María Teresa Rodríguez Martínez
Expediente 1261/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2016
Partes del expediente
- María Teresa Rodríguez Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis; en tal virtud, se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio 1305-A, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada el veintidós de septiembre del año en curso, en el conflicto competencial CCA-27/2016, planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo 1254/2016-IV; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente y glósese el expedientillo formado con motivo de la remisión de los autos al citado órgano. Dése a conocer a las partes la devolución del expediente original, haciéndoles saber que en el conflicto competencial, se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara que la competencia legal para conocer de la demanda promovida por María Teresa Rodríguez Martínez, le corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, esta autoridad se avoca al conocimiento de la demanda promovida por María Teresa Rodríguez Martínez. Se desecha de plano la demanda de garantías de que se trata, en atención a que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En principio, es necesario señalar que María Teresa Rodríguez Martínez, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "1.- EL ACUERDO DCAS-2572-2015 COMO NORMA HETEROAPLlCATIVA QUE IMPONE AL QUEJOSO PAGOS Y BENEFICIOS DE LIQUIDACIÓN PENSIONARIA MENSUAL, COMO SI FUERA PERSONAL DE CONFIANZA JUBILADO A PARTIR DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2015. 2.- LA OMISIÓN DE CONSIDERAR EN LOS PAGOS Y BENEFICIOS DE LIQUIDACIÓN PENSIONARIA MENSUAL EL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS VIGENTE AL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO DIO POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRIVADA CON PETRÓLEOS MEXICANOS. 3.- LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACUERDO DCAS-2572-2015. EN LOS PAGOS Y BENEFICIOS DE LIQUIDACIÓN PENSIONARIA MENSUAL, COMO Si FUERA PERSONAL DE CONFIANZA JUBILADO A PARTIR DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2015." Esto es, reclama la aplicación del acuerdo DCAS-2572-2015 de fecha diez de septiembre del dos mil quince para calcular su pensión jubilatoria a partir del tres de noviembre de ese mismo año. Precisado lo anterior, el suscrito juez Federal advierte que de la demanda de garantías que se analiza se aprecia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, es importante destacar que, en el particular, la parte quejosa combate, la aplicación del acuerdo DCAS-2572-2015 de fecha diez de septiembre del dos mil quince para calcular su pensión jubilatoria a partir del tres de noviembre de año pasado. Ahora bien, tal determinación no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación que existe entre la promovente en su calidad de jubilada y Petróleos Mexicanos, tiene su origen en un vínculo de carácter laboral, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Luego entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues en tal caso, el peticionario tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre éste y Petróleos Mexicanos, el cual tuvo su origen en una relación obrero patronal, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades referidas como responsables no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la parte recurrente; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Teresa Rodríguez Martínez. En atención que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Ambrosio Molina Vázquez, David Arturo Molina Rodas, Juan Antonio Téllez Ramírez y Maribel Hernández Morales, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Alejandro Zamudio Morales, quien junto con la diversa persona que señala, se les autoriza en los términos restringidos que prevé el citado numeral por no encontrarse en el supuesto anterior. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y atento a su contenido téngase a la autoridad oficiante informando a este Juzgado que se avocó al conocimiento del conflicto competencial que le fue planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México relativo a los autos del juicio de amparo 1254/2016-IV, de su estadística, ya que este juzgado en diverso acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis no aceptó la competencia que le fue planteada por dicho juzgado federal, por lo que ordenó devolver dicho expediente. De igual manera, en acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciséis el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México indicó que insistía declinar la competencia planteada y ordenó turnar los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que resolviera el conflicto competencial planteado, y en esta fecha se tiene a la Superioridad informando que se avocó al conocimiento del conflicto competencial de referencia, de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se remitió el juicio de amparo 1261/2016-II de la estadística de este juzgado, e informa que insiste en la incompetencia planteada y por consiguiente ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo 1254/2016-IV de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la tramitación del conflicto competencial planteado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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