aumento desproporcionado en las tarifas de gasolina derivado de la entrada en vigor del artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Del mismo modo, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no causan perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. En relación con la aludida hipótesis, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Lo anterior, permite determinar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés. En ese sentido el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tema del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en el incremento en el precio de los Hidrocarburos, Gasolina, Diesel y Gas a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, afectando su economía. Sin embargo, la solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues aduce que tiene interés jurídico en impugnar dichos actos reclamados, esto es, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de garantías. En efecto, la peticionaria de amparo aduce como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, le corresponde como ciudadana del país; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de garantías, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de garantías le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito inicial de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia un interés legítimo, es en el hecho de que el quejoso aduce tener un interés que de facto transgrede el orden jurídico y permite la afectación de la esfera jurídica de los gobernados, sin que en ninguno de los apartados que conforma la referida demanda, el quejoso exprese que como consecuencia del acto reclamado resienta una afectación concreta en sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico"; tampoco refiere los beneficios reales y específicos que en su esfera jurídica pudieran obtener con la concesión del amparo que solicita, de los cuales se pudiera determinar la existencia de ese interés legítimo para accionar el juicio constitucional. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Esto es, en el acto protestado en amparo la quejosa tienen un interés simple como todo miembro de la comunidad de que la autoridad de que se trata, despliegue, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para resolver sus diferencias con el País, acto respecto del cual, cuenta con interés simple como cualquier persona interesada en que los precios de la gasolina y el diesel sean proporcionales y equitativos. Efectivamente, el derecho que aduce violado el peticionario de garantías constituye un derecho abstracto (interés en la mera legalidad), sin que con la consecución del mismo pueda obtenerse un provecho concreto en su esfera jurídica particular. En estas condiciones, se concluye que no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto, la que puede denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos, tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con ciertos requisitos legales. Consecuentemente, no puede considerase que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de garantías, aduciendo como única condición legitimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Por el contrario, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada lo cual constituye la esencia del juicio de amparo, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. De esta forma, como lo afirman diversos tratadistas, el interés legítimo no se asimila al interés simple, porque cada ciudadano no puede convertirse en vigilante de la constitucionalidad o legalidad de todos los actos sin excepción, por el simple hecho de ser miembro de la colectividad, porque para ello la ley prevé diversos y muy variados mecanismos de defensa. Se insiste, sostener una interpretación contraria llevaría al absurdo de instituir en fiscal de los actos de autoridad a toda la sociedad. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. De modo que si la pretensión de la quejosa no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto no basta para iniciar la acción constitucional. En razón de todo lo expuesto, se concluye que si la quejosa acude al juicio de garantías ostentándose como ciudadano del país, ello se traduce en un interés simple y no legítimo, resulta innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia para sobreseer en el juicio, en tanto que ningún beneficio le reportaría el que se desahogara la etapa probatoria, en tanto que no podría demostrar como sustento de su interés para accionar el juicio constitucional. Por tanto, como la quejosa solo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para defender la legalidad de los actos reclamados, es incuestionable que no es procedente el juicio de garantías en tanto que para la promoción de este medio extraordinario de defensa no basta la existencia de un interés simple sino que se requiere de un interés legítimo, el cual no se asimila en modo alguno al sustentado por el peticionario de amparo; de ahí que se considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se concluye que la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualizan las hipótesis jurídica de dichos motivos de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de garantías y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia mencionada, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata promovida por María Teresa Rosalía Furlong Torres, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Ángel Martínez Nolasco y Ana Laura Pérez Herrera, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizada en los términos restringidos que prevé el citado numeral a la diversa persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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